Con los del lunes 13 de abril en el Pacífico, Estados Unidos ha llevado a cabo 49 ataques contra narcolanchas desde que empezó la campaña en septiembre pasado en aguas del Caribe. Ha matado en total a 170 sospechosos. Para las voces críticas, incluso dentro del país, se trata de “ejecuciones extrajudiciales”. “Es que no hay otra manera de llamarlo”, protesta el investigador del CIDE mexicano Carlos Pérez Ricart, para quien estamos ante “asesinatos sin ningún tipo de procedimiento legal”.
“Evidentemente, [el presidente estadounidense Donald] Trump encontrará siempre una coartada legal para hacer pensar que esto no es ilegal”, admite el propio Pérez Ricart. “Pero en derecho internacional básico, esto tiene que ser castigado en algún momento”, confía. Para él, el objetivo de esta estrategia “nunca ha sido detener el tráfico de drogas”. “El interés de Trump ha sido siempre lanzar una señal de política interna a su mercado doméstico para mostrarse duro contra el narcotráfico”, resume.
El politólogo venezolano Víctor M. Mijares coincide en esta lectura propagandística de los bombardeos: “Tiene que ver mucho más con galvanizar a la base MAGA en torno a Trump de cara a los retos electorales que tiene por delante”. Sin embargo, para él, sí han conseguido algo. “Creo que el factor decisivo de todo esto es la transformación que logró Estados Unidos con la extracción de Maduro en el régimen de Venezuela, que ahora está cooperando en materia de narcotráfico”, opina, teniendo en cuenta que “sabemos que hay bastante evidencia que vincula al régimen con el narcotráfico”.
El pasado 25 de marzo se produjo el último de estos ataques en el Caribe. El anterior databa del 23 de febrero. Es decir, más de un mes antes. El ritmo de narcolanchas destruidas ha descendido y, además, el foco ha pasado del Caribe al Pacífico. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Estamos presenciando un cambio en la estrategia estadounidense? Y, sobre todo, ¿han servido de algo los ataques a las narcolanchas?
“Ya no hay tanto tráfico porque saben lo que les va a pasar”, interpreta Manuel Supervielle, abogado y exmilitar estadounidense experto en derecho internacional. Él recuerda, además, que el tráfico de drogas no está castigado en Estados Unidos en ningún caso con la pena de muerte. La justificación legal de las operaciones ha pasado por varias fases, desde la guerra declarada a los cárteles a su designación como grupos terroristas, pasando por definirlo como “conflicto armado no internacional”.
Esto muestra, para Supervielle, que el objetivo principal era simplemente preparar el terreno para “sacar a Maduro”, al que considera únicamente la “cabeza visible” de un régimen que sigue en pie. Él recuerda, además, que cuando él entró en servicio en el Comando Sur ya se interceptaban lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, pero que entonces las fuerzas navales (incluidos helicópteros), a las órdenes de la Guardia Costera, estaban autorizadas a disparar únicamente contra los motores fueraborda. Era una estrategia, dice, mucho más efectiva, ya que se detenía e interrogaba a los narcotraficantes.
“El precio del gramo de cocaína no se ha movido en las calles de Nueva York o de Los Ángeles”, explica gráficamente Ricart. “El mercado no se ha resentido en absoluto, sigue tan boyante como antes de los bombardeos, no hay ningún signo de que haya cambiado algo”, añade. Además, las del Carbie son rutas intermedias utilizadas principalmente para enviar cocaína a Europa, aunque también a Estados Unidos.
“Los ataques aéreos de los Estados Unidos han logrado interrumpir ciertas rutas del narcotráfico en el mar Caribe, pero el flujo general de cocaína no ha cesado”, coincide Alex Papadovassilakis, analista de InSight Crime. “Los grupos del narcotráfico tienen muchas más opciones”, resume. “El impacto es muy limitado y, probablemente, temporal, porque los Estados Unidos tampoco pueden mantener ese nivel de presión militar a largo plazo”, añade.
Para él, y en esto coinciden otros expertos, “mientras haya una demanda, siempre van a encontrar una manera de mover la droga”. Una estrategia más efectiva para intentar frenar el tráfico pasaría por tratar de desmantelar las estructuras organizativas y de blanqueo que lo posibilitan, y no centrarse en “las personas que están operando estas lanchas rápidas, que no son actores de un perfil alto en la logística de la droga en la región”.
Efectivamente, en las narcolanchas no viajan los jefes de las redes del narcotráfico, sino meros esbirros o, incluso, pescadores o contrabandistas contratados ad hoc para realizar un transporte puntual. Es decir, el golpe a la estructura organizativa es mínimo. Y el coste de hacerlo, con un despliegue naval inusitado, enorme. De hecho, gran parte de la flota desplegada inicialmente ha abandonado la zona, empezando por el megaportaaviones USS Gerald R. Ford, que partió hacia el Levante mediterráneo para el ataque a Irán del pasado 28 de febrero.
