Antonio Almonte Ministro de Energía y Minas
DISTINGUIDOS SEÑORES
«La firma de un pacto o acuerdo nacional para la reforma del sector eléctrico ha sido poco común, pero no extraño, en la mayoría de los países de América Latina.
En general, durante las décadas de los 80s y 90s casi todas las naciones de la región vivieron procesos de reformas en el sector eléctrico. pero las mismas se produjeron en el marco de círculos de expertos gubernamentales y las asesorías de los organismos internacionales, especialmente la banca multilateral.
Una década después varios de esos países volvieron a aplicar nuevas reformas eléctricas para corregir errores, profundizar algunos aciertos e incorporar novedades.
En la Republica Dominicana, luego de la reforma o capitalización de la CDE en el año 1999, el sector eléctrico ha experimentado importantes avances, principalmente en el subsector de generación, pero exhibe hoy graves déficits financieros y de gestión en el subsector de distribución, así como retrasos en inversiones en transmisión; limitado aprovechamiento de las fuentes renovables y una débil regulación e institucionalidad. En ese contexto, los agentes del mercado eléctrico incrementan sus reclamos para eliminar distorsiones y sobrecostos que afectan la competitividad del mercado y encarecen el servicio.
Por su lado, la experiencia ha demostrado que el sector eléctrico es, tecnológica y económicamente, sistémico; minuciosamente articulado e interdependiente entre sus componentes técnicos, y entre los propietarios y los consumidores.
Por otro lado, desde hace cierto tiempo se ha agregado de manera más intensa la preocupación social por el negativo impacto ambiental que tienen las centrales generadoras basadas en combustibles fósiles como el carbón, el fuel oíl y el propio gas natural.
Esas realidades determinan que las nuevas reformas o cambios en el sector eléctrico deban ser abordadas en casi todos sus temas, incluyendo leyes y reglamentos que fundamentan su regulación económica e institucional.
Una reforma de ese calado en un Estado democrático requiere la participación de todos los sectores, tal y como sucedió en el marco del Pacto Eléctrico convocado mediante decreto en el 2014. Representantes del sector social, de los partidos políticos, empresarios, gremios, universidades, iglesias y otros sectores participaron en los debates y propuestas y al final se lograron 112 consensos y 14 disensos.
Esos 112 consensos constituyen el documento para la firma en el día de hoy.
Los disensos serán discutidos en nuevas rondas en fecha próxima según decisión del Consejo Económico y Social (CES).
El documento que firmaremos hoy aborda con claridad los temas relativos a la sostenibilidad financiera, la crisis de gestión de las distribuidoras, así como la modificación firme y gradual del régimen tarifario y de subsidios, entre otros aspectos.
Naturalmente la propuesta ni es perfecta, ni es completa. No es fácil lograrlo en una discusión tan abierta y larga sobre un tema tan eminentemente técnico y complejo.
En tal sentido me permito recordar que en la última carta dirigida al CES por el doctor José Ignacio Paliza, presidente del PRM, se proponían doce puntos que entendía su autor podrían contribuir a completar y enriquecer el documento del pacto. Las mismas no fueron incluidas en el documento del pacto por razones no explicadas.
Esas doce propuestas abordaban temas como las auditorias regulares a las empresas distribuidoras y su publicación; auditar la ejecución de la construcción de Punta Catalina, aplicar un programa de reducción de gastos en las distribuidoras, aplicar un plan de licitaciones de nueva energía basado en una estrategia de costo mínimo y localización conveniente para la expansión del sistema, la transformación de la CDEEE y eliminación de su Consejo Directivo, reducir los tres consejos de las EDE a uno solo, institucionalizar y transparentar el modelo tarifario, y otros temas.
Varias de esas propuestas están siendo aplicadas desde agosto del 2020, como los casos de la creación de la Comisión de Liquidación de la CDEEE mediante el Decreto 342-20, la eliminación de dos de los tres consejos de las distribuidoras, la eliminación del consejo de la UERS, el lanzamiento de la licitación internacional para la auditoria del proceso de construcción de Punta Catalina, las auditorias financieras de las tres distribuidoras y la preparación para el lanzamiento en los próximos días de una licitación pública internacional para la contratación de energía y potencia por 800 MW junto a la construcción de una terminal gasífera en la Bahía de Manzanillo, Montecristi, entre otras acciones.
Para contribuir con la aplicación de la Ley 342/13 ya el Ministerio de Energía y Minas depositó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo un proyecto de modificación de la Ley 100/13 y 142/14 que posibilitará el traspaso pleno de la Comisión Nacional de Energía al MEM, tal y como consigna el Pacto Eléctrico.
Esas, entre otras razones, motivaron la disposición del Gobierno para la firma del Pacto en esta ocasión ya que los puntos solicitados o propuestos en el pasado como partido los está aplicando ahora como gobierno.
Ratificamos que nuestro compromiso en el sector eléctrico consiste en promover la transparencia y enfrentar la corrupción, fortalecer la institucionalidad del mercado y del sistema en general, lograr la sostenibilidad financiera del sector, eliminar sobrecostos y distorsiones, promover la expansión del uso de las fuentes renovables, reducir al mínimo la contaminación ambiental e introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión, distribución y comercialización.
Por su lado el presente gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se compromete a impulsar el cumplimiento de este gran acuerdo nacional en todos los aspectos.»
-Gracias
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
