Poco antes del receso parlamentario de verano, el Gobierno alemán acordó una amplia serie de reformas relacionadas con las pensiones, los costos del sistema de salud y muchos otros temas. Tras el acuerdo, el canciller, Friedrich Merz (CDU), se mostró optimista y aseguró que las reformas servirán para "poner nuevamente a Alemania en marcha".
Casi al final de la lista de 34, medidas figura una reforma que podría generar una fuerte controversia. La coalición entre conservadores y socialdemócratas quiere modificar de forma sustancial la Ley de Libertad de Información (Informationsfreiheitsgesetz, IFG), vigente desde 2006. Sus críticos sostienen que, en la práctica, esto equivaldría a desmantelarla.
La ley reconoce, en principio, el derecho de cualquier persona a acceder a información oficial de las autoridades federales. Gracias a este marco legal, numerosas organizaciones, grupos ambientalistas, asociaciones de defensa de los consumidores y, especialmente, periodistas pueden solicitar datos y documentos a las autoridades de manera rápida y gratuita. Solo existen excepciones para información relacionada con la seguridad, como la de los servicios de inteligencia, que por su naturaleza está especialmente protegida.
Según los partidos conservadores CDU y CSU, este tipo de información debe tratarse con mayor cautela en un contexto marcado por la ciberguerra y los ataques informáticos a nivel mundial. Ya en el acuerdo de coalición alcanzado por conservadores y socialdemócratas en la primavera de 2025 se establecía la intención de reformar profundamente la normativa. Ahora, el documento con las 34 medidas sostiene que, ante "una compleja situación de amenazas internas y externas", los datos de las autoridades requieren una protección especial.
En la práctica, esto podría significar que solo las personas físicas, y ya no las asociaciones u organizaciones, tendrían el derecho general de solicitar información a las autoridades.
Además, las solicitudes dirigidas, por ejemplo, a ministerios federales, que actualmente son gratuitas o están sujetas a tasas reducidas, pasarían a tener costos considerablemente más altos.
También podría permitirse que los nombres de empleados de oficinas públicas y ministerios aparezcan tachados en los documentos entregados, con el objetivo de protegerlos frente a "hostigamientos y amenazas", un fenómeno que, debido al odio en internet, existe con frecuencia.
Y hay otro punto especialmente polémico: el gobierno quiere estudiar si el derecho de acceso a la información puede limitarse solo a los ciudadanos alemanes y de la Unión Europea que residan en Alemania. Además, la información relacionada con infraestructuras críticas, contraespionaje y lucha contra el terrorismo pasaría a tratarse con un nivel de protección mucho mayor.
Konstantin von Notz, diputado de Los Verdes y miembro de la comisión parlamentaria encargada de supervisar los servicios de inteligencia, está acostumbrado a trabajar con información sensible. Sin embargo, ahora advierte: "Con el pretexto de tener que adaptarse a las nuevas amenazas en materia de seguridad, se están socavando los fundamentos jurídicos de la transparencia del Estado".
Según el legislador, la coalición prometió modernizar el Estado, pero esta reforma representa "exactamente lo contrario: un grave retroceso respecto de derechos ciudadanos que costó mucho conquistar".
Un total de 110 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, Transparency International y Amnesty International, reclamaron al gobierno en una carta abierta: "¡Detengan estos planes! Protejan la IFG y el derecho a la información en su forma actual".
El texto añade: "Quien limite el derecho de acceso a casos individuales que requieran una justificación, excluya a las organizaciones y eleve las tasas hasta niveles imprevisibles, estará eliminando de facto la libertad de información".
Las críticas fueron tan intensas, que incluso parlamentarios de los partidos gobernantes quieren volver a debatir la reforma.
Los especialistas socialdemócratas en asuntos internos, digitalización y protección de los consumidores difundieron una declaración conjunta en la que afirman: "No puede producirse una reducción de los actuales derechos de acceso a la información para la ciudadanía, la prensa y la sociedad civil".
Y añaden: "El grupo parlamentario del SPD no respaldará una eliminación del nivel de transparencia que actualmente garantiza la Ley de Libertad de Información".
Fuente: Deutsche Welle
