Año tras año, se producen miles de accidentes causados por minas terrestres antipersona en todo el mundo. Según la oenegé Landmine and Cluster Munition Monitor, en 2025 más de 5.000 personas murieron o resultaron heridas a causa de minas o restos de municiones. En Sudán del Sur, los niños suponen el 90 por ciento de todas las víctimas de minas el año pasado.
Muchos de ellos mueren a causa de las minas, que están diseñadas para causar heridas graves a los adultos. Y siguen representando un peligro mortal incluso en tiempos de paz. Así, treinta años después de los conflictos en los Balcanes, todavía se producen incidentes con víctimas mortales o heridos, por ejemplo, en Croacia y Bosnia-Herzegovina.
En la década de 1990 se registraban anualmente unas 25.000 víctimas de minas terrestres a nivel global, una situación que, ante la fuerte presión de la política internacional y la sociedad civil, desembocó en la llamada Convención de Ottawa. En 1997, representantes de 121 Estados firmaron en la capital canadiense este acuerdo vinculante para renunciar en el futuro a las minas antipersona. Desde entonces, un total de 166 Estados se han adherido al tratado, aunque algunas naciones poderosas —como Estados Unidos, China, Rusia e India— siguen sin formar parte de él hasta la fecha.
Y el acuerdo se tambalea: a raíz de la invasión rusa de Ucrania, cinco países de la OTAN fronterizos con Rusia han abandonado la Convención de Ottawa; la retirada de Ucrania solo surtirá efectos jurídicos cuando finalice el estado de guerra en el país.
"Es un precedente peligroso que, precisamente, han sentado Estados europeos", comenta a DW Simone Wisotzki, del Instituto Leibniz de Investigación sobre la Paz y los Conflictos (PRIF) de Fráncfort. "Otros Estados miembros de la Convención de Ottawa que en situaciones de conflicto se enfrentan a circunstancias igualmente extremas, podrían dar el mismo paso. En ese caso, habría que contar con aún más retiradas, lo que, naturalmente, también debilitaría la legitimidad de la Convención en su conjunto".
Ucrania justifica el retorno al uso de minas antipersona basándose en la práctica de Rusia, país que nunca se adhirió a la Convención de Ottawa y que también mina territorio ucraniano.
"No podemos seguir sujetos a restricciones mientras el enemigo no tiene ninguna", argumentó a mediados de 2025 Roman Kostenko, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento ucraniano, al explicar la medida. Según observadores, Kiev ya está utilizando minas, aunque en una medida considerablemente menor que Rusia.
Según estimaciones del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), en ese mismo momento se sospechaba que alrededor del 25 por ciento del territorio ucraniano estaba minado. Esto afecta no solo a los territorios bajo control ucraniano, sino también a las zonas ocupadas por Rusia en el este y el sureste. Según el UNMAS, durante los primeros tres años y medio de guerra, más de 1.150 civiles murieron o resultaron heridos en Ucrania a causa de explosiones de minas o restos de municiones. El costo de las labores de desminado se estimó en unos 35.000 millones de dólares estadounidenses (algo menos de 30.000 millones de euros).
La guerra en Ucrania ha movilizado también a los vecinos directos de Rusia, países que en el pasado sufrieron la guerra o la ocupación por parte de Moscú: Polonia, los tres Estados bálticos (Letonia, Lituania y Estonia) y Finlandia, que se unió a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania, han decidido retirarse de la Convención de Ottawa en 2025.
Polonia quiere estar en condiciones de minar muy rápidamente su frontera oriental en caso de guerra, según su primer ministro, Donald Tusk. También Lituania ha anunciado la reanudación de la producción.
El Ejército finlandés habla de colocar las minas, si fuese necesario, de manera "responsable", es decir, elaborando mapas precisos y teniendo en cuenta la futura retirada. Según Wisotzki, esto es un avance, pero señala que las minas antipersona modernas suelen incorporar sensores y tecnologías inteligentes que complican su manejo.
"Las nuevas tecnologías también presentan problemas que, a su vez, dificultan el desminado. En la práctica, siempre se minan zonas que también son utilizadas por civiles; las minas permanecen en el terreno y acaban causando heridas a civiles de manera desproporcionada", advierte.
Mientras en todo el mundo se siguen retirando minas de conflictos pasados, la organización Landmine and Cluster Munition Monitor observa que se están minando de nuevo extensas zonas, como por ejemplo en Myanmar o en Ucrania.
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A esto se suma que el control de armamento disminuye a escala mundial. En los últimos años, tres acuerdos importantes entre Washington y Moscú han expirado o han sido denunciados: el Tratado INF, que prohibía con carácter general los misiles de alcance intermedio; el acuerdo New START, destinado a limitar los arsenales nucleares; y el Tratado de Cielos Abiertos, mediante el cual ambos países se autorizaban mutuamente vuelos de observación como medida de fomento de la confianza. Con la retirada definitiva de Rusia en 2023, también llegó a su fin el Tratado FACE, que establecía límites máximos para los sistemas de armas pesadas en Europa.
"En realidad, el control humanitario de armamento, del que forma parte la Convención sobre las Minas Antipersona, era el único ámbito del que se podía decir que aún funcionaba", resume Simone Wisotzki. "Y eso ya no es así en la actualidad".
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Fuente: Deutsche Welle
