Por: Antoliano Peralta Romero
El ministerio público por mandato de la ley dirige la investigación de los supuestos hechos punibles de los cuales se entere aún sea por rumor público. Debe practicar u ordenar practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho y sus responsables.
Los fiscales tienen la obligación que le impone la ley de investigar la veracidad y fundamento de todo cuanto le sea denunciado.
Por esas razones llama la atención la reacción del Procurador General de la República frente a la denuncia formulada por el lider opositor Luis Abinader, quien denunció que entorno al sistema penitenciario dominicano existe una mafia que propicia la salida de presos para que cometan asaltos.
Para sorpresa de muchos el procurador pidió al dirigente político que presente las pruebas de lo denunciado. Supongamos que un ciudadano se presente ante un fiscal o ante la policía nacional y le denuncie que en la esquina de su casa exite un expendio de drogas o que en una calle cualquiera se producen asaltos frecuentes y que frente a este hecho las autoridades que reciben la denuncia respondan pidiendole al denunciante que presente las pruebas de su denuncia para tomar alguna iniciativa.
Lógicamente que ese comportamiento delataría un absurdo que quitaria todo sentido al objeto de las denuncias.
Es al Procurador a quien corresponde abrir una investigación sobre lo denunciado y en cumplimiento de su deber legal dar respuesta adecuada al país, sobre todo si se trata de una denuncia documentada y de un asunto altamente conocido por la opinión pública y por la comunidad en general.
El señor procurador en lugar de actuar como le ordena la ley reitera su pedimento al denunciante para que ademas de la denuncia le presente las pruebas. Lo dice en serio “magistrado”?
