Altas Cortes- Judiciales
Denuncias Responsables
Claro certifica que teléfono de Miriam Germán sí fue intervenido.
La Magistrada Miriam Germán Brito fue víctima de la interceptación telefónica solicitada por la Procuraduría General de la República, durante un período de 60 días, partiendo el 24 de noviembre de 2018, y pese que únicamente se escuchaba la voz de la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, jamás la Procuraduría General de la República realizó una rectificación.La conclusión sale a relucir de los documentos entregados por la empresa telefónica CLARO a la magistrada Miriam Germán Brito, por decisión de la jueza de la Octava Sala de la Cámara Penal del juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Esto Contradijo la versión del inspector general del Ministerio Público de que una vez se dio cuenta de que el número correspondía al de la jueza no remitieron el auto a la telefónicaProcuraduría dice no espiaba a jueza sino a uno de sus contactos
Claro entregó a la jueza Miriam Germán Brito los documentos sobre la intervención a su número telefónico, luego de que la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó a la compañía que le entregue la documentación al acoger un recurso de habeas data interpuesto por Germán Brito.
La telefónica Claro certificó hoy que sí recibió orden de interceptación del teléfono de la jueza Miriam Germán Brito e indicó que ellos no participan de la interceptación.
Contrario a lo que dijo el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez
Rueda de prensa Marzo 2019.- Procuraduría dice no espiaba a jueza sino a uno de sus contactos
Contrario a lo que dijo el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, en el auto de alguacil notificado a Germán Brito, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se certifica que se envió la comunicación a la telefónica para proceder.
La telefónica, dando cumplimiento a la orden de la jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional , “ha hecho entrega de las documentaciones que constan en Claro de la orden de interceptación telefónica no. 2018-TAUT-09961”.
En rueda de prensa, el inspector del Ministerio Público dijo que una vez se dio cuenta de que la orden de interceptación que solicitaron durante una investigación de narcotráfico correspondía a la magistrada, no remitieron el auto a la telefónica.
Claro aporta así la documentación en cumplimiento a una sentencia emitida por la magistrada Diana Moreno Rodríguez, que acogió una habéas data interpuesto por la jueza Germán Brito.
La compañía dijo que las empresas de telecomunicaciones no participan en la recolección de ningún tipo de registro resultante de las intervenciones telefónicas, “ya que actúa como un tercero neutral, por lo que no existe ningún registro, grabación o datos.
En respuesta a esta denuncia, el procurador adjunto Bolívar Sánchez dijo la intervención del teléfono de la magistrada Germán Brito fue debido a que “su número estaba vinculado al de una persona implicado en un caso de narcotráfico que era investigado”.
El periodista Dany Alcántara denunció el pasado mes de marzo que el procurador general, Jean Alain Rodriguez había solicitado la intervención telefónica del número de la juez Miriam Germán Brito.
Sánchez explicó que al establecerse que uno de esos números correspondía a la jueza Miriam Germán, decidió no ejecutar dicha orden, “por lo que nunca recibió ningún tipo de información, ni registros de llamadas de la magistrada Germán”.
La jueza de la Octava Sala Penal, Diana Moreno Rodríguez, le había otorgado a la compañía Claro-Codetel un plazo de 10 días para que cumpla con la orden del tribunal de entregar las documentaciones a Germán Brito.1 de 4
Otro de los documentos anexos es la resolución judicial de interceptación telefónica No. 2018-TAUT-09961, del poder judicial, firmada por la magistrada Odania Palaix. En esa resolución consta que la solicitud de Bolívar Sánchez, Procurador General Adjunto, dice textualmente lo siguiente:
“Solicitamos que nos sea otorgada una autorización por escrito para interceptar las llamadas entrantes y salientes del número 809-383-124; en vista de que el mismo es utilizado por el ciudadano solo conocido como BNI; de la Compañía CLARO CODETEL, quien está siendo investigado por esta Inspectoría General del Ministerio Público, en relación con la investigación del hecho punible calificado , previsto y sancionado como violación de los artículos 5-A, 58-A, 75 párrafo II y 85 letra A, B y C de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana, en vista de que necesitamos recabar más indicios o evidencias importantes para la investigación que llevamos a cabo y los móviles están produciendo telecomunicaciones en la Provincia Santo Domingo”.
Magistrada Odania Lapaix autorizó a la Policía Nacional y a la Procuraduría interceptar
La magistrada Odania Lapaix autorizó a la Policía Nacional y a la Procuraduría interceptar únicamente el teléfono de Miriam Germán bajo el alegado de ser utilizado para narcotráfico, y la autorización fue emitida el 24 de noviembre de 2018 por un período de 60 días. La Procuraduría no solicitó a Claro interrumpir esa interceptación, pese a que desde el principio sabían que el teléfono interceptado era el de la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
La resolución de la magistrada Lapaix dice lo siguiente:
“Resuelve
Primero: Autorizar al Procurador General Adjunto, Inspector General del Ministerio Público, Lcdo. Bolivar Sánchez Veloz, que a través de la Compañía CLARO CODETEL, proceda a realizar la interceptación del teléfono 808-383-1248; en vista de que el mismo es utilizado por el ciudadano solo conocido como BNI; de la Compañía CLARO CODETEL, quien está siendo investigado por violación a los artículos 5-A, 58-A, 75 párrafo II y 85 letra A, B y C de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana; y proveer al Ministerio Público actuante los resultados de la indicada interceptación:
SEGUNDO: ESTABLECER un plazo de Sesenta (60) días para la ejecución de la presente autorización”.
La Procuraduría General de la República ha querido explicar esta ilegalidad, obtenida sobre documentos falsos, y para ello se inventó la historia de que un ciudadano, Richard Molina Ovalles, estaría relacionado con el narcotráfico.
Este jueves la PRG emitió una nota de prensa reiterando la misma historia, con la mención de la magistrada Miriam Germán Brito, para sembrar dudas sobre su honestidad, cuando en realidad esa jueza ha sido la víctima de la Procuraduría General de la República. Una historia pocas veces conocidas en los anales de las violaciones institucionales.
Fuentes El Caribe
