El próximo Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo habla de las reformas institucionales que impulsaría Luis Abinader
El discurso de una justicia independiente ha sido enarbolado por el presidente electo, Luis Abinader durante la campaña electoral, básicamente durante los últimos cinco años, y ahora que es el principal líder de la nación, se apresta a dar pasos para convertirlo en realidad.
La idea es impregnar su sello, el de no involucrarse o involucrarse lo menos posible en el sistema de justicia y para ello tiene en agenda someter un proyecto de reforma a la Constitución que reduciría el poder del Presidente en el Consejo Nacional de la Magistratura y un cambio a la Ley Orgánica del Ministerio Público que le quitaría la potestad de nombrar siete fiscales al gobernante de turno.
La figura escogida por el presidente electo para que lleve la voz cantante de su gobierno sobre uno de sus temas bandera, es el jurista Antoliano Peralta, nominado para consultor Jurídico del Poder Ejecutivo desde el 16 de agosto próximo. “El Presidente aspira a hacer todo lo que esté en sus manos para lograr la independencia del Ministerio Público y de la Justicia”, aseguró en entrevista con elCaribe. De manera pedagógica, Peralta explicó que la reforma traerá una recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la creación del Ministerio de Justicia y la designación de un Fiscal General, que sustituiría la figura del Procurador General de la República y sus atribuciones serían limitadas al ámbito de la investigación penal.
“El Fiscal General asumirá las atribuciones propias de un fiscal dejando otras atribuciones que la Constitución le otorga al Procurador en manos del Ministerio de Justicia, incluyendo atribuciones de carácter administrativo, pero además, la Constitución pone en manos del Ministerio Público trazar la política criminal del Estado, el manejo y dirección del sistema penitenciario, representar al gobierno ante la justicia, todas esas atribuciones pasarían al Ministerio de Justicia”, detalló.
El jurista y catedrático refirió que en la República Dominicana ha existido en más de una ocasión el Ministerio de Justicia. “Esta idea no es una novedad, aquí en la República Dominicana ha existido en más de una ocasión el Ministerio de Justicia. Cuando Trujillo (Rafael Leonidas) llegó había un Ministerio de Justicia que desapareció, creo que en el 1931 desapareció, y volvió a aparecer en el 1936, finalmente fue una Ley dispuso que lo que era el Ministerio, todo pasara al Procurador y lo que queremos ahora es revertir eso”, subrayó. En la Constitución del 1844 en el artículo 109 queda consagrada la existencia del Ministro de Justicia y secretario de Estado entre los cuatro ministros que tendría el Estado originalmente.
“La idea del Presidente es que mientras un fiscal general examina un expediente complejo no tiene justificación que al mismo tiempo esté vigilando la construcción de una cárcel o la reparación de un edificio, y todo eso pasará al Ministerio de Justicia, además de trazar la política criminal del Estado”, dijo.
Sobre la independencia que el presidente Abinader anhela, Peralta explicó que se lograría con una reforma que impactaría varios órganos. “La independencia se lograría con que el fiscal general no sea nombrado por el Poder Ejecutivo sino por un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura que podría ser por el mismo consejo o un órgano similar, es decir él quiere despojarse de esa facultad que actualmente le atribuye la Constitución”, apuntó.
Pero las atribuciones que tiene el Ejecutivo sobre el Ministerio Público y que Abinader quiere quitarle, no se queda ahí, pues abarca a siete procuradores fiscales que puede designar en el Ministerio Público. “El Ministerio Público tiene 14 procuradores fiscales adjuntos y siete los designa libremente por decreto el presidente de la República y los otros siete los pone el propio Procurador, el presidente Abinader no quiere designar eso, va a tener que hacerlo porque no hay otro órgano, pero él quiere que con la reforma todos los procuradores que le correspondan al Presidente los designe el mismo órgano, los designe el Consejo del Ministerio Público con la excepción de dos procuradores, que serían el anticorrupción y el electoral, él quiere que esos dos los designe el Consejo de la Magistratura”, subrayó.
Agregó: “Estamos ante un Presidente que quiere un Ministerio Público tan independiente que tenga la facultad de fiscalizar, investigar, perseguir y hasta acusar a los miembros del Poder Ejecutivo”.
El ministro de Justicia sería designado por el Poder Ejecutivo porque no tendrá incidencia en la justicia y por tanto, puede ser un político y un hombre de su confianza que reciba órdenes del Presidente. “Los temas de investigación penal serán una potestad exclusiva del fiscal; lo que el presidente quiere es que todos los agentes que tienen que ver con el sistema de justicia actúen de manera independiente y que no respondan a las orientaciones y decisiones del Poder Ejecutivo, porque en adición quiere que se establezca mediante ley que un requisito para los jueces de las altas cortes es que no tengan militancia política conocida en los últimos cinco años; ahora el Presidente se pondrá a prueba con esta designación”, dijo.
Sostuvo que otro momento en el que el presidente Abinader podrá demostrar sus planes de independizar la justicia será cuando le toque presidir el Consejo Nacional de la Magistratura porque tendrá que elaborar el reglamento y él (Abinader) podrá poner ahí requisitos como esos que él exige para formar parte de las altas cortes.
