Quien examine el proyecto de presupuesto federal para 2027 y las previsiones de ingresos y gastos para los próximos años se encontrará con cifras preocupantes. Con un gasto previsto de unos 555.000 millones de euros, Alemania calcula contraer el próximo año cerca de 200.000 millones de euros en nueva deuda. Y en los años posteriores la situación no pinta mucho mejor.
No sorprende, por tanto, que el Gobierno alemán esté buscando formas de aumentar sus ingresos. Una de las cifras que más llama la atención son los miles de millones de euros que el Estado deja de recaudar cada año debido a delitos fiscales y financieros. No existen datos exactos, pero los expertos estiman que las pérdidas ascienden a entre 100.000 y 200.000 millones de euros anuales.
"La gran mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de este país paga sus impuestos, y lo hace de manera natural, fiable y sin llamar la atención", declaró en Berlín la ministra de Justicia, Stefanie Hubig (SPD). "Pero también están quienes ocultan sus ingresos al fisco".
Eso incluye desde el trabajo no declarado y la evasión fiscal mediante cuentas en el extranjero hasta empresas fantasma, cajas negras y todo tipo de maniobras. "Esquemas cuyo único propósito es engañar a la administración tributaria".
Junto con el ministro federal de Finanzas, Lars Klingbeil (SPD), Hubig elaboró un plan de acción de 26 puntos para combatir con mayor eficacia el fraude fiscal y el lavado de dinero. En la autoridad aduanera se creará un "Centro Conjunto contra la Delincuencia Fiscal y Financiera". Además, se prevé la creación de 1.500 nuevos puestos para concentrar la investigación, el análisis y la persecución del lavado de dinero y los delitos fiscales.
"Una parte esencial de este centro conjunto será un nuevo centro de análisis de datos", explicó Klingbeil. "La inteligencia artificial ayudará a examinar grandes volúmenes de datos, desentrañar complejas estructuras empresariales e identificar mejor a los testaferros". Los inspectores fiscales de los distintos estados federados, la Oficina Federal de Investigación Criminal y los investigadores financieros de la aduana colaborarán más estrechamente en los casos de mayor relevancia.
"Nadie debe poder confiar en que no será descubierto", aseguró Klingbeil. "Los ciudadanos honestos no pueden ser los perjudicados. Los evasores fiscales que llenan sus bolsillos mediante maniobras delictivas no pueden salirse con la suya".
Sin embargo, durante mucho tiempo eso fue precisamente lo que ocurrió en Alemania. Un ejemplo es el llamado escándalo Cum-Ex. Durante más de diez años, el país permitió que impuestos sobre los dividendos de acciones que solo se habían pagado una vez —o incluso nunca— fueran reembolsados varias veces. Recién a partir de 2011, el escándalo dio lugar a numerosas investigaciones, procesos judiciales y debates políticos sobre la responsabilidad de bancos, inversores y organismos de supervisión.
Otro tema que genera controversia de forma recurrente es la posibilidad de obtener la exención de pena mediante una autodenuncia por evasión fiscal. Esta figura existe en Alemania desde 1919. La idea es incentivar a los contribuyentes a declarar voluntariamente ingresos que habían ocultado para que el Estado pueda recuperar los impuestos no pagados.
Esta normativa cobró especial importancia a partir de 2008, cuando cada vez más ciudadanos alemanes fueron descubiertos con cuentas bancarias anónimas en el extranjero que contenían patrimonios no declarados.
Solo en 2011 y 2012 se registraron alrededor de 30.000 autodenuncias, después de que las autoridades fiscales alemanas compraran varios CD con datos de clientes alemanes de bancos suizos. Quienes temían ser descubiertos preferían adelantarse, revelar sus cuentas ante la administración tributaria y pagar los impuestos adeudados.
Para los socialdemócratas, la posibilidad de evitar una condena mediante una autodenuncia siempre ha sido motivo de críticas. "Los delincuentes ya no deben poder librarse tan fácilmente de las consecuencias pagando", afirmó Klingbeil.
Junto con Hubig, Klingbeil también impulsa un endurecimiento de las penas para los delitos fiscales especialmente graves. La pena máxima para la delincuencia fiscal organizada en banda pasará de 10 a 15 años de prisión. Además, las formas más graves de criminalidad fiscal volverán a ser consideradas delitos mayores, con una pena mínima de un año de privación de libertad.
El plan de acción de Klingbeil y Hubig también contempla ampliar las posibilidades de incautar bienes de origen presuntamente ilícito. Hasta ahora, esto solo era posible tras demostrar un delito concreto, como el lavado de dinero, y obtener una condena penal.
En el futuro, la autoridad aduanera podrá incautar bienes durante un plazo de hasta 180 días. "Por ahora, el Porsche y el Rolex se acabaron. Eso realmente les va a doler a los delincuentes", dijo Klingbeil. Los afectados deberán demostrar que adquirieron esos bienes de forma legal.
Fuente: Deutsche Welle
