El desprestigio de la justicia dominicana pocas veces había llegado a niveles tan bajos como los que registra ahora.
En las evaluaciones internacionales hemos alcanzado las peores calificaciones al valorar la independencia del poder judicial y la corrupción con la que se coaligan los organismos más importantes del poder judicial.
Uno de los problemas de la justicia dominicana es su politización. Los jueces y los organismos del poder judicial son controlados por el partido de gobierno, y por el gobierno mismo.
Desde un juzgado de paz hasta el Tribunal Constitucional, todo el aparato judicial responde a intereses partidarios. Si se dijera que solamente responden a intereses políticos sería entendible, pero en este caso se trata de una justicia fuertemente comprometida con los intereses de líderes políticos.
Esa dependencia es lo que ha dado pie a que haya tribunales que venden sentencias, a que haya criminales que controlen parte del poder judicial, y que ninguna de las estructuras de la justicia dominicana se salve en una evaluación seria, independiente.
El liderazgo del poder judicial ha sido sepultado. Falta honestidad, claridad, discurso de propósito, ideal de justicia y de respuesta a los reclamos de la sociedad. Estamos ante una justicia que carece de sentido de utopía, que tampoco inspira a nadie, que se siente postrada ante las fuerzas externas que la controlan. Esas fuerzas pueden ser políticas, partidarias, delincuenciales, criminales, del narcotráfico o del lavado de activos.
El gobierno comenzó un proceso de evaluación para cambiar jueces en el Tribunal Constitucional y evaluar jueces en la Suprema Corte de Justicia. En ambos casos se trata de organismos con poca legitimidad y con escaso prestigio. Lo que sea que haga el gobierno podría ser aceptado sin rechistar por la sociedad dominicana.
El gobierno, tiene sin embargo, una oportunidad para hacer las cosas correctamente y reencauzar la justicia dominicana. Aprovechar el desprestigio en que estamos ante el país y ante el mundo para dar un golpe de mano y designar jueces que tengan credibilidad y legitimidad, y representen un cambio para las presentes y futuras generaciones. Y que la justicia sea una de las entidades que den sentido a la sociedad que reclama justicia y equidad.
Los intereses políticos, sin embargo, dominan las decisiones del gobierno y estamos ante el riesgo de que el gobierno designe jueces que sigan siendo dependientes de las maniobras políticas del gobierno y de sus líderes. Una tentación a la que debía resistirse. La sociedad debía empoderarse y evitar que el gobierno asuma esa postura, porque de ser así, nos conduciría a una justicia dominada por los grupos vinculados al danilismo, que es la que podría representar la impunidad de todos los actos del gobierno, en caso de que se cuestionaran muchas de las decisiones, contratos, negocios realizados por la administración 2012-2010.
Una democracia sin justicia independiente es una caricatura. Ya lo estamos viendo con el caso Odebrecht, con un Ministerio Público doblegado y controlado por intereses políticos y las manipulaciones burdas de los procedimientos y las investigaciones criminales.
Ya nadie habla de reformas judiciales, ni de aspiraciones de una justicia independiente. El sector privado, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias se dispersaron y ya no reclaman jueces independientes y sentencias que garanticen el Estado de derecho. El liderazgo judicial dominicano es una vergüenza. Y no estimula para nada la atención de la sociedad dominicana, que es lo más lamentable de esta degradación a la que hemos llegado.
Las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, y las peticiones de la sociedad civil de que se limpie de travesuras políticas las decisiones de ese organismo, son una oportunidad para comenzar a conformar un movimiento fuerte, interesado en la justicia independiente, al margen de los intereses políticos, que incluya los reclamos de la independencia del Ministerio Público.