“Quiero aprovechar que leí que una columna se escribió que alguien decía que el presidente Abinader debe revisar el reglamento de la ley del Ministerio Público para que se dé cuenta de que el Procurador Independiente ya está concebido en la Ley y me parece en el mejor de los casos un acto de ingenuidad, porque ahí está la Ley y ahí está el Procurador y me gustaría saber si el Procurador actual actúa con independencia de los estamentos políticos”, expresó.
“Esos espectáculos que han ocurrido recientes, no solo con el Procurador actual, con otros también, procuradores que son dirigentes políticos evidentes, miembros de órganos de dirección de partidos, el presidente Abinader quiere evitar eso”, dijo Peralta.
“No puedo decir cuando el presidente va a someter esa iniciativa de modificación de la Ley de la Constitución porque esa es una prerrogativa del presidente. Lo que yo he dicho es lo que él ha dicho en su programa de gobierno, lo que ha anunciado, a lo que aspira es que después de nombrar, ahora en esta coyuntura, un procurador general de la República lo más independiente posible de la militancia política, él quiere institucionalizar la independencia del Ministerio Público”, subrayó.
Peralta dijo que alcance de las reformas en el ámbito de la justicia implica la recomposición del CNM que volvería a la fórmula de siete miembros en lugar de ocho que tiene ahora, dejaría fuera al Procurador General y al segundo juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y entraría el presidente del Tribunal Constitucional (TC). “Escuché a Radhamés Jiménez decir que esa iniciativa del presidente Fernández (Leonel) fue porque él se sentía solo en el Consejo, sin embargo, el presidente Abinader quiere estar solo, él quiere que no esté el Procurador, quitarse ese voto, porque no parece jurídicamente lógico que una de las partes ayude a escoger al juez y eso explica que el Procurador o el fiscal queden excluidos”, observó.
“Con esto el Presidente se quita un voto, pero él se lo quiere quitar, quiere que haya equilibrio y él no quiere influir en los asuntos de la justicia, el Poder Ejecutivo debe estar lo menos posible presente en el ministerio de Justicia porque el resultado no ha sido bueno”, insistió.
Peralta dijo que la reforma debe ser consensuada, no solo con los partidos políticos sino con los diversos sectores de la sociedad. “Todo esto debe discutirse no solo con los partidos de oposición y los aliados sino con las entidades de la sociedad civil que tienen que ver con el tema de justicia, o sea, la transformación del Ministerio Público no es un asunto que debe manejarlo un gobierno por sí mismo, en un gabinete y presentar un proyecto y aprobarlo es un tema de interés general y todo el que tenga que ver con esto debe dar su opinión”, sostuvo.
El futuro consultor jurídico del Poder Ejecutivo aseguró que hasta ahora el tema del ejercicio presidencial (reelección) no se ha tocado en lo referente al debate del proyecto de reforma, que solo se limita a lo referente a la justicia. “Ni ese (reelección presidencial) ni otro se ha tocado”, aseguró.
Además de la justicia, otro órgano independiente al que aspira el presidente electo es la Cámara de Cuentas, según lo expresado por Peralta.
“Fiscales pueden investigar por rumor público o denuncias en medios”
El anunciado consultor jurídico del Poder Ejecutivo garantizó que se respetará la ley incluido los aspectos que involucren empleados públicos especialmente los que están en la carrera administrativa. “Tanto los empleados de carrera como las contrataciones que el gobierno haya hecho, que sean apegadas a la ley, porque en un Estado de derecho esto no debería siquiera estar en discusión y eso es lo que pretende el gobierno contribuir a fortalecer el Estado de derecho”, subrayó.
Sin embargo, advirtió que todo lo que se haga al margen de la Ley es susceptible de ser revisado. “Todavía es prematuro decir que hemos encontrado o no acciones al margen de la Ley, pero si se determina, la opinión pública lo sabrá porque este gobierno no tendrá la actitud de ocultar violaciones a la Ley ni de apañar delitos”, apuntó.
“El presidente, el Poder Ejecutivo, tienen la potestad de desistir de la persecución del delito, porque ya dijimos que este Poder Ejecutivo quiere un Procurador independiente que no reciba órdenes, pero en término legal las acciones penales, que son de carácter público, no tiene potestad el Presidente para por ejemplo, si fulano de tal que hizo un desfalco en la pasada administración, el Presidente no puede decir que dejen eso así, porque es que la ley no se lo permite, esa no es una potestad que él tiene”, subrayó.
Fue más allá: “Si a un amigo del Presidente lo someten y lo investigan, el Presidente tendrá la potestad de decir, no fui yo; el procurador tendrá que actuar contra quien sea, siempre y cuando hayan evidencias suficientes para instrumentar un expediente, pero llegó el momento de terminar en la República Dominicana con la retaliación política como mecanismo, porque también aquí hay mucha gente que han sido víctima de persecución por razones políticas y usan la justicia como un perro guapo para tirárselo atrás, entonces si no hay justificación y elementos probatorios que sirvan para investigar esa persona, lo correcto es que no se investigue, que se le deje en paz”, dijo.
