Durante varios meses se han estado discutiendo diversas reformas legales y constitucionales impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, a través de diálogos coordinados por el Consejo Económico y Social (CES).
Entre estas, hay una que promueve la modificación de la Constitución, y otra, de la ley 15-19, de régimen electoral, y la ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Las discusiones sobre la reforma constitucional parten de una propuesta que presentó el Poder Ejecutivo en septiembre del 2021, que, a diferencia de las legislaciones electoral y de partidos, no ha concitado el apoyo de la clase política opositora.
Cuando solo se planteaba la modificación de las disposiciones constitucionales concernientes al ministerio público, con el interés de que el procurador, cabeza de ese órgano, no dependa del nombramiento del presidente de la República, parecía recibir un amplio apoyo.
Desde que se presentó una propuesta más ambiciosa, comenzó a haber resistencia de parte de los partidos de la oposición, que han presentado un escenario no muy favorable a la reforma.
Esto llevó al presidente Luis Abinader a expresar que “la reforma constitucional será fruto del consenso y la participación de todos los actores nacionales, y no de una imposición.”
“Lo que ustedes pueden estar seguro que yo no voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea; yo no voy a conquistar diputados ni senadores como hicieron en el pasado”, señaló categóricamente el primer mandatario.
En la propuesta de reforma a la Carta Sustantiva ya no solo se plantea dotar de independencia a ministerio público, para que no dependa su nombramiento del presidente de la República, como dispone el artículo 171, sino que propone cambios en la estructura del mismo ente de persecución de los delitos penales, de las Altas Cortes (SCJ, TSE y TC), el Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral (JCE), el ámbito legislativo y la Cámara de Cuentas.
Hay quienes temen que luego se incluya la elección presidencial y el porcentaje para ganar los comicios en primera vuelta (50% más uno).
Aunque el mandatario no tiene necesidad de presionar ahora por la modificación del artículo 124 sobre la elección presidencial, porque tiene abierta la posibilidad de optar por un nuevo período, a menos que esté visualizando su permanencia en el poder más allá de lo permitido por la constitución.
Electoral y político
Las discusiones encaminadas a modificar la ley 15-19 y 33-18 parten de una amplia propuesta que presentó el Pleno de la JCE a los partidos políticos, en agosto del 2021.
Luego fue incluida en el diálogo por las reformas que impulsa el gobierno, en la mesa temática electoral, cuyos encuentros se celebran en la sede del órgano comicial.
Se percibe que la propuesta de reformas a la ley electoral y a la ley de partidos “navega en otros mares”, pues no se ha manifestado ese recio rechazo del sector político que se advierte a la constitucional.
Parece haber un consenso sobre la necesidad de introducir reformas a la ley electoral y de partidos, aunque todavía hay disensos en algunos puntos.
Esto se observa en los resultados de los encuentros, en los que se informa sobre los aspectos discordantes y unificados.
Incluso, la mayoría de los partidos ha estado de acuerdo con que se reformen ahora las leyes de manera independiente, en vez de aprobarse un código electoral, como se planteó en el Congreso Nacional, después que el Pleno depositó los proyectos de ley.
Un indicio de que la ley electoral y la de partidos políticos ameritan ser sometidas a una reforma lo constituyen las declaratorias de inconstitucionalidad de textos de ambas normas que hizo el Tribunal Constitucional y las confusiones e inconvenientes que surgieron en el pasado proceso electoral en su aplicación.
SEPA MÁS
Finaliza discusión.
El 25 de mayo finalizó la discusión sobre la reforma a la ley electoral en el CES. Según informó la JCE en un comunicado de prensa, la Mesa de discusión acogió la propuesta realizada por el Pleno de ese órgano, de saltarse la segunda fase del plenario del CES, para que los disensos sean discutidos directamente en el Congreso Nacional donde están representadas las fuerzas políticas y que la ciudadanía pueda expresarse a través de los mecanismos de participación que tiene el Poder Legislativo.
Respeto.
En ese escenario, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez, expresó que la mesa aprobó que “lo consensuado aquí durante cinco meses sea respetado y que lo que se lleve a discusión en el Congreso Nacional sean los disensos”.
