Siete meses después de la captura y extracción de Nicolás Maduro, el proceso de transición democrática tutelado por Washington en Venezuela da un giro y comienza a adquirir una estructura institucional más definida.
Con el inicio, el 6 de agosto en el Centro de Convenciones de La Carlota en Caracas, del proceso formal de conversaciones entre representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, se puso en marcha el mecanismo operativo diseñado por la Casa Blanca para avanzar en la tercera fase de su plan para el cambio político en Venezuela, con el objetivo específico de alcanzar la reconciliación política y la transición hacia las elecciones democráticas.
Hasta ahora, Washington había encauzado las dos primeras fases de su estrategia —estabilización y recuperación económica— mediante conversaciones directas entre representantes de la Administración Trump y el interinato de Delcy Rodríguez. Se trataba de un esquema esencialmente bilateral, que excluía a la oposición democrática y que ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, dentro y fuera de Venezuela, por su opacidad, discrecionalidad y por la falta de legitimidad política del gobierno interino.
Aunque el nuevo mecanismo permite avanzar en la transición de forma más institucionalizada y representativa, esto no parece implicar que se puedan acortar los plazos previstos en el plan de Washington, en particular en lo que respecta al momento de las elecciones presidenciales —el objetivo más demandado por buena parte de la sociedad venezolana—. La cuestión central es que el ritmo real del proceso sigue muy atado a los intereses de la Casa Blanca.
La información sobre la arquitectura y funcionamiento del mecanismo es limitada y llega casi exclusivamente a través de comunicados y declaraciones puntuales de los propios negociadores o de funcionarios de la Casa Blanca. Según estas fuentes, el proceso de conversaciones se estructura en torno a una plenaria como máxima instancia de deliberación. Esta está integrada por dos delegaciones paritarias: la del gobierno interino encabezada por Jorge Rodríguez y la de la Asamblea Nacional de 2015 encabezada por Dinorah Figuera. Cada delegación cuenta con seis miembros principales y una comisión de apoyo integrada por cuatro miembros. La plenaria constituye el espacio formal donde se adoptan las decisiones fundamentales, la agenda de temas, el cronograma y la metodología de trabajo.
El trabajo sustantivo se desarrolla en mesas técnicas paritarias organizadas en torno a los temas de la agenda. El proceso se articula en ciclos de trabajo con metas claras y verificables, y las partes se comprometen a informar oportunamente al país sobre los avances alcanzados.
La agenda inicial contempla tres temas: la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas. El primer ciclo de trabajo se extenderá hasta el 12 de agosto.
Según declaraciones de Dinorah Figuera, se prevé alcanzar avances en materia de derechos civiles y políticos para octubre; en la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia para noviembre; y en la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral para diciembre de 2026.
Aunque formalmente, según los comunicados del Departamento de Estado, estas conversaciones son un proceso "liderado por venezolanos” y respaldado por los Estados Unidos, en la práctica, las delegaciones del oficialismo y de la AN 2015 negocian dentro de un marco de prioridades, condiciones e incentivos establecidos de forma unilateral por la Administración Trump.
Este marco responde, ante todo, a los intereses geoestratégicos y económicos de Washington en Venezuela: contener la influencia de potencias extrahemisféricas, combatir el narcotráfico, controlar el flujo migratorio, asegurar el acceso a los recursos minerales y energéticos del país y preservar la estabilidad política. Sobre la base de estos intereses se diseñó el plan de tres fases para la "transición democrática institucional” en Venezuela. El proceso de conversaciones recientemente abierto forma parte de esa tercera fase, tal como lo señalan los comunicados del Departamento de Estado.
Ha sido, en consecuencia, la Casa Blanca la que ha trazado las líneas maestras del proceso de conversaciones: estableció sus objetivos, decidió quiénes lo integrarían y quiénes no, fijó el momento para iniciarlo y delimitó los asuntos sobre los cuales se puede negociar.
Dentro de este contexto, las declaraciones de Trump, Rubio y otros funcionarios de la Casa Blanca han dado a entender que, por ahora, uno de los temas que quedan fuera de los límites de estas conversaciones es la fecha de las elecciones en Venezuela. El 24 de julio, Trump volvió a descartarlas en el corto plazo al afirmar que Venezuela "todavía no está realmente preparada” para votar. En paralelo, Rubio ha mantenido una formulación deliberadamente abierta. El secretario de Estado declaró el 4 de agosto que la transición venezolana requeriría "algo de constancia y un poco de paciencia; no años, pero sí meses y semanas”, al mismo tiempo que resaltaba que la transición en Paraguay, "les llevó casi tres años y medio… estas cosas son difíciles”.
Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dejó claro ante el Senado, el 14 de julio, quién decide y de qué depende el calendario electoral venezolano: "No queremos elecciones demasiado pronto, cuando no se puedan hacer porque hay que cambiar muchas cosas; pero tampoco queremos elecciones tan lejos. La gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático”.
Todo indica que el calendario electoral en Venezuela no dependerá únicamente de la reconstrucción de las condiciones institucionales que harían posible una elección democrática. También dependerá de la evaluación que haga Washington sobre el cumplimiento de sus propios objetivos estratégicos. El plan de Estados Unidos deja claro que la Casa Blanca alberga ambiciones de largo plazo en Venezuela. En ese contexto, a Washington le resulta conveniente consolidar lo más posible su presencia institucional, económica y estratégica en el país antes de que tenga lugar la elección de un gobierno legítimo que dejaría sin justificación política cualquier forma de tutela externa.
El margen de juego del postmadurismo dentro de la cancha
El que Washington delimite la cancha no significa que controle todas las jugadas. Dentro de los límites impuestos por la Casa Blanca, las delegaciones del oficialismo y de la AN 2015 conservan márgenes de maniobra.
Todo apunta a que el postmadurismo llega a la mesa de negociación con tres objetivos: lograr el levantamiento de las sanciones internacionales, preservar en la mayor medida posible sus espacios de poder y ganar tiempo. Diosdado Cabello ha señalado en reiteradas oportunidades que el alivio de sanciones debe formar parte de cualquier acuerdo, mientras que Delcy Rodríguez ha reivindicado abiertamente la preservación del poder político de la Revolución Bolivariana. El tercer objetivo es menos explícito, aunque quedó en evidencia cuando Jorge Rodríguez intentó suspender el diálogo tras el doble terremoto: prolongar las negociaciones mientras espera que cambien las condiciones que hoy sostienen la presión de Washington.
Si bien la institucionalización del proceso de negociación aporta mayor estructura, previsibilidad y representación a la transición, no modifica un hecho fundamental: su avance sigue dependiendo en gran medida de Washington. Esa dependencia convierte a la transición venezolana en un proceso especialmente vulnerable a los cambios de la política estadounidense. Tensiones dentro de la Casa Blanca, cambios en la correlación de fuerzas en el Congreso tras las elecciones de medio término o la salida de figuras clave como Marco Rubio podrían traducirse en una revisión de las prioridades de Estados Unidos hacia Venezuela y, con ello, alterar tanto el ritmo como la orientación del proceso.
Fuente: Deutsche Welle