“La Ley establece que los fiscales tienen que actuar hasta por el rumor público, hasta por el rumor público, si alguien denuncia en un programa de esos de investigación que muchas veces presentan contratos y cosas, un procurador independiente o un fiscal independiente lo que le corresponde hacer es convocarlo a su despacho y comenzar a interrogarlo y es posible que el fiscal se dé cuenta que esa denuncia no esté fundamentada para continuar la investigación porque, el fiscal es, en principio, independiente del Poder Ejecutivo”, subrayó.
Peralta puso como ejemplo de lo que no debería ocurrir en justicia el caso del publicista Joao Santana, su esposa e hijo tenían contratos con el gobierno dominicano que parecían que eran irregulares. Peralta contó que acudió por ante la entonces fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, junto al entonces presidente el PRM, Andrés Bautista, para presentar la denuncia. “Estábamos dando indicios, no teníamos pruebas fuertes, el PRM invitó a la Fiscalía para que investigara a Joao Santana, pero meses después comenzó la investigación pero contra Andrés Bautista, pero lo que había era indicios para interrogar al publicista, no digo que era culpable, ni que teníamos razón, pero había indicios para interrogarlo, parece que la denuncia los servicios de inteligencia se la enviaron al presidente de la República y desde allí se tomó la iniciativa de que la persona que firmó eso debía ser investigado, no contra quien se hizo la denuncia”, refirió.
Peralta fue insistente en que el gobierno de Abinader se enfocará en respetar la Constitución y la Ley y que los funcionarios que la Ley protege para seguir en el cargo por un periodo determinado será potestad de ellos si renuncian o no. “Por ejemplo, vi que el señor Chanel Rosa Chupany presentó renuncia, anunció que iba a renunciar, no sé quizás él esté dentro de esa situación, pertenece a uno de esos órganos que su dirección ejecutiva se designa por un tiempo, también está la Superintendencia de Pensiones, de Valores, pero todo eso se revisará y lo que sea legal se respetará, y esos funcionarios se quedarán el tiempo que la Ley le da siempre y cuando cumplan con ella, el gobierno anterior se empeñó mucho en amarrar ese tipo de cositas y en el propio Ministerio Público lo hizo”, advirtió.
“Cuando se permiten violaciones menudas y pequeñas es el camino para llegar a las grandes violaciones, y este gobierno velará porque se cumpla la ley en sus detalles para nosotros entrar en un Estado de derecho y para cumplir con el estado de legalidad”, dijo.
“Hay que revisar esa nueva camada de fiscalitos”
El anunciado consultor jurídico del Poder Ejecutivo sostuvo que serán revisadas las designaciones últimas de fiscales que se han hecho a lo interno del Ministerio Público porque el Consejo del Ministerio Público lo controla el Procurador, Jean Alain Rodríguez, de quien afirmó se ha empeñado en que la mayoría de los fiscales sean de su entorno. “Tendrá que haber revisión, deberá haberla”, respondió, al ser cuestionado sobre si el nuevo gobierno atenderá los cambios que se han hecho recientemente.
“Yo he visto en los medios de comunicación que se han hecho concursos para ingresar nuevos aspirantes, una nueva camada de fiscalitos de sus fiscales y que fiscales que ya están en ejercicio los han removido y colocado en posiciones estratégicas; el Ministerio Público está regulado por una ley y un reglamento, hay que ver si esos movimientos corresponden a la Ley; ahora debo aclarar que esta decisión no está, en principio, en manos del presidente de la República ni del Poder Ejecutivo, eso es del Consejo del Ministerio Público, ahora, en este caso el Procurador actual porque él es quien lo preside y tiene el control”, advirtió.
“La transición ha sido una buena experiencia”
El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) calificó el proceso de transición como una buena experiencia. “Nunca lo había vivido porque hay algunos de los que serán futuros funcionarios que habían tenido la experiencia, pero no es mi caso, ha sido una experiencia buena e intensa porque se trata de una transición con menos de la mitad del tiempo habitual, regularmente son tres meses y ahora es un mes y algo y al mismo ha sido una transición con mascarilla, distanciamiento, la gente prefiere reuniones virtuales, no hay tranquilidad por razones sanitarias”, comentó.
También valoró la cooperación del gobierno saliente. “Han acogido a las comisiones, si hay algún caso particular que no sea así, yo no lo conozco, pero como formo parte de la comisión técnica en los contactos que se han tenido doy constancia de que ha habido receptividad. En mi caso particular, con el licenciado Flavio Darío Espinal que ya es lo que me concierne, él acaba de enviar un informe con los asuntos pendientes, nos habla de la composición, tanto presencial como el informe, de manera que hasta ahora no tengo queja de la actitud del funcionario actual”, dijo.
Afirmó que, conforme a la documentación que ha recibido, no hay muchos temas en trámite y que lo más sobresaliente son casos de arbitraje que son asuntos técnicos que competen a la Consultoría.
Fuente: El Caribe
