Por Juan Bolívar Díaz
Esa negligencia contrasta con el hecho de que RD fue, después de Venezuela, el país donde Odebrecht confesó mayor monto de sobornos, con 92 millones de dólares. Mientras en Perú sólo 29 millones y en Colombia 11 millones de dólares, 35 millones en Argentina y 59 millones de dólares en Panamá. Eso aparte de que aquí fue trasladado el departamento de sobornos de la empresa, cuando las autoridades brasileñas empezaron a desenvolver la mayor corruptela transnacional conocida. Y, por demás, que desde un despacho en el palacio presidencial dominicano fue que salieron presos los agentes de campañas electorales de Odebrecht Joao Santana y Mónica Moura, condenados por la justicia de Brasil.
Fuimos muchos los dominicanos y dominicanas que experimentamos un sentimiento mezcla de pena y vergüenza al ver este lunes “El Informe de Alicia Ortega” realizado en Brasil, al comprobar una vez más que el Ministerio Público nacional en vez de hacer esfuerzos reales y profesionales para establecer las responsabilidades del escándalo Odebrecht, está empeñado en ocultar evidencias, bajo un manto de impunidad.
Fueron excesivas las expectativas de quienes esperaban que la acuciosa periodista iba a servirnos la identificación de los 28 seudónimos de quienes recibieron más de 55 millones de dólares en sobornos relacionados con los contratos de Punta Catalina y siete obras viales, porque esa información sólo la puede recabar directamente de Odebrecht o ante las autoridades de Brasil, la Procuraduría General de la República, cumpliendo los protocolos internacionales y mediante acuerdos legales.
Pero el programa fue rico en información, cuando escuchamos a fiscales de Brasil y Perú darnos cátedras sobre cómo actúa un ministerio público profesional y sobre todo independiente de los poderes de turno, sobre sus responsabilidades en la persecución de todo tipo de crímenes y delitos, como fundamento del orden social, constitucional y democrático.
Particularmente fue relevante saber que los investigadores peruanos han ido innumerables veces a Brasil para recabar informaciones y confrontar pistas, lo que les ha permitido imputar por la corrupción de Odebrecht a figuras tan relevantes como tres expresidentes, uno de los cuales optó por el suicidio antes que por enfrentar a la justicia, así como a quien fuera la principal alternativa presidencial en las dos últimas elecciones peruanas, Keiko Fujimori.
Vale considerar que los fiscales peruanos han realizado 191 solicitudes de información al Ministerio Público de Brasil, razón por lo que encabezan en éxito investigativo a la docena de países donde campeó la corrupción de la constructora brasileña. Le siguen Argentina, Panamá y Colombia, todos con más de una veintena. En cambio la Procuraduría General dominicana sólo ha formulado cuatro.
Esa negligencia contrasta con el hecho de que RD fue, después de Venezuela, el país donde Odebrecht confesó mayor monto de sobornos, con 92 millones de dólares. Mientras en Perú sólo 29 millones y en Colombia 11 millones de dólares, 35 millones en Argentina y 59 millones de dólares en Panamá. Eso aparte de que aquí fue trasladado el departamento de sobornos de la empresa, cuando las autoridades brasileñas empezaron a desenvolver la mayor corruptela transnacional conocida. Y, por demás, que desde un despacho en el palacio presidencial dominicano fue que salieron presos los agentes de campañas electorales de Odebrecht Joao Santana y Mónica Moura, condenados por la justicia de Brasil.
Todo el que quiso ver y oír del Informe de Alicia debió llegar a la conclusión de que los fiscales de Brasil y Perú entrevistados al respecto, le dijeron al Ministerio Público lo que tiene que hacer si quiere que la corrupción de Odebrecht no quede en la impunidad. Lo hicieron con elegancia, pero claramente explícito.
Y por aquí, muchos sin ser siquiera abogados, han entendido que desde el principio el Ministerio Público hizo todo lo posible por no encontrarse con la mayor parte de la verdad del escándalo, sobre todo en lo que apunta al gobierno al que se debe sin ningún rubor. También es de elemental inteligencia, que el Procurador Jean Alain Rodríguez, podría liberarse del ridículo y la complicidad, con sólo pedirle a Odebrecht que le diga a quiénes corresponden los 28 seudónimos de sobornados recién revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esa empresa está obligada por el acuerdo de lenidad firmado entre las partes.
La constructora no ha negado la veracidad de los documentos revelados y reiteró que toda la información ha sido puesta en manos de las autoridades judiciales de Estados Unidos y Brasil, y de los países con quienes suscribió acuerdos de lenidad, que es el caso dominicano. Por lo que hay razones para creer que la información está en manos de la Procuraduría.
Como lección para todos, quedan los cinco ingredientes que señaló el fiscal peruano, como básicos para combatir la corrupción: valentía y firmeza, experiencia investigativa, conocimiento de las normas y el entorno internacional, paciencia, y respaldo y legitimidad social.-
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Fuente Acento
