Cinco años después de que los talibanes recuperaran el poder en Afganistán, Ahmad Samim vive y trabaja en Alemania. Javad Niazi, en cambio, sigue atrapado en la ciudad pakistaní de Peshawar, esperando poder viajar al país que prometió ponerlo a salvo.
Ambos trabajaron para instituciones alemanas en Afganistán: Samim como técnico de sonido para las Fuerzas Armadas alemanas y Niazi para el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo. Ambos utilizan nombres ficticios por temor a represalias de los talibanes contra ellos o sus familiares. Pero sus historias tomaron caminos muy distintos.
Tras la toma del poder por los talibanes el 15 de agosto de 2021, sucesivos gobiernos alemanes prometieron no abandonar a quienes habían trabajado para Alemania. Once días después, el entonces ministro de Exteriores, Heiko Maas, aseguraba: "Nuestro trabajo continuará hasta que estén a salvo todos aquellos por los que tenemos una responsabilidad en Afganistán".
Su sucesora, Annalena Baerbock, reiteró meses después: "No han sido olvidados. Estamos trabajando a toda velocidad para ponerlos a todos a salvo". Y en agosto de 2022, la entonces ministra del Interior, Nancy Faeser, fue aún más tajante: "¡No los abandonaremos!".
Hoy, en agosto de 2026, unas 600 personas siguen esperando en Peshawar y Kabul. Tras el cambio de Gobierno en Alemania en 2025, aquellas promesas han perdido peso político.
Con Samim, Alemania cumplió su palabra. Ahora trabaja como recepcionista de hotel en una gran ciudad alemana. En un alemán fluido, dice a DW: "Estoy muy agradecido a Alemania. Pero cuando alguien dice que te va a ayudar, debe mantener su palabra. Una promesa se cumple".
Para Niazi, esa promesa sigue pendiente. Su situación es la misma que la de otros 600 afganos y afganas que, cada día más desesperados, aguantan en Peshawar (Pakistán) y en Kabul, y siguen esperando poder salir del país. Él y su familia se sienten atrapados como en una pequeña jaula, cuenta a DW. Han agotado sus ahorros, no tiene permiso de residencia y no puede salir de su alojamiento provisional por miedo a las fuerzas de seguridad pakistaníes, que día tras día detienen y deportan a ciudadanos afganos.
"Mi hijo de 14 años va a hacer la compra cuando aquí ya ha anochecido. No podemos ir a ningún bazar, a ningún parque ni a ningún hospital, y mis hijos no pueden ir al colegio. Es una carga enorme para nosotros. No habríamos pensado que un país como Alemania se retractara de su decisión, es increíble".
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El nuevo Gobierno alemán, formado por la CDU/CSU y el SPD y presidido por el canciller Friedrich Merz, revocó esta decisión en mayo de 2025 con la suspensión de las admisiones. Medio año después, los que se quedaron llegaron incluso a dirigirse directamente al canciller con una petición de ayuda de dos páginas. "Queríamos y teníamos que escapar del régimen talibán para sobrevivir. No podemos volver a Afganistán. Para muchos de nosotros, ese regreso acabaría de forma brutal y violenta".
Sin embargo, el Gobierno federal se mantuvo firme y, entretanto, coopera "a nivel técnico" con los talibanes en las representaciones diplomáticas afganas en Alemania para devolver a delincuentes a Afganistán; aunque recientemente también se ha devuelto a la primera persona que no había cometido ningún delito en el pasado.
El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, por su parte, tentó a los afganos y afganas con dinero para que renunciaran a su salida del país. Hasta 2.500 euros en un pago único antes de la salida del país, hasta 10.000 euros al regresar a Afganistán o a un tercer país, además de asistencia médica, alojamiento y manutención durante varios meses. "El dinero Dobrindt", como lo llaman los afganos. 300 personas aceptaron la oferta y, con ello, renunciaron a su futuro en Alemania.
Desde entonces, son sobre todo los tribunales los que se ocupan del futuro de los 600 afganos y afganas, todos los cuales han presentado ya demandas para obtener su salida a Alemania. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal de julio de 2026 les ha dado un supuesto impulso: según esta, la suspensión general de la acogida de ciudadanos afganos en situación de riesgo impuesta por el Gobierno federal viola la prohibición constitucional de la arbitrariedad, por lo que debe realizar evaluaciones individuales de cada caso concreto.
La decisión fue remitida al Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo; el Ministerio Federal del Interior, al ser consultado por la DW, sigue considerándose en lo cierto: "El Tribunal Constitucional Federal sigue en gran medida la argumentación del Gobierno federal, según la cual las declaraciones de acogida también pueden revocarse si cambia el interés político. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal exige al Ministerio Federal del Interior que, al revocar la acogida, tenga en cuenta cada caso concreto".
Fuente: Deutsche Welle
