opinion
Por Federico Mendez
Como parte del esquena y características, la creación de un Ministerio de Justicia en República Dominicana supondría un notable y profundo cambio en las funciones, competencias y estructura de la Procuraduría General de la República.
En la mayoría de los países donde está vigente, el Ministerio de Justicia traza la política criminal del Estado y se encarga de los mecanismos de cooperación internacional.
La Procuraduría General de la República dominicana maneja los procesos de cooperación internacional, en materia de extradición y de investigación de la criminalidad organizada transnacional.
En España, Colombia, Chile, Argentina, al Ministerio de Justicia le compete formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, entre otros.
En el caso de Colombia, coordina las relaciones entre los poderes Ejecutivo, Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.
Ajustándose a las características de la eventual instauración de la nueva figura jurídica, el procurador general de la República Dominicana pasaría a ser el fiscal general de la Nación, dejando atrás funciones que desempeña actualmente.
En un organigrama de cambios, su misión estará centrada en promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, procurando la satisfacción del interés social ante los tribunales nacionales. Los procuradores generales adjuntos pasarán a ser fiscales generales adjuntos.
De conformidad con el artículo 169 de la Constitución de la República, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
El párrafo II del citado artículo de la Carta Magna plantea que el sistema penitenciario está bajo la dirección del Ministerio Público u otro órgano que a tal efecto se constituye.
Los trámites en materia de cooperación jurídica internacional, a través de la cual se promueven procesos de investigación y de extradición de dominicanos que son requeridos por acciones relacionadas con la criminalidad organizada deberían canalizarse a través del Ministerio de Justicia.
Los estudios críticos de las normas constitucionales y propuestas al Poder Ejecutivo de reformas de ley de carácter penal, civil, comercial, administrativa y procedimentales están en el rango de actuación del Ministro de Justicia.
En Chile, el Ministro se encarga de formular políticas, planes y programas sectoriales, en especial respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado; del tratamiento penitenciario y la rehabilitación del condenado, entre otras.
