Por Alicia Ortega

Veintinueve senadores siguen aferrados al barrilito, a pesar del pronunciado aspecto odioso de este fondo que se nutre de recursos del Estado para supuesta ayuda social, pero que termina siendo un privilegio excepcional.

En no pocas ocasiones ha sido empleado para fines ajenos a los pretendidos propósitos de asistencia humanitaria, como se ha detallado en varios trabajos de investigación presentados en el programa El Informe.

Las quejas por el barrilito no son nuevas, pero recientemente han adquirido mayor fuerza y amplitud, mostrando la irritación de diferentes sectores de la sociedad que abogan por que se le ponga término, si de verdad vamos a dejar los terrenos tortuosos para transitar por la vía de la transparencia.

¿Cómo es posible que en un país donde hay tantas carencias, servicios básicos todavía deficientes o desatendidos, y en medio de la crisis económica provocada por la pandemia, se pretenda gastar nada menos que unos 250 millones de pesos anuales en el tristemente célebre barrilito?

Ni siquiera la renuncia al barrilito que hizo la senadora Faride Raful y su criticada reconsideración por la utilización que proyectaba darle, luego de recibir una avalancha de cuestionamientos, ha llevado a sus colegas a seguirla en ese gesto de sensibilidad y apertura hacia un tema que por su naturaleza debería ser definitivamente superado.

En lugar de esto, algunos senadores han tenido la osadía, o más bien el descaro de salir en defensa de esas partidas, haciendo a las mismas una especie de apología, como si esto fuera posible con una especie de bochorno u ofensa al país y sus instituciones.

 Mientras en la Cámara de Diputados algunos legisladores anuncian su renuncia a otros privilegios, todo parece indicar que el proyecto de Faride para eliminar definitivamente el barrilito que estará condenado a morir el sueño eterno.

Qué decepción para quienes aspiran a un país mejor y más justo.

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