SANTO DOMINGO.-Las elecciones dominicanas, desde las pasadas, se han convertido en unas de las más complejas de la región, por la gran cantidad de niveles que implican y la simultaneidad, al celebrarse varios procesos el mismo día.
Los próximos comicios corren el riesgo de convertirse aun en más complejos, de aprobarse el proyecto de ley de partidos como plantean importantes dirigentes de las organizaciones políticas, en contraposición a las advertencias de la propia Junta Central Electoral (JCE) y organizaciones de la sociedad civil.
El pleno del organismo comicial ha convocado para hoy una audiencia pública con los delegados políticos, para abordar lo relativo al proyecto de ley de partidos.
Al ser consultado, el presidente del de la Junta Central, Julio César Castaños Guzmán, dijo que prefería explicar lo que “no era la reunión” convocada para hoy.
“No es un arbitraje, no es una jornada de conciliación, no es la búsqueda de consenso, no es la suplantación de las facultades del Congreso Nacional”, puntualizó.
Añadió que el Pleno de la Junta hará “una presentación objetiva de las condiciones necesarias” para los diferentes escenarios.
Complicar lo complejo
El Congreso discute un proyecto de ley de partidos políticos en el que se contempla implementar un complejo sistema de elección de candidatos, en el que cada organización tiene la opción de utilizar el padrón universal o el de solo sus militantes, de manera simultánea y organizado y financiado por la Junta Central Electoral.
Argentina tiene el sistema de primarias simultáneas, pero con un solo modelo, y gastó 2,500 millones de dólares. El padrón dominicano es el 10 por ciento del argentino, por lo que en el país equivaldría a US$250 millones.
De mal en peor
La tradición electoral dominicana luego de la Revolución de Abril de 1965 fue de crisis permanentes, denuncias de fraudes y confrontaciones postelectorales, lo cual mejoró desde que se separaron las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales a partir del año 1996.
Las elecciones presidenciales de 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012 se desarrollaron sin mayores traumas en cuanto a los resultados.
Durante ese período, los procesos que registraron mayores contratiempos fueron los llamados comicios de medio término, que empezaron a ejecutarse a partir de 2002 a nivel congresional y municipal.
Se estrenaba el voto preferencial, que desató una especie de guerra entre candidatos de un mismo partido, que se disputaban los votos preferenciales de su militancia, pero que a su vez permitía al elector marcar al diputado de su preferencia.
El país asistió a elecciones congresionales y municipales simultáneas en 2002, 2006 y 2010. La reforma constitucional de enero de 2010 dispuso que los legisladores, alcaldes, regidores, directores y vocales de distritos municipales fueran elegidos por seis años, para volver a unificar las elecciones en el año 2016.
Escenario inédito
La Junta Central Electoral se enfrentaba un escenario inédito desde 1994 y decidió apostar al uso de la tecnología, sin embargo, no contaba con los retrasos en el proceso de licitación, adjudicación y compra de los equipos más la resistencia de importantes actores, incluyendo al principal partido de oposición, al conteo electrónico.
A pocos días de las votaciones, la Junta debió complacer a los partidos e instaurar el conteo electrónico y el manual, lo cual dilató el escrutinio de los comicios.
Esas elecciones adicionaron nuevos elementos de complejidad, al incluir la elección del legislador de ultramar y de los diputados por el Parlacen.
Los fallos en ese proceso dieron pie a un movimiento de presión al que se unieron empresarios, organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición para exigir la aprobación de una ley de partidos políticos y otra de régimen electoral que regularan la vida de esas organizaciones y de los procesos.
Las confrontaciones que protagonizan las figuras cimeras de los principales partidos han sido trasladadas al proyecto de ley de partidos políticos, en especial con la implementación de los mecanismos para la elección de candidatos, en la que cada facción o partido promueve la que entiende les conviene a ellos en particular.
Nueva modalidad
— Un plazo
La Ley electoral establece que los candidatos deben inscribirse 60 días antes de las elecciones, lo que en el caso municipal, por ser en febrero, ese plazo vence en diciembre de 2019.
El gasto extra
5,600 Millones.
Sería la inversión que requeriría la Junta Central Electoral para montar primarias simultáneas.
