SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró importante que el Congreso ejerza su rol de fiscalización como mecanismo de control, especialmente de cara a los últimos acontecimientos y solicitudes de intervención de este poder en la revisión de contrataciones realizadas.
Recordó que el Congreso Nacional ostenta, además de sus funciones de representar y legislar, la prerrogativa de fiscalizar el accionar estatal con el propósito de apoyar y fortalecer la ejecución de las políticas públicas desde una posición de supervisión. Esta función de mecanismo político interesa sobremanera pues también corresponde dentro de ella la observación de los estados de recaudación e inversión de las rentas que presenta el Poder Ejecutivo. En ese sentido constituye una herramienta que está llamada a observar y propiciar la transparencia en el gasto público.
La entidad afirmó que es necesario que el Congreso adopte la Ley Orgánica de Fiscalización y Control que ordena el artículo 115 de la Constitución, conjuntamente con la reglamentación interior en cada uno de las cámaras que habrá de complementarla para fiscalizar y controlar los actos de las instituciones públicas, especialmente del Poder Ejecutivo.
A continuación documento íntegro:
La función de control político tiene un fundamento constitucional, no sólo en la definición misma de la democracia, sino en el principio de separación de poderes, dado su relevancia la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera importante que el Congreso ejerza su rol de fiscalización como mecanismo de control, especialmente de cara a los últimos acontecimientos y solicitudes de intervención de este poder en la revisión de contrataciones realizadas, dada la relevancia que el gasto público racional tiene para asegurar la transparencia y la efectiva rendición de cuentas por parte de los Poderes del Estado.
El Congreso Nacional ostenta, además de sus funciones de representar y legislar, la prerrogativa de fiscalizar el accionar estatal con el propósito de apoyar y fortalecer la ejecución de las políticas públicas desde una posición de supervisión. Esta función de mecanismo político interesa sobremanera pues también corresponde dentro de ella la observación de los estados de recaudación e inversión de las rentas que presenta el Poder Ejecutivo. En ese sentido constituye una herramienta que está llamada a observar y propiciar la transparencia en el gasto público.
Desde FINJUS consideramos que en la función de control está el mayor reto que la Constitución impone al Congreso Nacional. En esta materia, el Senado de la República y la Cámara de Diputados tienen competencias equivalentes para examinar los actos del Poder Ejecutivo en cuanto el manejo de los fondos públicos, ya que en su control a posteriori están llamados a verificar que los gobernantes cumplan con transparencia, eficiencia y eficacia el mandato otorgado por la ciudadanía, a través del procedimiento democrático en que han sido elegidos como sus representantes.
Respecto a la creación de comisiones la Constitución ha previsto la facultad de formar comisiones con las condiciones y límites expresados en la propia norma constitucional. Precisa que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público que suscitan el interés del Parlamento.
Es preciso agregar que para ejercer adecuadamente los mecanismos de control que establece la Constitución, es necesario que el Congreso adopte la Ley Orgánica de Fiscalización y Control que ordena el artículo 115 de la Constitución, conjuntamente con la reglamentación interior en cada uno de las cámaras que habrá de complementarla para fiscalizar y controlar los actos de las instituciones públicas, especialmente del Poder Ejecutivo, para que el gasto sea ejecutado en base a la ley y se sancionen los responsables de las distracciones y delitos en este sector. Sin embargo, la ausencia de esta normativa legal no es óbice para que cada cámara asuma, en el marco de su diseño reglamentario, de manera activa las funciones de control y fiscalización que establece la Constitución.
Uno de los desafíos más importantes para enfrentar las debilidades de nuestra institucionalidad democrática es el reforzamiento del sistema de frenos y contrapesos, especialmente frente a la cultura hiperpresidencialista que ha predominado en nuestra historia. Esto sólo será posible de alcanzar, en la medida en que cada Poder del Estado juegue el rol asignado. Y así lograr desterrar la vieja práctica política de que el partido que controla el Poder Ejecutivo, impone sus directrices al Poder Legislativo y, al controlar la mayoría congresual, debilitan la función parlamentaria.
Fuente Noticias SIN
