Por Antonio Almonte
Fiel a una cuestionable tradición, la cúpula del partido morado ha puesto en marcha una desordenada estrategia para controlar las instancias y decisiones claves sobre las elecciones del 2020.
No sería la primera vez. En las elecciones del 2016 y el 2012, por ejemplo, el PLD tenía control absoluto de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral; además, había bloqueado reiteradamente la aprobación de la nueva ley de régimen electoral y la ley de partidos y movimientos políticos, lo que significa que en esa materia estábamos como “chivos sin ley”. Frente al vacío legal y normativo, la fuerza y el dinero siempre trataran de imponerse.
Por otro lado, más del 90% de las juntas electorales en los municipios estaban mayoritariamente integradas y dirigidas por militantes del PLD, y los departamentos técnicos, operativos y de logística de la propia JCE los habían convertido en bastiones de técnicos y profesionales simpatizantes y activistas del PLD.
En otras palabras, en la práctica, era el mismo PLD, solito, el que organizaba las votaciones, contaba los votos (los suyos y los de los partidos contrarios) y los certificaba.
El caso de Pedernales en las elecciones municipales y congresuales del 2010 fue patético: los cinco jueces de la Cámara Contenciosa de la JCE habían ordenado el recuento y verificación de los votos del Colegio 0009, en Oviedo, Pedernales, el 15 de junio de ese año, mediante el Auto A1005-2010, pero, días después, dicha cámara hubo de retractarse debido a la advertencia publica hecha por Reinaldo Pared Pérez en el sentido de que pese a las evidentes alteraciones de los datos inicialmente aceptados, los jueces de la JCE no podían variar la sentencia que declaraba ganador al senador del PLD en Pedernales por 14 votos de diferencia. El doctor Eddy Olivares, miembro de la JCE de la época, explico recientemente a la prensa de la siguiente manera lo sucedido en aquella ocasión:
“En las elecciones del 2010 cuando la Cámara Contenciosa ordenó a unanimidad abrir la valija que contenía las actas que daban al PRD la senaduría de Pedernales, Reinaldo Pared Pérez amenazó a los jueces. Tres cambiaron su decisión. Aura Fernández y yo desafiamos su autoritarismo”, dijo Olivares.
Ese autoritarismo electoral del PLD se completa siempre en los territorios, el día de las votaciones, mediante una miríada de tarantines, “oficinas” y residencias ubicadas próximas a los centros de votación con la misión aparente de orientar compañeros, pero en realidad se dedican a la compra impune de cédulas en la misma cara de las autoridades civiles (JCE), policías y militares.
¿Alguien quiere más autoritarismo que el descomunal gasto de campaña electoral que realiza el PLD por radio, televisión y periódicos? O cuando dispone que los jefes de campanas provinciales sean los ministros de Gobierno con toda su logística.
Ahora, la cúpula morada, consciente de sus dificultades, quiere imponerle a la JCE que viole la Constitución y la ley electoral (ley15-19) para que permita el arrastre de los senadores.
La JCE, tenida por amplios sectores como depositaria de valores y entereza democráticos suficientes, tiene en su mesa la primera gran prueba a su credibilidad frente a los ciudadanos.
El PRM, la oposición en general y gran parte de la sociedad no aceptarían que la propia JCE se convierta en la fuente primera de ilegitimidad y fraude de las próximas elecciones.
Se espera que el arrastre no sea aceptado y que en el 2020 las cosas sean distintas a casos anteriores, porque, de lo contrario, habrá lucha…, mucha lucha.
Sobre el autor .- Antonio ALmonte.-Actual Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del PRM. Graduado en física y en ingeniería nuclear (Madrid y Londres).
