Durante 30 meses de administración del Gobierno, el presidente Luis Abinader ha defendido los intereses, identidad y soberanía dominicana en todos los escenarios nacionales e internacionales. También ha escuchado atento la opinión de los ciudadanos cuando ha tenido que adoptar decisiones que resultan en desacuerdos públicos, rectificando y suspendiendo todo plan en curso sobre alguna iniciativa de orden social, económico o político.
Abinader no ha impuesto cuestiones nacionales mediante medidas de fuerza ni ha concertado acuerdos lesivos al destino de los dominicanos y la existencia de la nación. Contrario a esto, el mandatario ha enfrentado con valentía presiones de organismos internacionales que han pretendido imponer o trazar pautas a cuestiones de principios constitucionales y reglamentos internos.
Cuando la integridad del país, su Constitución y reglas de conducta y ordenamiento de la nación han estado en juego, la voz de Gobierno ha repicado en todos los ámbitos, interno y externo. Frente a estas eventualidades, el mandatario ha reiterado con firmeza la condición de nación independiente que define su propio rumbo y no permite injerencias exteriores.
La dignidad de nuestro país y el bien colectivo han primado en todas las instancias, dando un giro al pasado que actuaba de espaldas a los ciudadanos y se imponía por medio de la arrogancia y el avasallamiento político.
Ahora, ante la acometida alarmista que presenta como un plan malvado contra la nación el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que cursa actualmente en el Senado, hay una falta a la verdad y a los sentimientos patrios mostrado por las autoridades. No hay constancia de que el Gobierno cambie su dirección como protector de la dignidad de su pueblo ni hay manera de que actúe de espaldas al pueblo soberano al que representa.
Lo que el pueblo decida es lo que habrá de primar, por mucho que sectores políticos, frustrados y comprometidos con la corrupción, pretendan desacreditar y colocar una cortina de infundios contra el gobierno. No debe abrigarse temor alguno en la población respecto a que República Dominicana abrirá así, simple y llano, sus puertas para crear campamentos de refugiados financiados con el dinero del pueblo.
Una propuesta no es una imposición, ni un dictado autoritario, ni una ofensa, ni una deslealtad, ni una mancha. Del debate de las ideas sale siempre lo mejor bajo las reglas del sistema democrático.
No hay motivos para pensar que el país sucumbirá ante una coyuntura, sean simples o complejos los sucesos, porque República Dominicana, heredada del sacrificio de los padres de la Patria, siempre estará presente entre los gestores del actual proceso de desarrollo, libertad y justicia que disfrutan sus ciudadanos. Pero sectores que durante décadas vivieron de espalda a sus ciudadanos y se enriquecieron a base de la sustracción de los dineros públicos, o acomodaron la justicia y otras instancias para zafarse del castigo por sus delitos, tratan ahora de pescar en río revuelto cuando el dedo acusador del país no les deja paz ni respiro.
La defensa de la soberanía y la integridad del territorio dominicano seguirá blindada, bajo el mandato noble y transparente de un Gobierno apoyado por su pueblo.
ListinDiario/Juan José de la Llera
