Opinion por Pedro P. Yermenos Forastieri 

Se ha llegado a acciones abusivas como remoción de representantes del Ministerio Público mediante mecanismos irregulares porque resultaban incómodos en sus posiciones; uso de métodos ilegales como espionaje para desprestigiar reputaciones bien ganadas de jueces expulsados del sistema judicial sin causas justificadas; colocación en organismos decisivos para el combate de la corrupción de compañeritos incondicionales al poder político partidario

En la medida en que el PLD ha consolidado su predominio sobre instancias públicas y captado adhesiones de importantes estamentos privados, de igual manera su ejercicio del poder ha bordeado límites insospechados a partir de expectativas generadas en la población en aquellos olvidados años previos a su arribo al Palacio Nacional, cuando ofrecía garantías de que completaría la obra inconclusa de los Padres fundadores y de que, tomadas las riendas del Estado, ningún peledeísta se enriquecería con fondos del patrimonio nacional.

Las manifestaciones de tales límites se han incrementado con el transcurrir de sus gobiernos, asumiendo expresiones que, en principio, resultaban de beneficio casi exclusivo para su alta dirigencia, pero no afectaban de forma grosera nuestra estructura institucional.

De la anterior manera se produjeron los acontecimientos en su primera gestión, cuando gobernó con congreso adverso con las consecuencias que en una nación como ésta se derivan de lo que debiera ser un maduro juego democrático, de pesos y contrapesos racionales en favor de las mayorías.

Superado ese obstáculo, lograda prevalencia en el Poder Legislativo desde 2004, los límites alcanzaron repercusiones de mayor gravedad, que deterioraban hasta extremos riesgosos, la de por sí precaria institucionalidad. De esa forma se inició un proceso de hegemonización del poder, con inocultable vocación de dominio sobre los poderes públicos y control sin fisuras de órganos trascendentes para un funcionamiento óptimo del sistema democrático como altas cortes, entidades fiscalizadoras del manejo del erario y las de procesos electorales.

Así las cosas, se ha llegado a acciones abusivas como remoción de representantes del Ministerio Público mediante mecanismos irregulares porque resultaban incómodos en sus posiciones; uso de métodos ilegales como espionaje para desprestigiar reputaciones bien ganadas de jueces expulsados del sistema judicial sin causas justificadas; colocación en organismos decisivos para el combate de la corrupción de compañeritos incondicionales al poder político partidario; artimañas para para preservar el voto de arrastre por encima de indubitables preceptos constitucionales; aprestos para modificar la Carta Magna recurriendo a los mismos procederes corrompidos de siempre y amenazas con interpelar a magistrados por dictar sentencias que estropean planes continuistas, cuando lo procedente es recurrir tales decisiones.

Es en ese contexto que ha surgido el concepto de dictadura que algunos rechazan por no manifestarse de idénticas formas que en la satrapía trujillista. No discutamos por una palabra. Pero ¿puede alguien negar que dichas acciones constituyen límites insospechados, traducidos en cortapisas a la democracia que necesitamos?

Fuente El Nacional


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