La Corte Penal Internacional (CPI) está bajo presión. Sanciones contra sus funcionarios, cuestionamientos a su legitimidad y llamados a abandonar la institución ponen a prueba al tribunal creado para hacer justicia ante los crímenes internacionales más graves.
En este contexto, ¿qué posición adoptará América Latina y el Caribe, donde 28 países son Estados parte de esta institución?
Surgida del Estatuto de Roma y en funcionamiento desde 2002, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente. Con sede en La Haya, juzga a personas —no a Estados— por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Este tribunal interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a investigar y juzgar esos crímenes.
"América Latina ha sido históricamente una de las regiones más comprometidas con la justicia penal internacional", señala en entrevista con DW la jurista venezolana residente en Madrid Soranib Nathali Hernández de Deffendini, especialista en derecho penal internacional, quien destaca la temprana adhesión de la mayoría de los países latinoamericanos al tratado.
"Lo que está ocurriendo con algunos países […] es un retroceso en materia de afirmación universal de estándares de respeto a los derechos fundamentales y al derecho humanitario", indica, por su parte, el abogado penalista José Ugaz, expresidente de Transparency International y actual presidente de Proética, en diálogo con este medio desde Perú. Sin embargo, considera que "aún es prematuro decir que hay un cambio a nivel regional".
El Gobierno venezolano formalizó el pasado 24 de julio su retirada de la CPI, mientras la Fiscalía de la Corte mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Para Juan Ospina, abogado colombiano, profesor de Derecho Público y experto en derecho internacional penal, se trata de una decisión "equivocada", que conduce "al debilitamiento de las garantías de las víctimas". Si los responsables de los crímenes no son juzgados dentro del país y no existe una instancia internacional a la que recurrir, quedarían sencillamente sin castigo, dice a DW desde Bogotá.
Con todo, Hernández de Deffendini, quien ha colaborado con abogados acreditados ante la CPI en la presentación de documentación sobre el caso venezolano, subraya que la decisión no implica el cierre de la investigación iniciada. "El retiro de un Estado no elimina automáticamente la competencia de la Corte sobre hechos ocurridos mientras dicho Estado era parte".
También en Colombia hay dudas sobre el futuro de la relación con la CPI. Si bien por ahora no hay una decisión oficial, medios locales informan que el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría considerando retirar al país del tribunal. Para Ospina, una eventual salida afectaría los derechos de los más de diez millones de víctimas del conflicto armado y supondría para la sociedad colombiana la pérdida de "un mecanismo externo de control".
¿Puede entonces el alejamiento de la CPI extenderse por América Latina?
Hernández de Deffendini no prevé "un efecto dominó automático", pero sí considera que existe el riesgo de que este tipo de posturas se normalicen.
Ugaz, en tanto, señala factores políticos detrás de esa tendencia: "Con el ascenso al poder de regímenes autoritarios o populistas de derecha y de izquierda, se ha propagado un discurso que, basado en un falso concepto de soberanía, cuestiona la aceptación de sistemas de justicia supranacional".
"Es evidente que a este tipo de regímenes no les conviene contar con sistemas regionales o globales que puedan mediar en conflictos internos cuando los sistemas de administración de justicia locales no pueden o no lo quieren hacer", explica el abogado peruano.
Así las cosas, Estados Unidos ha intensificado sus acciones contra el tribunal, pese a no formar parte de este. En la reciente cita de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), celebrada en Panamá, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, instó a los países participantes a abandonar la Corte. Washington también ha impuesto sanciones a numerosos integrantes de la institución, incluida su presidenta, Tomoko Akane.
"Desde una perspectiva jurídica, resulta problemático que un Estado que no forma parte de la institución busque influir en la relación de terceros países con ella", afirma Hernández de Deffendini. La experta ve detrás de estas acciones una lógica geopolítica: preservar "márgenes de maniobra estratégica y control sobre los mecanismos internacionales que pueden afectar sus intereses o los de sus aliados".
Para Ugaz, un debilitamiento de la CPI iría mucho más allá del propio tribunal e implicaría un "incremento irracional de la impunidad". En ese escenario, "ganan los corruptos, los regímenes autoritarios, el crimen organizado y todos aquellos que desprecian el bien común como sustento de un Estado democrático de derecho", concluye.
Fuente: Deutsche Welle
