Opinión por : Antonio Almonte
Es fácil comprender el principio de que los derechos ordinarios son inferiores que el derecho a la vida y el derecho a la protección de la salud, más o menos.
Ese principio fundamenta el pedido de estado de excepción en cualquier régimen democrático y, además, explica su acogida por parte de los ciudadanos, siempre y cuando esa disposición constitucional extrema se proponga en un contexto de clara emergencia nacional, sea de origen natural o social y político.
Ahora bien, es también una responsabilidad trascendente de los gobernantes democráticos y de los partidos políticos “leales a la democracia” [Linz, J], preservar a toda costa el orden constitucional establecido, orden que garantiza el disfrute de los derechos ciudadanos que tipifican una sociedad democrática liberal, decente y civilizada.
La gran diferencia entre la República Dominicana y la mayoría de las naciones latinoamericanas es que la pandemia del nuevo coronavirus nos ha tocado en un momento político electoral extremadamente delicado y especial.
Especial porque los constitucionalistas de la reforma del 2010 previeron todo, menos la posibilidad de que no se celebraran las elecciones presidenciales antes de la fecha constitucional prevista para el traspaso de mando que es el 16 de agosto.
Esa circunstancia indica que si se presentare el Cisne Negro de arribar a agosto sin un presidente electo nadie puede asegurar que va a ocurrir en el país después del 16 de agosto, puesto que la constitución no lo dice. Lo dicho y escrito a diario por algunos abogados esta tan mediado por intereses no jurídicos que apenas si pudieran ser considerados como pautas de solución política plausibles para todas las partes.
Es especial momento porque sumando las preferencias del PRM, Fuerza del Pueblo, el PRSC y los partidos menores de la oposición se acumula más del 70% de la voluntad de los dominicanos por un cambio urgente de partido en el gobierno.
Esa voluntad se ha expresado como grandes estallidos de movilizaciones ciudadanas.
La vacuna pues, contra una pandemia política constitucional es ayudando a que se celebren las elecciones presidenciales el cinco de julio. ¡Cero inventos!
Por : Antonio Almonte
_______________
Fuente : El Nacional
