Tras las recientes acciones de la Policía Nacional para bajar la alta ola delictiva y en los que diversas personas presuntamente ligadas a hechos cuestionados han perdido la vida, legisladores respaldan las medidas del cuerpo del orden.
Para la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Kenia Bido, las autoridades no pueden permitir que grupos de desaprensivos “secuestren la nación”.
“No podemos dejar que la delincuencia secuestre la nación, no podemos dejar que la delincuencia aterrorice a los ciudadanos. Entonces el Gobierno y las autoridades debemos de apoyarlos, porque por un lado estamos criticando que la policía no hace nada, que no vemos patrullaje y que no vemos respuesta, y por otro cuando ocurren hechos donde la policía debe defenderse, defender la ciudadanía entonces los criticamos. Tenemos que ser coherentes, apoyar las autoridades y apoyar los hombres y mujeres de buena voluntad de este país”, manifestó la legisladora.
En tanto, para el veterano legislador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro Silverio, las medidas implementadas por la Policía Nacional son producto de una “respuesta forzada por la delincuencia”.
“Una respuesta forzada por la delincuencia y por la presión de la sociedad que está sintiendo que realmente está desprotegida. Entonces las autoridades han reaccionado ante esa emergencia que obligatoriamente se ha presentado en el país”, indicó Castro Silverio.
De su lado, el exsenador César Yayo Matías, externó su respaldo a las medidas del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader.
“Yo creo que el señor presidente ha dejado claro que los delincuentes van para la cárcel o para la tumba (…) No podemos permitir que el pueblo esté trancado y los delincuentes en la calle. Apoyamos las medidas que se han adoptado. Es hora de actuar con mano dura”, dijo Yayo Matías.
Se recuerda que recientemente alrededor de seis presuntos delincuentes la conocida banda “Los 30/30” o “Los Papo Trenza”, perdieron la vida en un intercambio de disparos con agentes del orden en el municipio Los Alcarrizos, lo que a su vez provocó la reacción de rechazo por parte de representantes de los Derechos Humanos en el país.