Las narcolanchas son una fracción del transporte de drogas. Un eslabón más en una compleja cadena de transporte. Se calcula que entre el 75 por ciento y el 80 por ciento de la droga que entra en Estados Unidos lo hace a través de la frontera con México. En muchos casos, se utilizan las redes logísticas comerciales, con cargamentos camuflados entre otros productos, o los servicios de transporte de personas. También es hoy día ya habitual el uso de sumergibles o incluso de drones. Hundir narcolanchas mediante ataques aéreos es un potente golpe de efecto, pero no hay señales de que esté frenando el tráfico de drogas.
Claro que se pueden poner puertas al campo y que se pueden matar moscas a cañonazos, pero tratar de detener el tráfico de drogas cortando sus rutas es, por usar otra manida comparación, como intentar frenar un arroyo con piedras. El resultado es que o busca otros caminos para su cauce o aumenta su caudal. Y, en el caso del narcotráfico, no es algo nuevo. Pablo Escobar escondía cargamentos de droga en los neumáticos de los aviones y se jactaba de que para cuando lo descubrieran, tenía ya preparados varios sistemas igual de ingeniosos para eludir los controles.
En enero, los familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago que murieron en una supuesta narcolancha bombardeada por Estados Unidos el 16 de octubre de año pasado, interpusieron una denuncia en un tribunal federal por homicidio culposo contra el gobierno de Donald Trump. En diciembre, la familia de un colombiano muerto en otro ataque presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
En este caso, fue el especialista en derechos humanos Dan Kovalik, abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien presentó la demanda. Petro había sido muy crítico con los ataques a las narcolanchas hasta, recuerda el profesor Mijares, afincado en Bogotá, “su visita a los Estados Unidos y la promesa de la posibilidad de que le levantaran las sanciones, particularmente que lo sacaran de la lista Clinton”. Así que en Colombia finalmente no se presentó denuncia alguna contra el Ejército estadounidense. Tampoco en Venezuela.
“En Venezuela no se ha presentado ningún tipo de demanda, entre otras cosas porque en el país no hay un sistema judicial efectivo y, al no haber Estado de derecho, no tiene sentido presentar una denuncia”, explica Mijares.
En la primera narcolancha atacada el 2 de septiembre, dos tripulantes sobrevivieron inicialmente. En lugar de rescatarlos y detenerlos, la Armada estadounidense los remató con un segundo bombardeo menos de una hora después. “El secretario Hegseth respalda al almirante Bradley al cien por cien. El almirante Bradley tomó la decisión correcta”, dijo entonces en rueda de prensa la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, insistiendo en que estas acciones “han sido aprobadas por los mejores abogados militares y civiles de toda la cadena de mando”.
No obstante, en los siguientes casos en que hubo supervivientes, quizá por las críticas recibidas, no se les mató. El 16 de octubre, por ejemplo, un ataque contra un semisumergible en el Caribe dejó dos muertos y dos náufragos, que fueron rescatados, interrogados y, luego, repatriados a Colombia y Ecuador. Allí no se les procesó porque los estadounidenses no aportaron prueba alguna de que fueran narcotraficantes. Eso no significa que no las tuvieran: muchas veces no se aportan las pruebas para no comprometer a las fuentes o a los medios por los que se han obtenido.
Un tercer superviviente, en este caso un costarricense que viajaba junto a otros dos compatriotas en otra supuesta narcolancha hundida en un bombardeo el pasado 20 de marzo, también fue devuelto a su país. En este caso, la Fiscalía y las autoridades judiciales se encargaron de las pesquisas iniciales, aunque no hay noticias de que hayan abierto un procedimiento penal.
Entre las propias filas del Ejército estadounidense crece el descontento con esta deriva belicista en la estrategia de la Administración Trump. No hay más que ver la cantidad de altos cargos que han renunciado o que han sido cesados, incluyendo a la cúpula militar, al jefe del Estado Mayor y, también, a tres de los principales asesores jurídicos del Ejército. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejó claro que no quiere en el Pentágono a gente que vaya a obstaculizar los planes del presidente Trump.
Supervielle lamenta que se esté así vulnerando una larga tradición en el Ejército estadounidense, cuyo Cuerpo Jurídico data de la Guerra de Independencia, cuando George Washington solicitó al Congreso que se estableciera una autoridad jurídica militar para garantizar la legitimidad y el control legal de las tropas. Si no, decía, nada los distinguiría de una mera banda de hombres armados. Algo sí los distinguiría en cualquier caso hoy día: la potencia de fuego.
Fuente: Deutsche Welle
