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“El Congreso Nacional se encuentra con una nueva oportunidad de sobreponerse a las presiones de quienes desean perpetuar un régimen de privilegios que es ilegal, que viola la razonabilidad de sus actos y lastima la confianza social en el Primer Poder del Estado” Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus)

FINJUS exige al Congreso corregir partidas en presupuesto 2021; dice “distorsionan” labor legislativa y crean privilegios

 La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) exhortó a los legisladores a corregir dentro del presupuesto nacional 2021 las partidas que distorsionan la labor legislativa y que a su juicio, es un manifiesto de “las gravísimas distorsiones” que arrastra el modelo político en materia de la correcta planificación, gestión y control de los recursos públicos.

SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) exhortó este martes al Congreso corregir las partidas en el proyecto del presupuesto de la nación de 2021, puesto que, a su entender, “distorsionan” la labor legislativa y crean privilegios.

El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, en un comunicado, sostuvo que el envío al Congreso del Proyecto de Presupuesto General del Estado del 2021 “ha puesto de relieve las gravísimas distorsiones que arrastra nuestro modelo político en materia de la correcta planificación, gestión y control de los recursos públicos”.

“Pese a que desde hace años diferentes instituciones internacionales y locales ha identificado un conjunto de prácticas históricas que sustentan el clientelismo, el despilfarro, la falta de transparencia y la impunidad, la sociedad dominicana está mostrando su preocupación ante la reiteración de esos errores en el Proyecto de Presupuesto del 2021”, sostuvo.

Exhorta corregir

 La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) exhortó a los legisladores a corregir dentro del presupuesto nacional 2021 las partidas que distorsionan la labor legislativa y que a su juicio, es un manifiesto de “las gravísimas distorsiones” que arrastra el modelo político en materia de la correcta planificación, gestión y control de los recursos públicos.

En un comunicado de prensa, Finjus señaló lo “urgente” que es que el Congreso Nacional revise y corrija las partidas consignadas en el proyecto de presupuesto bajo la denominación de “Administración de Contribuciones Especiales”. “Se ha establecido que las partidas presupuestarias que en los últimos años se han disfrazado como “asistencia social” en realidad se han convertido en un instrumento que desvirtúa la función constitucional de los legisladores”.

Valora Legisladores renuncien a privilegios

Taveras Guzmán Senador Santo Domingo, renunció a privilegios del Congreso Nacional

En el marco de la situación sanitaria, social y económica que prevalece por efecto de la pandemia, Finjus dice que aplaude el gesto de algunos legisladores de renunciar voluntariamente a dichos privilegios.

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Contraproducente

“Por esto resultaría contraproducente que desde el Congreso se respaldara una medida de esta naturaleza, destinando recursos del Estado para acciones que desnaturalizan sus funciones esenciales de representación, legislación y fiscalización”.

“Administración de Contribuciones Especiales”

Para FINJUS, resulta urgente que el Congreso revise y corrija las partidas consignadas en el Proyecto de Presupuesto bajo la denominación de “Administración de Contribuciones Especiales”, ya que a todas luces parecen responder a las prácticas que hemos señalado.

“Se ha establecido que las partidas presupuestarias que en los últimos años se han disfrazado como “asistencia social” en realidad se han convertido en un instrumento que desvirtúa la función constitucional de los legisladores”, indicó.

Dilapidación de miles de millones de pesos

Bajo el pretexto de asistir a las comunidades en tareas de salud, reparación de viviendas, ayuda por defunciones y otras formas de encubrimiento, en el Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados se han dilapidado miles de millones de pesos en los llamados Barrilitos, Cofrecitos, dietas, exoneraciones de dos vehículos, aportes para contribuir a festividades populares, etc.

Conceptos deben ser superados

Resulta preocupante que, tanto en las partidas del Senado de la República como en las de la Cámara de Diputados, reaparezcan estos conceptos sobre los cuales se esperaba una superación de los mismos y que constituyó una importante promesa electoral de candidatos y agrupaciones políticas.

En el marco de la situación sanitaria, social y económica que prevalece por efecto de la pandemia, “aplaudimos el gesto de algunos legisladores de renunciar voluntariamente a dichos privilegios”.

