A principios de agosto de 2016, circulaba en Alemania un concepto de moda que marcaría los debates políticos y sociales en este país durante muchos años: la "sociedad dividida".
Por un lado, todavía había muchas personas que se aferraban a la cultura de acogida a los refugiados que llegaban al país, a quienes el año anterior se había recibido con ositos de peluche en las estaciones del ferrocarril.
Pero, al mismo tiempo, mucha gente era cada vez más escéptica con respecto a los inmigrantes y extranjeros, no solo por las agresiones sexuales cometidas en Colonia por jóvenes con trasfondo migratorio en la Nochevieja entre 2015 y 2016.
La gran coalición de gobierno de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU) junto con el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), bajo la égida de la canciller Angela Merkel, intentó apaciguar el polarizado ambiente en Alemania con una Ley de Integración que debía satisfacer a ambas partes con el principio rector de "Apoyar y exigir" ('Fördern und fordern').
"Para alguien que piensa en términos de política regulatoria, esta ley de integración supuso demasiada apoyo, mientras que, al mismo tiempo, exigía muy poco. Por ejemplo, que un procedimiento de asilo con resultado negativo no tiene por qué conllevar la salida del país y queda postergado. Para alguien que enfoca la cuestión principalmente desde la perspectiva de la integración, en cambio, las exigencias resultaban excesivas, especialmente en el caso de la tolerancia por motivos de formación, y considera que son demasiados requisitos para una integración exitosa", dice a DW Holger Kolb, jefe del Departamento de Informes Anuales en la oficina del Consejo de Expertos en Integración y Migración (SVR).
Lo de "apoyar" significó un enorme aumento de los cursos de integración y de idioma alemán, la rápida admisión de los recién llegados al mercado de trabajo y, sobre todo, la introducción de la regulación llamada 3+2, la suspensión temporal de la deportación por formación profesional para los refugiados cuya solicitud de asilo hubiera sido rechazada. En vez de tener que abandonar Alemania, se les permite completar tres años de formación profesional y dos años de empleo posterior en la profesión aprendida.
Lo de "exigir", por otro lado, significaba que se les exige la participación activa en los cursos, se sanciona la negativa a las medidas de integración con recortes en las prestaciones y se les asigna un lugar de residencia que busca evitar la concentración en las grandes ciudades y distribuir equitativamente a los refugiados por toda Alemania.
El requisito de residencia es una medida que ha dañado enormemente la integración, afirma a DW Herbert Brücker, jefe del Departamento de Migración, Mercado Laboral y Economía del Instituto Berlinés para la Investigación Empírica de la Integración y la Migración (BIM).
"Lo hemos evaluado y hemos encontrado que este 'requisito de residencia' en zonas regionales ha reducido las tasas de empleo entre cinco y diez puntos porcentuales. Porque hemos distribuido a las personas que han llegado en una medida superior a la media entre regiones estructuralmente débiles y con alto desempleo. Si mantenemos a la gente en regiones cuyas economías no marchan tan bien, esto, por supuesto, también tiene un impacto negativo para la integración en el mercado laboral".
Brücker, por otro lado, valora positivamente la estancia tolerada de refugiados para la formación: todas las partes se han beneficiado de la medida, señala. Alemania, como país de acogida, los propios refugiados, pero, por supuesto, también las empresas, dice. A su juicio, siempre tiene sentido dar a las personas que se integran bien una perspectiva de quedarse: invierten más en el idioma y el empleo y acaban aportando a los sistemas de seguridad social.
Y de todos modos, la integración en Alemania no va tan mal como se suele decir, aunque los refugiados tarden mucho más en integrarse en el mercado laboral que otros migrantes. "Diez años después de su llegada, ahora también observamos entre ellos tasas de empleo del 65 al 67 por ciento, un tres por ciento menos que la media de la población. Y esto nos sitúa en a la cabeza en Europa, junto con Noruega. Esto también tiene que ver con el hecho de que hemos ofrecido cursos de integración, programas de idiomas y medidas de capacitación para promover sistemáticamente la integración".
Por eso, Brücker también critica la medida originalmente prevista por el Ministerio Federal del Interior y la Oficina Federal para Migración y Refugiados (BAMF), que iba a restringir el acceso a los cursos gratuitos de integración a personas con "perspectivas positivas de quedarse". Finalmente, tras masivas protestas de asociaciones, sindicatos y estados federales, el gobierno dio parcialmente marcha atrás. Desde junio de 2026, ucranianos y ciudadanos de la Unión Europea pueden volver a participar en los cursos, incluyendo personas sin perspectivas seguras de quedarse.
"Por supuesto, los fondos para los cursos de integración pueden recortarse un poco, pero no tanto como se ha hecho. Esta es una medida muy poco inteligente, si se me permite decirlo claramente". Los cursos de integración son un instrumento relativamente económico para la integración, según Herbert Brücker. "Aumentan las tasas de empleo entre cinco y diez puntos porcentuales después de que la gente completa el curso. Recortar la financiación de los cursos de integración retrasa la inclusión en el mercado laboral y prolonga la recepción de prestaciones. Esto no solo no ahorra dinero, sino que nos cuesta mucho dinero".
Si Brücker pudiera afinar la Ley de Integración, relajaría el requisito de residencia tras completar los trámites de asilo, iniciaría los cursos de integración tan pronto como un mes después de la llegada y aceleraría los procedimientos de asilo para integrar más rápidamente a las personas con estatus de protección y, al mismo tiempo también, poder deportar más rápidamente a quienes no lo tienen. Holger Kolb, del Consejo de Expertos en Integración y Migración, sin embargo, aboga por una mayor coordinación entre los gobiernos federal y estatal y una simplificación del marco regulatorio.
La Ley de Integración de agosto de 2016, concluye Kolb, en realidad lleva un nombre que no merece. "Se espera que una ley de integración proporcione una regulación integral de la integración de las personas que están aquí. La Ley de Integración se centra en realidad en las personas que han llegado como refugiados. Una mejor gestión de las expectativas habría sido más sensata, junto con unas regulaciones que indicaran de forma mucho más clara y fácil quién y bajo qué condiciones tiene tales o cuales posibilidades de integración".
Fuente: Deutsche Welle
