Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, manifestó este martes que el proceso de reforma y modernización de la Administración pública debe ser asumido como una política de Estado, para lo cual es muy relevante su legitimación social, reconociendo que su implementación supone mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
«Pongamos en marcha la construcción de un compromiso por crear y sostener las mejores condiciones institucionales posibles, lo que debe garantizar que nuestros esfuerzos, los esfuerzos de quienes nos antecedieron y los de aquellos que nos sucedan, conformen una espiral de desarrollo continuo», expresó.
La vicepresidenta Peña precisó que este compromiso no debe ser solo el reflejo de voluntades perecederas y desarticuladas, sino el resultado firme y sostenible de una decisión nacional que se inspire en la fulgurante historia patria y en el pensamiento preclaro del liderazgo político nacional.
Al encabezar el acto de apertura del “Primer Encuentro Nacional sobre Reforma y Modernización de la Administración Pública: Hacia un Pacto Nacional por la Institucionalidad en República Dominicana”, sostuvo que esta iniciativa busca ser resultado de la buena disposición y los mejores deseos de ver cómo el país sigue avanzando por la senda del progreso, las libertades y la consolidación de la democracia.
Durante el acto, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y su titular, Darío Castillo Lugo, la vicepresidenta Peña destacó la decisión y voluntad firme de gobernar del presidente Luis Abinader apegado a los principios constitucionales, al marco jurídico y a las mejores prácticas de transparencia y eficiencia.
Con esto, indicó, envió un mensaje claro a una nación abrumada por la corrupción y el nepotismo, que levantaba su voz reclamando legalidad, justicia y transparencia.
A la vez, expuso, se inició el desmonte de una serie de entes públicos, algunos de ellos caídos en desuso o creados por decisiones coyunturales para satisfacer aspiraciones personales, la mayoría de los cuales se habían acumulado en torno a la Presidencia de la República y claramente usurpaban atribuciones a instituciones tradicionales de nuestra arquitectura organizativa.
Peña explicó que, en ese sentido, se abocaron en una tarea de transformación, disolución, reducción y transferencia de órganos como el Despacho de la Primera Dama, la OISOE, el CEA, la CEDEE, el Programa de Visitas Sorpresas y otras entidades.
Reingeniería con respeto pleno al marco regulatorio y derechos adquiridos
Precisó que esa reingeniería inicial se ha estado realizando y continuará en el futuro, respetando plenamente el marco regulatorio y los derechos adquiridos de todo el personal, bajo la conducción de una Comisión de Liquidación o Disolución de Órganos del Estado (CLOE).
Con ese propósito, expresó, desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha, el presidente Abinader ha emitido 32 decretos, impulsado y promulgado varias leyes y la CLOE ha producido alrededor de 37 resoluciones para instrumentar estos cambios, como consecuencia de los cuales se han suprimido un total de 13 entes y órganos. Esto ya traído ahorros significativos de recursos que ahora están siendo dirigidos a sectores prioritarios, especialmente a fortalecer las políticas de protección social a los más vulnerables.
La vicemandataria enfatizó que, como una expresión del Programa de Gobierno y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, se procedió a diseñar, socializar y poner en marcha un Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública que, como ha expresado el ministro de Administración Pública, se fundamenta en un diagnóstico integral sobre los desafíos más relevantes en materia institucional, que ha servido de base para identificar y programar un conjunto de acciones estratégicas indispensables en lo relativo a concretar las aspiraciones de un Estado Moderno y Eficiente.
Apuntó que bajo ese Plan, a la fecha han instalado procesos de reforma en sectores claves para la producción de bienes y servicios prioritarios, tales como salud, agricultura, industria y comercio, energía y minas, medioambiente, seguridad ciudadana, protección social y otros. Al mismo tiempo avanzan en la revisión y actualización de los referentes jurídicos generales, así como en materia de digitalización, interoperatividad e integración de sistemas comunes a la gestión pública.
Un Estado moderno es una resultante del consenso social
Peña manifestó que con la convicción de que la construcción de un Estado moderno es una resultante del consenso social, el presidente Abinader convocó el Diálogo Nacional por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado, para concertar reformas en 12 sectores claves.
Señaló que una gran cantidad de los acuerdos logrados en ese proceso de diálogo han sido incorporados al sistema de planificación nacional. Están siendo ejecutados y son objeto de seguimiento y monitoreo permanentes.
