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Opinión por Tirso Mejía Ricart

Todos debemos unirnos para que se respete al ciudadano común, a las jóvenes generaciones y a los sectores marginados de la sociedad dominicana, que tanto requieren de nuevas orientaciones, para que haya un gobierno decente, honesto y laborioso, con igualdad interregional y un desarrollo de la producción sin exclusiones, para beneficio de todos los dominicanos.

La Ley 18-33 de Partidos, Movimientos y Organizaciones Políticas, pese a sus inconsistencias, establece elecciones primarias para elegir todas las candidaturas en los ocho niveles, y como tal la han aprobado los dos partidos mayoritarios.

Hay dos conclusiones lógicas de esa decisión: el voto tiene que ser automático, porque es imposible hacerlo más de 20 mil precandidatos simultáneamente; y queda eliminado el llamado voto preferencial porque el número de votos en esos comicios debe determinar su posición en las boletas de las elecciones generales, las que por tanto deben ser cerradas y bloqueadas, respetando los puestos reservados para dirigentes y aliados de esas entidades políticas, porque de lo contrario equivaldría a negar la esencia democrática de su figura y la haría totalmente contraria a su espíritu, para ser una parodia al servicio del continuismo de los presidentes y otros funcionarios ya establecidos.


Me explico, si las primarias no sirven para definir y asegurar que los más votados sean colocados en las boletas en posiciones ganadoras, a excepción de las reservas, éstas no sirven sino para pretender justificar el continuismo a todos los niveles, con su secuela de corrupción, clientelismo y desconexión con los intereses de la población.


A ese propósito, no fue por casualidad que después de una reforma constitucional como la del 2010 que a pesar de ser casi totalmente diferente a la anterior, se disfrazó para que pasara sin una Constituyente, que creó un Tribunal Constitucional al margen de la Suprema Corte de Justicia y estableció además un Tribunal Superior Electoral para el que sí se aprobó una ley que lo habilitara, justo para entregarle el PRD al PLD como aliado menor por liquidador de esa entidad política mediante 37 sentencias consecutivas.


Si no se elimina el llamado voto preferencial, estaremos ante una mascarada de elecciones al servicio de la llamada “Ley de Hierro de la Oligarquía”, en virtud de la cual los que controlan el poder crean los mecanismos para mantenerse en este sin el mayor contacto efectivo con los ciudadanos comunes y sus intereses, fruto de la utilización y la hiper centralización del Estado. Ya en el año 2010 siete diputaciones debieron haberse traspasado a la provincia de Santo Domingo y si hay Censo Nacional en el 2020 para cuatrienio que comenzará en el 2024 tendría que haber por lo menos 12 más, con el interior del país generando a la vez mayor atraso y desolación.


La permanencia del voto preferencial es negación de unas primarias bien entendidas, y es una conspiración de los continuistas, que solo puede auspiciar el clientelismo, la corrupción, la impunidad y sus miserias, con sus secuelas de violencia y subdesarrollo y para gran parte del pueblo dominicano.


Todos debemos unirnos para que se respete al ciudadano común, a las jóvenes generaciones y a los sectores marginados de la sociedad dominicana, que tanto requieren de nuevas orientaciones, para que haya un gobierno decente, honesto y laborioso, con igualdad interregional y un desarrollo de la producción sin exclusiones, para beneficio de todos los dominicanos.