En La Haya hay dos grandes tribunales internacionales que es fácil confundir: por un lado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas, que resuelve conflictos entre Estados y tiene su sede en el histórico Palacio de la Paz. Y, por otro lado, la Corte Penal Internacional(CPI, o en inglés: ICC), que solo desde 2002 lleva ante la justicia a los autores individuales de crímenes de guerra y tiene su sede en un edificio mucho más moderno, construido en cristal y hormigón. Aquí no están representados los 193 miembros de la ONU, sino solo 125 países que se han adherido activamente a la Corte. Además de EE. UU., Rusiay China, faltan sobre todo algunos países de Asia y el norte de África.
Cuando el ministro de Exteriores de EE. UU., Marco Rubio, amenazó recientemente con derribar la Corte "ladrillo a ladrillo", quedó claro, no obstante, que se refería a la CPI. Su ministerio enumeró en un comunicado las medidas que Estados Unidos está barajando para su campaña contra la Corte: entre otras cosas, Estados Unidos podría imponer prohibiciones de entrada a los empleados de la CPI o endurecer las sanciones contra la Corte y las organizaciones asociadas. Incluso se habla de un mayor escrutinio de aquellas naciones "que se niegan a rechazar la falsa autoridad de la CPI y, al mismo tiempo, recurren a la ayuda estadounidense".
Aunque EE. UU. ya ha puesto en jaque a la CPI en múltiples ocasiones, este nuevo giro ha llamado la atención de los expertos en derecho internacional de todo el mundo.
"En el fondo, Estados Unidos y Marco Rubio han hecho público ahora algo que ya lleva ocurriendo desde hace más de un año: que Estados Unidos ejerce presión diplomática sobre otros países mediante los medios más diversos para que modifiquen sus posiciones y, en algunos casos, su comportamiento a la hora de votar en relación con la CPI", opina Andreas Schüller, codirector del programa de Delitos Internacionales y Responsabilidad Jurídica del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) de Berlín.
"Y el hecho de que ahora se declare como una campaña demuestra, por supuesto, una vez más que se trata de una estrategia, que se está ampliando su alcance y que se está incorporando a otros Estados -que tampoco son miembros de la CPI- para que también ejerzan presión", comenta Schüller a DW.
Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional; por lo tanto, los delitos cometidos en su territorio no pueden juzgarse en La Haya. La CPI también es competente cuando se acusa a alguien de haber cometido atrocidades en un país miembro; sobre esta base se dictaron, por ejemplo, las órdenes de detención contra el líder ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
La existencia de la CPI se explica a partir de las lecciones de la historia: tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg contra algunos miembros de la cúpula nazimarcaron, por así decirlo, el nacimiento del derecho penal internacional. Y cuando en la década de los noventa, tras la guerra de Yugoslaviay el genocidio de Ruanda, se celebraron tribunales para juzgar a los criminales de guerra, se hizo eco la demanda de una institución permanente.
Desde el punto de vista de Kai Ambos, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Gotinga, se trata de la "cuestión fundamental de la asunción de responsabilidad", ya sea en Ucrania, en Irán o en Gaza. "No puede ser que se cometan delitos tan graves, sea cual sea el conflicto, y que los principales responsables -que son, sobre todo, los jefes de Gobierno y otras figuras de liderazgo- queden impunes. Simplemente, no ocurre nada. Esto es inaceptable para las víctimas, pero, en realidad, también para todos nosotros", dice Ambos a DW.
En un breve discurso en video, Marco Rubio afirmó que la Corte supone una amenaza para todo el sistema jurídico de EE. UU.: "Los agentes de la guardia fronteriza que expulsan a delincuentes violentos de nuestro país. Los marines estadounidenses que arriesgan sus vidas para defender nuestro país. (…) Si permanecemos inactivos, todos ellos quedarían a merced de jueces extranjeros a miles de millas de distancia", subrayó el secretario de Estado de EE. UU.
No hay ningún proceso pendiente contra ciudadanos estadounidenses ante la CPI. La actuación de los agentes de la ICE tiene lugar principalmente en Estados Unidos; la CPI no tiene competencia allí. La situación es diferente en el caso de los asesinatos selectivos de presuntos traficantes de drogas en el Caribe: el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, ya los calificó en noviembre como un posible crimen contra la humanidad.
El experto del ECCHR, Schüller, ve muchas pequeñas oportunidades de apoyo por parte de los Estados miembros. "Si las potencias medias y los Estados más pequeños se alían contra EE. UU. y se unen como pilar de las instituciones internacionales para plantar cara, eso es lo más importante".
Así, la UE respaldó a la CPI inmediatamente después de las amenazas de Rubio. Y también el ministro federal de Exteriores alemán, Johann Wadephul, salió en defensa del tribunal, que hace del mundo un lugar "más seguro y más justo".
Por cierto, en 2022, a la luz de la invasión total de Rusia en Ucrania, el Senado de EE. UU. también compartía esta opinión. En una resolución se reconoció a la CPI como "tribunal internacional que pretende mantener el imperio de la ley" y se acogieron con satisfacción las investigaciones contra Rusia. Uno de los coautores del texto presentado por el senador republicano Lindsay Graham, recientemente fallecido, fue el actual ministro de Exteriores de EE. UU., Marco Rubio.
Fuente: Deutsche Welle
