El 22 de enero de 2026, el Ministerio de Seguridad de Argentina presentó las cifras preliminares de criminalidad correspondientes al año anterior. Y el mensaje del Gobierno al respecto fue claro: se trataba de números que estaban en “mínimos históricos”, con un descenso en la tasa de homicidios, además de una marcada caída en los delitos contra la propiedad.
La Ciudad de Buenos Aires entregó el 24 de febrero su propio balance, y los resultados oficiales son igualmente halagüeños. Allí las tasas de homicidios, robos de vehículos y robos con armas también cayeron, llegando a sus niveles más bajos desde 2017, cuando se comenzaron a realizar estudios estadísticos sobre los delitos en el territorio porteño. El Jefe del Gobierno local, Jorge Macri, aseguró que “en la ciudad la ley se cumple y el orden es regla”.
En ese contexto de buenas noticias en términos de seguridad, el Poder Legislativo de Argentina comenzó a analizar una propuesta del Gobierno para rebajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
“De acuerdo con las cifras oficiales, se registran los índices más bajos de delitos graves y contra la propiedad de los últimos años. Se habló de ‘mínimos históricos’. Por ese motivo es extraño que se pretenda insistir con este proyecto que no encuentra ningún apoyo institucional ni académico serio en el país”, dice a DW la abogada y académica de la Universidad de Buenos Aires Mary Beloff.
“No hay relación entre bajar la edad de punibilidad y la seguridad”, apunta Macarena Fernández, coordinadora de política criminal y violencia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La especialista explica a DW que “en Argentina los niveles de delitos cometidos por menores son muy bajos, y en general cuando uno mira el caso a caso, sobre todo cuando se trata de delitos graves, que se cuentan con los dedos de una mano, terminan siendo situaciones que tienen que ver con falta de condiciones adecuadas para el crecimiento, es decir, vulnerabilidades sociales antes que una cuestión de seguridad”.
Beloff destaca otro elemento. La experta señala que la aplicación de una ley de este tipo impone “un enorme gasto administrativo que, inevitablemente, afectará las partidas destinadas a garantizar necesidades básicas como salud, educación, protección social, etcétera”. Son precisamente esas políticas públicas, recuerda, “las que pueden prevenir efectivamente el delito juvenil y reducir la violencia”. Compara los hechos con una sábana corta, esa donde para cubrir un sitio se termina destapando otro.
“No se trata únicamente de un debate jurídico, sino también de prioridades sociales”, concuerda Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “Cada peso destinado a ampliar plazas de encierro es un peso que no se destina a fortalecer escuelas, equipos interdisciplinarios, dispositivos de salud mental, programas de inclusión laboral o políticas alimentarias. La política penal juvenil no puede convertirse en sustituto de la política social”.
El proyecto de ley fue enviado en junio de 2024 al Parlamento, y en las últimas semanas el Ejecutivo lanzó una ofensiva para apurar su aprobación. Haciéndose eco del concepto acuñado por el oficialismo, el presidente Javier Milei dijo el 26 de enero que “en Argentina, el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.
Para la Casa Rosada, la propuesta es central debido a la conmoción generada por el asesinato de Jeremías Monzón, un muchacho de 15 años que fue brutalmente acuchillado en Santa Fe. Por ese crimen hay varios acusados, aunque sobre quienes pesan las sospechas de la autoría son tres adolescentes de entre 14 y 16 años. Por ello Beloff advierte que el debate se ve muy influido por “la conmoción generada por hechos graves atribuidos a menores de edad”.
Fernández complementa: “Las agendas políticas y de seguridad se instalan así, con algunos casos que en general son muy graves y suelen ser muy duros sobre todo para las víctimas, que tienen muchísima repercusión mediática y que luego son tomados por diferentes representantes políticos para explicar problemas que van más allá de ese caso, como la marginalidad en los niños o los consumos en adolescentes, o la deserción escolar”.
“Una vez que se instalan estos discursos, suele ser muy difícil que el debate vaya para un lugar diferente que no sea más castigo”, agrega. Fernández concede que el “régimen penal juvenil debe ser modificado, porque tiene muchos problemas, viene de un decreto ley de la dictadura y deja los castigos a los menores de 16 años a decisiones discrecionales, sin garantías”. Sin embargo, dice, este tema es distinto al que se está discutiendo por estos días.
Beloff apunta que “sin dudas la evidencia científica mundial muestra que la privación de libertad tiene efectos iatrogénicos que se agravan si la persona se encuentra en crecimiento”, es decir que el encarcelamiento seguramente solo agravará el problema, un aserto con el que coincide Fernández. “No es lo mismo aplicar un castigo a alguien que tiene 14 años, que recién comienza su vida y que aparte está creciendo y requiere ciertos cuidados, ciertas contenciones, que a una persona adulta”, explica la coordinadora de CELS.
Las penas que pretende imponer esta reforma legal llegan hasta los 15 años en los casos más graves. “¿Qué va a pasar con esas vidas luego? ¿Qué futuro puede tener una persona que habrá pasado más tiempo encerrado que en libertad, y que al salir vendrá marcado por una experiencia de violencia y carencias?”, pregunta Fernández.
“Frente a los debates sobre la baja de la edad de punibilidad, el Estado debería orientar sus esfuerzos no hacia la ampliación del poder punitivo y el encierro de adolescentes, sino hacia el fortalecimiento de políticas públicas integrales destinadas a prevenir la violencia, reducir desigualdades estructurales y garantizar efectivamente derechos; el sistema penal juvenil debe ser el último recurso”, sentencia Belski, de Amnistía Internacional.
Fuente: Deutsche Welle