Como muestra del avance significativo en aspectos de alto impacto en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, citó la revolución que se ha producido en materia de acceso a servicios públicos a través de la iniciativa “Burocracia Cero”, con una proyección que supera los 300 trámites priorizados.
Dijo, además que recientemente se puso en marcha una iniciativa para descentralizar la gestión de servicios básicos a través de la transferencia de competencias de la Administración Central hacia los Ayuntamientos.
También se refirió a la puesta en marcha de la Firma Gob, una acción que busca impulsar la utilización de estos procedimientos para agilizar los trámites gubernamentales y reducir tiempos y costos operativos. También, el “gob.do”, como una ventana unificada para canalizar trámites y servicios de una manera rápida y eficiente.
A la fecha, comunicó, se han puesto al alcance de un clic, un total de 1,876 servicios, con un recurso que se complementa con servicios presenciales y servicios telefónicos, en los cuales se le da a cada ciudadano la libertad de escoger cómo quiere ser atendido.
Palabra empeñada por el presidente Abinader se está cumpliendo
De su lado, el ministro Castillo Lugodestacó que la Administración pública dominicana ha avanzado razonablemente en el propósito de construir una institucionalidad robusta y democrática al servicio de ciudadanos y ciudadanas y afirmó que con esto se está cumpliendo la palabra empeñada por el presidente Abinader.
“El Plan General de Reforma y Modernización de la Administración pública, no es otra cosa que la interpretación de esa visión, materializada en un enfoque sistemático y en un conjunto de componentes, objetivos, metas y acciones que asumen como tarea la transformación del aparato público, para convertirlo en un ente fundamental de desarrollo democrático, al servicio de la ciudadanía. Hoy nos reunimos para compartir con ustedes nuestra mirada sobre el estado de avance de este compromiso institucional”, expresó el titular del MAP.
Castillo Lugo aprovechó la ocasión para enumerar los logros alcanzados como la presentación de nueve propuestas de normativas de ley y reglamentarias, orientadas a completar y perfeccionar nuestro marco jurídico administrativo; los avances en el diseño y desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGEI) y la puesta en marcha del Programa para Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil de la RD, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Paso del Gobierno para alcanzar una mejor institucionalidad
En tanto, la representante del Banco Mundial en República Dominicana, Alexandría Valerio, consideró que los pasos en que el Gobierno de la República Dominicana viene avanzando para fortalecer la capacidad institucional, modernizar la administración pública y lograr una prestación de servicios eficiente, ágil y sencilla para la población, son los necesarios para alcanzar una mejor institucionalidad.
«La reforma que se busca es innovadora, está focalizada en las personas y articulada con políticas de punta, como lo son la Agenda Digital y el Programa Burocracia Cero. No perdamos la velocidad; al contrario, aceleremos para seguir avanzando hacia el país que todos queremos», expresó.
Conferencias y paneles
El evento continuó con la conferencia magistral “Reforma, Institucionalidad y Desarrollo”, impartida por Roby Senderowitsch, conferencista principal de la jornada. Además, Gregorio Montero, viceministro de Reforma y Modernización de la Administración Pública, trató los avances de la implementación del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública.
El primer panel impartido fue el de “Servicios Públicos y Ciudadanía en el Estado Social de Derecho”, en donde participaron Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad; José Ramón Holguín, viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, junto con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la moderación de José Oviedo, director ejecutivo de la Comisión de Reforma y Modernización de la Administración Pública.
En el segundo panel, “Experiencias Innovadoras en la Administración Pública”, estuvieron presentes José Clastornik, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de la Presidencia de la República de Uruguay; Adagel Grullón, directora de Análisis Regulatorio del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); Bartolomé Pujals, director ejecutivo de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información (OGTIC) y un representante del BID, con la moderación de José David Montilla, viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia.
El panel principal denominado “Hacia un Pacto por la institucionalidad en la RD, Contenidos y Compromisos”, contó con la participación de representantes de diferentes partidos políticos, como Eddy Olivares por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Onofre de la Rosa, de la Fuerza del Pueblo; Francisco Tavárez Rufino, de Alianza País, y representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), además de un miembro de la sociedad civil. Ese espacio fue moderado por Alberto Enríquez Villacorta, un consultor internacional invitado por el MAP.
Estuvieron presentes en el acto el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.
