“Somos amigos de la Unión Europea. Admiramos su papel en la defensa de los derechos humanos”, dijo a DW José Daniel Ferrer, secretario general de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). “Pero nos duele que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana no solo nos afecta a nosotros, los cubanos, sino a los propios europeos. Porque el régimen va a caer y, cuando caiga, el pueblo cubano va a saber quiénes le acompañaron, quiénes le ayudaron y quiénes fueron, de una u otra manera, demasiado cercanos o incluso cómplices del régimen”, advierte el disidente cubano, ahora en el exilio en Miami.
En opinión de José Daniel Ferrer, tanto mantener el acuerdo como no sancionar a miembros del Gobierno de La Habana es una forma de complicidad con, por ejemplo, la situación carcelaria cubana.
La Unión Europea firmó en 2016 el acuerdo con el Gobierno de Cuba para facilitar el diálogo político y la cooperación. Este enterró veinte años de “Posición Común” (1996-2016), una política restrictiva que condicionaba el diálogo a avances democráticos en la isla.
Cabe recordar que, a pesar de ello, la ayuda humanitaria europea siempre estuvo presente en Cuba y que, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la UE vota anualmente a favor de levantar el embargo impuesto en 1962 por Estados Unidos. Este fue endurecido con la Ley Helms-Burton (1996), posteriormente, con la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Países Patrocinadores del Terrorismo (2021-2025) y, más recientemente, con el bloqueo energético decidido por la administración Trump.
En esta situación, Bruselas acaba de anunciar, el 5 de mayo de 2026, a través de su agencia de ayuda humanitaria (ECHO), 2,85 millones de euros adicionales a los 2 millones destinados en abril para atender a las víctimas de recientes fenómenos meteorológicos y de la crisis energética.
Estos fondos están gestionados por el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas. Por otro lado, hay que recordar que esto es independiente del programa de cooperación de la UE, que, para el período 2021-2027, prevé 125 millones de euros para transición energética, seguridad alimentaria y apoyo al sector biotecnológico.
¿Por qué, entonces, disidentes como José Daniel Ferrer y ciertos grupos del Parlamento Europeo presionan para suspender el acuerdo de 2016?
“Es muy claro: el diálogo político lamentablemente no ha llevado a cambios positivos en la isla”, responde Davor Ivo Stier, eurodiputado por Croacia del bloque conservador, a DW. “El régimen controla también lo que deberían ser organismos independientes de la sociedad civil, pero no lo son”, añade Stier en referencia a organismo controlados desde La Habana.
En el encuentro en la Eurocámara, el 5.05.2026, se presentó también el último informe (abril de 2026) sobre Cuba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se alerta de una profunda crisis humanitaria.
“Sí, pero ahí es donde se desvían los recursos”, explica a DW Carolina Barrero, directora de Ciudadanía y Libertad, una organización de la sociedad civil cubana que opera desde España y Estados Unidos.
“Al ser canalizada esa ayuda mediante las estructuras estatales, no hay trazabilidad: se desvía, y se refuerzan estructuras corruptas”, afirma Barrero, quien propone que las Iglesias sean las que distribuyan los fondos, y no los socios del Sistema de Naciones Unidas.
Cabe recordar que el acuerdo de cooperación y diálogo con Cuba, como otros acuerdos de la UE, incluye cláusulas sobre respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos.
Así, por ejemplo, tanto con México como con los países centroamericanos y andinos existe un recurrente “diálogo estructurado sobre derechos humanos”. Y aunque siempre vuelven a escucharse voces que piden suspender uno u otro por graves violaciones a los derechos humanos, esto no ha ocurrido. Por ejemplo, Nicaragua sigue integrando el Acuerdo de Asociación, a pesar de las vulneraciones a la democracia y a los derechos de su población.
“Tenemos muchos acuerdos de este tipo con muchos países”, subrayó en el debate Ignacio Sánchez Amor, eurodiputado por España del bloque socialdemócrata. En este sentido, surge la pregunta: ¿por qué pedir suspender el acuerdo con La Habana y no el de Managua?
“El acuerdo que tenemos con América Central es más amplio: incluye a Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala. En ese marco, sí tiene sentido mantener el diálogo político previsto en el acuerdo. No obstante, el Parlamento Europeo sí se ha pronunciado sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos en Nicaragua, también en la Estrategia para América Latina de la que fui ponente”, señala Davor Ivo Stier.
Como fuere, si bien la cláusula democrática no se ha activado nunca para suspender ningún acuerdo, desde diciembre de 2020 la UE dispone de otro instrumento de sanción para graves violaciones de derechos humanos —genocidio, tortura, ejecuciones arbitrarias— en países terceros.
Si bien incluye la figura de obstrucción a la democracia, como la Ley Magnitski de Estados Unidos, creada en 2012, no incorpora casos de corrupción. Se trata de sanciones personalizadas que prevén la congelación de bienes en todos los países de la UE y la prohibición de entrar en territorio comunitario.
Cabe destacar que, en América Latina y el Caribe, personas y entidades de Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Haití están en la lista de sancionados. Y, a pesar de que no hay cambios democráticos sustanciales en Caracas, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE abren este mes la puerta a levantar las sanciones.
Así las cosas, José Daniel Ferrer aboga por que en Cuba se repitan los sucesos del 3 de enero en Caracas. Por el contrario, “los cubanos no depositamos nuestras esperanzas de cambio fuera de la isla”, afirma Carolina Barrero, becaria de la Red de Premios Sájarov a la Libertad de Conciencia. “No pedimos a los europeos que vayan a arreglarnos la vida. Sí les pedimos que hagan presión y demuestren coherencia en su política exterior”, concluye.
Fuente: Deutsche Welle
