Opinión por Juan Bolivar Diaz
La herencia que recibirá en una semana el gobierno que encabezará el economista y empresario Luis Abinader es tan pesada que podría consumirle por lo menos su primer año de gestión en contener la expansión del coronavirus y reparar sus graves consecuencias económicas y sociales, y aumentar las recaudaciones, para lo cual tendría que apelar a una gran concertación social.
Pero al mismo tiempo, para responder a las expectativas de cambio que desató la avalancha de votos que le ha dado el control de los poderes públicos podría realizar una transformación del Estado, afianzando la institucionalidad democrática, y suprimir la malversación, la corrupción y la impunidad, lo que a la vez le aportaría mayores recursos para atender las prioridades.
Administrar una crisis
Cinco meses después de la detección del covid-19 en el país, y a pesar de que durante diez semanas rigió un estado de excepción con casi todas las actividades paralizadas y restricciones de circulación y reuniones, más otras dos semanas con toque de queda a partir del 21 de julio, la pandemia sigue ganando terreno por todo el país, especialmente en los grandes centros urbanos, habiendo cobrado la vida de 1,759 personas de 77 mil 709 contagiados. La curva de ascenso nunca ha tenido una infección, lo que se atribuye a un pésimo manejo por parte de las autoridades que politizaron la crisis.
El primer desafío del nuevo gobierno será quebrarle las piernas al coronavirus, en lo que tendrá que invertir los mayores y más eficientes esfuerzos y recursos desde el primer día, para preservar la salud y salvar vidas, convocando a toda la sociedad organizada a una batalla crucial para crear las condiciones que permitan una pronta reanudación de todas las actividades productivas, educativas y sociales.
Urgente para iniciar el rescate de la importante industria turística de la que dependen 350 mil empleos directos y más de medio millón indirectos e inducidos, que genera casi 8% del PIB, consume el 36% de la producción agropecuaria y aporta el 25% de las divisas.
El más convencido de la gravedad de la situación es Abinader, tanto que en la entrevista que concedió al director del diario El Día, José Monegro, resaltó la gravedad de la situación de salubridad, económica y social, reconociendo que “lo que vamos es a administrar una crisis”. Se ha escuchado decir que de inmediato tendrán que buscarse entre 200 y 250 mil millones de pesos adicionales para los requerimientos sanitarios y sociales del último cuatrimestre del año.
Un daño incuantificable
Un economista consultado estima que todavía no se puede cuantificar la magnitud del daño que la pandemia dejará a la economía nacional, al no verse aún su horizonte de contención, mientras ya esta semana el Banco Central informó que el descrecimiento económico de la primera mitad del año fue menos 8.5% del PIB, aunque la crisis comenzó entrado ya el tercer mes. Lo único que se ha salvado son las remesas con asombroso incremento de 17.9 y 25.7 en mayo y junio, cuando la pandemia sembraba espanto y enorme desempleo en Estados Unidos y España, de donde provienen más del 80%.
El informe del Banco Central se concentra en los estímulos monetarios y financieros dispuestos para amortiguar los efectos de la pandemia por 190 mil millones de pesos, de los que solo han sido colocados 97 mil millones, quedando disponibles otros 93 mil millones de pesos. Sostiene, pero sin indicar montos, que las finanzas públicas han sido afectadas “significativamente” por la caída de los ingresos fiscales, por la ralentización de la economía, y el incremento del gasto para preservar el empleo y atender la salud.
Pero economistas como Nelson Suárez sostienen que las recaudaciones han caído en casi 100 mil millones de pesos en relación a lo proyectado en el presupuesto del 2020. Una encuesta del Ministerio de Industria y el INTEC arrojó que más de la mitad de las empresas que debieron cerrar no volverán a abrir, de servicios profesionales, salones de belleza, restaurantes, bares y de alimentos preparados.
La Federación Dominicana de Comerciantes dijo esta semana que más de 18 mil tiendas de souvenirs para turistas están cerradas, que las ventas en general han caído en 40%, y en renglones como muebles, electrodomésticos y hotelería y restaurantes hasta 90%. Y las estadísticas del ministerio de Trabajo mantienen más de un millón de empleos suspendidos.
Muchos miles de millones
Desde la campaña del 2016 la comisión de Políticas Públicas del PRM, bajo la dirección del anunciado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, estimó en decenas de miles de millones de pesos lo que podría ahorrarse con la eliminación de organismos inoperantes y reunificación de muchos otros, reducción del dispendio y del clientelismo generalizados, a lo que ahora se sumaría una política de estricto control del gasto.
Los estimados sobre el costo anual del dispendio, la ineficiencia y la corrupción han variado, desde el 3.8 por ciento del PIB en un estudio del BID, hasta 70-80 mil millones de pesos por parte de la oficina local de Oxfam, pero en cualquier caso el gobierno de Abinader ha planteado una profunda revisión de la malversación, no para disminuir el gasto, que en las actuales circunstancias sería contraproducente, sino para mejorar su calidad y atender a las imperiosas necesidades de la salud y al estímulo a la reactivación económica, particularmente de las microempresas, severamente golpeadas por la crisis.
La corrupción e impunidad
Si algo tendrá que responder el nuevo gobierno es a la expectativa por el compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, banderas que movilizaron a cientos de miles de personas en la marcha verdes del 2017-18 y que se convirtió en un lastre del que el régimen saliente no pudo librarse. De ahí el anuncio de que se buscará un ministerio público independiente del poder político para que aplique la ley.
Abinader comenzó designando a la doctora Milagros Ortiz Bosch, ícono de la honestidad en la política nacional, como directora del Consejo Nacional de Etica, Transparencia y Prevención de la Corrupción, y a Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana y experto en transparencia, como director general de Compras y Contrataciones.
El presidente electo ha dicho que no habrá retaliación, pero tampoco borrón y cuenta nueva, y se deberá investigar toda denuncia de corrupción, pasada o nueva, tratando de satisfacer una de las mayores preocupaciones registradas en las encuestas de los últimos años. Es obvio que algunos de los escándalos de corrupción de los gobiernos peledeístas no podrán ser suficientemente documentados, pero hay algunos que están a la vista de todo el que quiera verlos. Tal es el caso de los sobornos de Odebrecht, escasamente investigados.
Al respecto y como ejemplo está “a tiro de hit” la denuncia documentada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de que en los libros de Odebrecht existe un registro de 28 seudónimos, por ellos nombrados, de personas que recibieron 39 millones de dólares como soborno para la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, y 16 millones de dólares más para otras obras del gobierno de Danilo Medina. La empresa no desmintió el informe y se limitó a decir que había entregado toda la información al respecto, y estará obligada a identificarlos, en virtud del acuerdo suscrito con el Estado para evitar que fuera procesada a raíz de las revelaciones de sus sobornos.
Como la triple crisis sanitaria, económica y social no permitirá transformaciones de fondo en esos ámbitos fundamentales, por lo menos en un año, el nuevo gobierno tendrá que satisfacer la expectativas de cambio en los aspectos de las reformas del Estado, la institucionalidad democrática, el dispendio, la corrupción y la impunidad. No tendrá alternativas.
