“En los últimos tres meses, las autoridades de Venezuela han adoptado medidas que pocos habrían anticipado. Entre ellas, la aprobación de una Ley de Amnistía. Se trata, sin duda, de un instrumento imperfecto, de alcance limitado y que excluye causas políticas clave, pero también constituye un paso necesario que representa un cambio significativo hacia la restauración de las libertades civiles”, afirmó en la Eurocámara Hadja Lahbib, comisaria europea de Ayuda Humanitaria e Igualdad.
Se trataba de un debate que tuvo lugar el 29 de abril de 2026, con una resolución aprobada el día siguiente en el Parlamento Europeo que, en teoría, denunciaba las falencias de esa ley, pero que, en realidad, rompía el silencio que reinaba sobre el tema Venezuela.
A pesar de lo variopinto de las posiciones de los grupos políticos europeos, gran mayoría de la Eurocámara (con 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones) aprobó el texto, enfocado en la amnistía a todos los presos políticos y en la reafirmación de la voluntad europea por acompañar al país en su camino hacia una transición democrática.
¿Dónde están las falencias de la Ley de Amnistía? DW busca respuesta en organizaciones de la sociedad civil venezolana, y es bastante más compleja que falta de libertad de los 473 presos políticos que aún están detenidos.
Si bien se denomina Ley de Amnistía para la Reconciliación y la Paz, “los que promueven, desde el poder, la enfocaron más como una concesión de perdón, en lugar de entenderla como un proceso histórico y político de reconciliación”, explica a DW Óscar Murillo, director de Provea.
Por otro lado, “al comienzo se habló de que el proceso abarcaría desde el año 1999 hasta el 2026. Pero cuando se describen concretamente los hechos amnistiables, hay alrededor de 12 o 13 años que quedan fuera. Eso genera un exceso injustificado de exclusiones”, sigue Óscar Murillo.
Otra falencia de la Ley de Amnistía es la conformación de la Comisión de Verificación. “En vez de estar conformada por sociedad civil, Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos o la Iglesia, quedó configurada por los mismos diputados que aprobaron la ley. Esto, como decimos en Venezuela, es como despacharse y darse el vuelto”, afirma Óscar Murillo.
Hay que recordar que la ley no contempla solamente excarcelación de personas detenidas, sino sobreseimiento de causas penales. “Aunque dicen haber respondido a más de 8.000 solicitudes, nosotros, respetuosa y responsablemente, afirmamos que no podemos confirmarlo”, subraya el director de Provea.
En cualquier caso, “decenas de personas presas políticas, que cumplen con los requisitos legales, han visto sus solicitudes rechazadas, en lo que parece ser una aplicación selectiva y politizada de la Ley. Esta excluye prácticas que han sido parte central del aparato represivo estatal. Incluso después del 3 de enero, el sistema judicial venezolano sigue sin ofrecer garantías procesales y sin proteger los derechos fundamentales”, confirma a DW María Pía Alvira, directora del Departamento de América Latina de Civil Rights Defenders, preocupada también por el anuncio de que la ley ya no se aplicará más.
Hasta el momento, poco se había escuchado en Bruselas acerca de lo sucedido el tres de enero de 2025, cuando en un despliegue militar estadounidense, Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores, fueron capturados y trasladados a una prisión a Nueva York.
En la búsqueda de un consenso para esta resolución en el Parlamento Europeo fue inevitable mojarse: lo ocurrido en Caracas fue denominado secuestro, acción militar, interferencia militar, captura o simplemente no fue nombrado. Esto, acompañado de acusaciones de querer “blanquear” a alguno de los implicados,Delcy Rodríguez, Donald Trump, Nicolás Maduro, caldean los ánimos en una Eurocámara en la que, desde hace muchos años, Venezuela no deja indiferente a nadie.
“Sinceramente, el debate me parece extraño”, comenta a DW Catarina Vieira, ponente de la resolución sobre la Ley de Amnistía por la bancada ecologista. “Existen normas en el sistema de Naciones Unidas. Incluso si se trata de derrocar a un dictador, el método de entrar a un país e irse con él es contrario al derecho internacional. No puede estar a discusión. Lo que realmente necesitamos es que Venezuela avance hacia la estabilidad y hacia elecciones libres y auténticas. Que el pueblo venezolano pueda elegir su futuro y que todos los presos políticos sean liberados”, agrega la eurodiputada por Países Bajos.
“Apoyamos, sin duda, que todos los presos políticos sean liberados”, comenta a DW Iratxe García, jefe de la bancada socialista europea. Y echando la vista atrás, subraya: “El Gobierno de España es el que más se ha preocupado por los venezolanos en el exterior: tanto con su regularización como con la situación de los exiliados políticos”.
En cualquier caso, la defensa de la amnistía para todos ha sido el mínimo común denominador entre diversos grupos de la Eurocámara. No así, el levantar o no las sanciones, ni cuándo.
¿Conviene levantarlas para mantener presencia y canales de diálogo como afirman algunos? “Las sanciones personalizadas son de gran interés para los que siguen en el Gobierno del país. Es la carta bajo la manga de la UE: debería usarla para entrar en la cancha y presionar la apertura de canales de reformas políticas, comenzando por liberar a todas las personas detenidas por disentir o simplemente expresarse en Venezuela”, responde a DW Óscar Murillo, el director de Provea.
En cualquier caso, “los actores democráticos venezolanos miran a Europa no solo en busca de apoyo, sino también de una asociación sólida. Las autoridades venezolanas quieren el diálogo. En una región donde la influencia geopolítica es cada vez más disputada, nuestra presencia —o nuestra ausencia— tendrá un impacto determinante en la evolución de los acontecimientos. Europa no puede permitirse estar ausente”, subrayó la comisaria Lahbib, anunciando que en mayo los jefes de Estado y de Gobierno de la UE comenzarán la discusión sobre el levantamiento de las sanciones a 69 personas del régimen venezolano.
Fuente: Deutsche Welle
