La guerra con Irán comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques aéreos masivos de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares y estratégicos en territorio iraní.
Como resultado, fueron destruidas instalaciones clave de las Fuerzas Armadas iraníes y murieron el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios altos representantes de la dirigencia política y militar. Poco después, su hijo, Mojtaba Jamenei, fue nombrado nuevo líder supremo y asumió el liderazgo del país.
Irán respondió con ataques de gran escala mediante misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses y otros objetivos en la región, además de cerrar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión geopolítica. Aproximadamente el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo transita por este paso marítimo entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Recién el 8 de abril de 2026 entró en vigor un frágil alto el fuego que logró contener temporalmente los combates, aunque las violaciones al acuerdo continúan produciéndose casi a diario.
"No observo cambios estructurales en la República Islámica durante los últimos 100 días", comenta a DW el experto en Irán Mohammad Ghaedi, politólogo de la George Washington University y especializado en política y relaciones internacionales de Oriente Medio.
A su juicio, si bien algunas figuras de liderazgo fueron reemplazadas, las instituciones fundamentales y las estructuras de poder permanecen intactas. "Antes de la guerra existían profundas tensiones dentro de la dirigencia política. La guerra contribuyó a superar parte de esas diferencias dentro de la élite y, en cierta medida, también redujo la distancia entre el Estado y una parte de la sociedad".
Al mismo tiempo, el politólogo advierte que no debe interpretarse la estabilidad actual como una señal de consolidación duradera. La República Islámica sigue enfrentando importantes desafíos. "Continúa lidiando con una crisis de legitimidad, de eficiencia y de distribución", sostiene Ghaedi.
Por el momento, el país vive una especie de estado de excepción. Desde hace más de tres meses, simpatizantes de la República Islámica se reúnen en ciudades grandes y pequeñas, así como en pueblos de todo el país, para expresar su apoyo al sistema político y a las nuevas autoridades.
Los medios estatales describen estas actividades como "reuniones espontáneas" destinadas a demostrar la unidad, la capacidad de resistencia y la determinación de la nación iraní frente a amenazas externas e intentos de injerencia extranjera.
"Antes de las once de la noche es casi imposible pensar en dormir. Hay mucho ruido afuera y resulta muy molesto", cuenta una mujer de 36 años que vive en el centro de Teherán. Ella misma no participa en estas manifestaciones.
"También percibo mucha rabia entre las personas de mi entorno", relata a DW una activista por los derechos de las mujeres de 42 años, que también reside en Teherán. Según explica, estas concentraciones diarias buscan demostrar que, tras las protestas nacionales de enero, la República Islámica ha recuperado el control de las calles.
"Muchas personas siguen indignadas por la brutal represión de las protestas que se extendieron por todo el país en enero. Casi todo el mundo conoce a alguien que fue asesinado, herido o detenido. Al mismo tiempo, la guerra y los bombardeos las han dejado paralizadas. Casi nadie cree ya en un cambio positivo".
Durante la guerra, muchas personas descontentas con el sistema político vieron una vía rápida y aparentemente sencilla hacia un cambio de régimen. Mientras las fuerzas de seguridad mataban a miles de ellas, el presidente estadounidense, Donald Trump, prometía que la ayuda estaba en camino. Las ciudades iraníes densamente pobladas eran bombardeadas varias veces al día.
Además de objetivos militares, los ataques alcanzaron importantes instalaciones industriales, entre ellas plantas siderúrgicas y petroquímicas. La paralización de la producción en estos complejos desencadenó una reacción en cadena que obligó a decenas de empresas a suspender también sus actividades.
Decenas de miles de puestos de trabajo se han perdido y cientos de miles de personas más temen por su sustento.
Al mismo tiempo, la inflación ha superado el 50 por ciento, afectando gravemente el poder adquisitivo de la población. Con un salario mínimo equivalente a poco menos de 87 dólares mensuales, muchas personas apenas pueden costear servicios básicos.
La situación de seguridad también se ha deteriorado bajo la sombra de la guerra. Según la organización de derechos humanos Amnesty International, más de 6.000 personas han sido detenidas hasta finales de mayo. Entre ellas habría manifestantes, periodistas, abogados, disidentes y miembros de minorías étnicas. En el mismo período también fueron ejecutadas 39 sentencias de muerte por motivos políticos.
Fuente: Deutsche Welle
