La historia de Ilia Shkolni en Alemania comenzó en junio de 2022. Llegó con un visado de 90 días, expedido aún bajo las restricciones de la pandemia de coronavirus para las llamadas “parejas binacionales”. Su objetivo era visitar a su novia, la alemana Ansuela Baldemair.

Ambos decidieron casarse y registraron su intención de contraer matrimonio en el Registro Civil. Pero, cuatro años después, Shkolni terminó detenido para ser deportado, a la espera de ser expulsado a Rusia el 1 de abril de 2026. Las autoridades alemanas han rechazado varias de sus solicitudes de asilo por no considerar que corra peligro en su país, pese a que el joven condena la guerra contra Ucrania y ha estado comprometido con la oposición rusa.

Finalmente, el 31 de marzo quedó en libertad gracias a la intervención de InTransit, una iniciativa de derechos humanos con sede en Alemania que apoya a víctimas de persecución política rusa y que logró suspender la expulsión.

DW habló con Shkolni y su esposa sobre estos cuatro años en Alemania, su lucha por obtener la residencia y sus planes de futuro.

“La suspensión de la expulsión es el paso más importante. Pero la lucha continúa. Aún no está todo decidido”, dice Shkolni a DW.

Su caso ha generado una movilización notable: diputados del Bundestag escribieron al Ministerio del Interior, estudiantes y profesores de la Universidad de Bayreuth –donde Shkolni estudia– se han sumado al apoyo, y una petición en línea lanzada el 23 de marzo ya supera los 2.500 firmantes. Sin embargo, la coordinadora de InTransit advierte que la presión pública, aunque valiosa, no es suficiente: “Los procedimientos legales y las pruebas, que deben presentarse rápidamente, son decisivos”.

Tras registrar su intención de contraer matrimonio, Shkolnyj y Baldemair, según relatan, no recibieron durante mucho tiempo ninguna respuesta de las autoridades, lo que les generó preocupación. Shkolnyj no quería regresar a Rusia, entre otras razones por la guerra en Ucrania, que no está dispuesto a apoyar. Por ello, solicitar asilo en Alemania le parecía una “buena solución”.

“No sabía si me lo concederían, pero quería intentarlo”, explica. Su esposa recuerda que, en el momento de solicitarlo, el clima político alemán parecía más favorable a los opositores rusos y a quienes rechazaban la guerra. “En retrospectiva, habría actuado de otra manera”, admite.

Como parte del proceso, los padres de Baldemair llevaron a Shkolni a un centro de acogida cerca de Núremberg. Más tarde, fue trasladado a Bamberg, donde en 2023 se celebraron varias audiencias ante la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF).

Shkolni declaró desde el principio su historial de activismo: había trabajado como voluntario en el equipo de Navalny en 2017 y 2018, participado en la campaña “Smart Voting” en 2021, actuado como observador electoral para el movimiento Golos en cuatro ocasiones y formado parte del comité directivo del Partido Libertario –no autorizado– en Moscú. También declaró haber recibido citaciones de reclutamiento y haberse negado a cumplir el servicio militar para no ser enviado a Ucrania.

En febrero de 2025, la BAMF denegó su primera solicitud, argumentando que la amenaza de reclutamiento no constituía motivo de protección y que sus actividades políticas pasadas no entrañaban riesgos suficientemente graves. La agencia considera además que los casos de coacción para son poco frecuentes.

Sin embargo, desde InTransit advierten que al menos dos de esas actividades son delito en Rusia: la participación en el equipo de Navalny –calificado de organización extremista– y los llamamientos contra la guerra desde el Partido Libertario.

Shkolni presentó una segunda solicitud alegando el deterioro de la situación en Rusia: nuevas leyes represivas, posibles enjuiciamientos por actividades pasadas, penas más severas y cambios en la legislación de reclutamiento, incluidas las citaciones electrónicas. La BAMF también la rechazó, al considerar que no aportaba “nuevas circunstancias”.

En noviembre de 2025, un tribunal también denegó la solicitud urgente de suspensión del procedimiento de asilo. Mientras tanto, Shkolni seguía con su vida: en primavera de 2024 se casó formalmente con Baldemair y comenzó a estudiar Sociología en la Universidad de Bayreuth. Como solicitante de asilo, cumplía con todas sus obligaciones: cuatro horas semanales de trabajo comunitario y presentaciones regulares ante las autoridades.

Aun así, desde diciembre de 2025 la Oficina de Extranjería lo considera “en paradero desconocido”. Shkolni sospecha que se debe a una carta del tribunal que nunca recibió. Según InTransit, los funcionarios de deportación acudieron a su domicilio y, al no encontrarlo, lo registraron como “desaparecido”. Cuando Shkolni se enteró –a través de las propias autoridades–, sus abogados presentaron un recurso que quedó sin respuesta. En marzo de 2026 fue detenido tras presentarse voluntariamente en la oficina competente.

La solicitud de residencia por matrimonio también fue denegada. La Oficina de Extranjería arguyó que Shkolni podía viajar a Rusia, obtener allí el visado necesario y regresar para tramitarlo; y que la pareja vivía separada, lo que ponía en duda la autenticidad del matrimonio.

Desde InTransit, la coordinadora califica ese razonamiento de propio de “conceptos del siglo XIX” y recuerda que la convivencia era materialmente imposible: Baldemair vivía en un piso compartido y Shkolni estaba obligado a permanecer en el centro de acogida.

La misma coordinadora subraya que Shkolni presenta un perfil de alta integración: nivel C1 de alemán, expediente académico sobresaliente y matrimonio con una ciudadana alemana. “Desde esta perspectiva, la expulsión resulta, como mínimo, extraña. Estos factores no se tuvieron en cuenta”, señala.

Tras su puesta en libertad, Shkolni presentó una nueva solicitud de asilo y otra de permiso de residencia por matrimonio.

Fuente: Deutsche Welle