Inaceptable: Acciones que desnaturalizan funciones

“Por esto resultaría contraproducente que desde el Congreso se respaldara una medida de esta naturaleza, destinando recursos del Estado para acciones que desnaturalizan sus funciones esenciales de representación, legislación y fiscalización”, manifestó

“Consideramos inaceptable la práctica de incluir nuevas figuras impositivas que vulneran el orden jurídico y lesionan la institucionalidad democrática, generando riesgos innecesarios para la seguridad jurídica del país y el clima de inversiones. Agravado lo anterior por el hecho de que no ha existido previamente ninguna iniciativa para propiciar un amplio consenso nacional o un diálogo formal previo”, señala el comunicado.

Como hemos reiterado en otras ocasiones, la República Dominicana debe abocarse a explorar, identificar, definir y aprobar soluciones viables que permitan superar los retos que ha generado la pandémica. Sin embargo, debemos estar alertas ante medidas, sugerencias, o recetas que conducen a una desnaturalización de las instituciones del Estado o las funciones públicas”, indicó.

Sobreponerse a presiones

“El Congreso Nacional se encuentra con una nueva oportunidad de sobreponerse a las presiones de quienes desean perpetuar un régimen de privilegios que es ilegal, que viola la razonabilidad de sus actos y lastima la confianza social en el Primer Poder del Estado”, expone el comunicado.

Finjus critica se asignen montos inferiores establecidos por ley a instituciones

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que la Ley de Presupuesto General del Estado debe ajustarse a los mandatos normativos de determinadas instituciones públicas para fortalecer el Estado social y democrático de derecho.

“Es bien sabido que el Presupuesto General del Estado es el principal instrumento de planificación de la nación, lo cual conlleva grandes responsabilidades para quienes deben adoptar decisiones sobre programas y políticas públicas”, señaló en un comunicado Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus.

Preocupante

Dijo que es preocupante que en el actual proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2021 las partidas consignadas para ciertos órganos e instituciones estatales registran montos inferiores a los que les corresponden de acuerdo a leyes especiales vigentes.

En términos concretos, el artículo 42 del actual proyecto autoriza al Poder Ejecutivo de manera excepcional a apropiar un monto inferior de lo establecido por ley a entidades como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas, por citar solo algunos de los casos más destacados.

Se puede interpretar de esta propuesta consignada en el Presupuesto General que se pretende reeditar una práctica que ha sido expresamente señalada por la ciudadanía como contraria al compromiso de las autoridades con la superación de las ineficiencias e ineficacias en órganos claves del Estado que persisten desde hace décadas”, apuntó.

Un clamor social

Manifestó que es un clamor social permanente que esas instituciones o entidades públicas gocen de sostenibilidad y autonomía para que cumplan con los mandatos que la Constitución y las leyes les ordenan.

“Cada año Finjus ha exhortado al Congreso Nacional a que la aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado se adecúe al fortalecimiento de la independencia presupuestaria de los entes públicos, evitando las prácticas que crean distorsiones de carácter político o económico, que a fin de cuentas afectarían la seguridad jurídica del país”, recordó.

Detalló que el actual proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2021 pretende mantener las debilidades que han presentado estas instituciones, donde diversos indicadores de eficiencia dependen en gran medida de la asignación presupuestaria que fueron adoptadas legítimamente y luego de ser cuidadosamente ponderadas e incorporadas en el ordenamiento jurídico dominicano.

“Confiamos en que la discusión que se llevará a cabo en el Congreso Nacional, permitirá a los legisladores invitar al Poder Ejecutivo a corregir la asignación de un monto inferior al establecido por ley a los referidos órganos”, expresó.

Proyecto debe revisarse

Reiteró que el proyecto debe ser revisado y ajustado al principio de legalidad, evitando las distorsiones y viejas prácticas que han lesionado el desarrollo y autonomía de órganos claves del régimen democrático.

En el Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados se han dilapidado miles de millones de pesos en los llamados Barrilitos, Cofrecitos, dietas, exoneraciones de dos vehículos, aportes para contribuir a festividades populares, etc.

“Aplaudimos el gesto de algunos legisladores de renunciar voluntariamente a dichos privilegios”. Vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán


Fuentes: AcentoEl Nuevo Diario

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