Artículo Opinión de Acento

La justicia dominicana representa un poder del Estado separado de los poderes legislativo y ejecutivo. Y para cumplir con su cometido, para responder a las expectativas de la sociedad, necesita de jueces independientes y con probidad. Sin una justicia independiente no hay ni puede haber democracia. Que el Consejo Nacional de la Magistratura de este jueves así lo confirme.

En el 2016, cuando se inauguraba el Cuadragésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Santo Domingo, el presidente Danilo Medina habló de legalidad y legitimidad, y de la necesidad de los funcionarios de escuchar el sentir de la sociedad.

Este es uno de esos momentos, en relación con la reunión de hoy del Consejo Nacional de la Magistratura. No se trata de la simple palabrería o del discurso tras los votos de los ciudadanos. Estamos hablando del compromiso con la institucionalidad democrática y de la justicia independiente.

Si somos democráticos debemos apostar por una justicia independiente, como ha señalado el movimiento Participación Ciudadana, y no de una Justicia controlada por Leonel Fernández o por Danilo Medina. Lo que el país requiere es una justicia al servicio de la sociedad, que resuelva eficientemente los conflictos entre las partes, que ofrezca garantías de imparcialidad cuando hay procesos penales y civiles, o cuando hay temas que demandan de jueces probos e imparciales.

De eso fue que habló Danilo Medina en la reunión de la OEA en Santo Domingo en 2016:

“Aquellos que estamos en funciones públicas, para ejercerlas, no podemos contar ya solo con la legalidad que se obtiene en las urnas cada cuatro, cinco o seis años según la Constitución de cada país, sino que necesitamos contar también con la legitimidad ciudadana, que debemos renovar día tras día. Ha llegado el momento de que la ciudadanía participe no solo del diseño de políticas, sino también de su transformación y evolución. Y ha llegado el momento de que los políticos seamos capaces de escuchar y modificar el rumbo, cuando así lo requiera la voluntad ciudadana”.

Ese mensaje es muy claro respecto a los políticos que integran el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay muchos y serios cuestionamientos a las violaciones al reglamento del CNM, y muchos han interpretado el maltrato a la magistrada Miriam Germán Brito como una forma de desmoralizar su impecable hoja de servicios al país. Miriam Germán Brito no puede ser pateada de la Suprema Corte de Justicia, con los procedimientos y argumentas ilegales y maliciosos que hasta ahora se han utilizado en su contra por parte de funcionarios de la Procuraduría General de la República.

“Pero también, aunque los gobernantes tenemos que ser cada vez más permeables a la voluntad de nuestros ciudadanos, no podemos permitir que las instituciones sean desbordadas por las frustraciones del momento  o los intereses de ciertos sectores”.

En esta frase el presidente tiene razón otra vez. No podemos permitir que las instituciones sean desbordadas, como ha ocurrido con la PGR, que ha dejado ver toda la arbitrariedad en contra de una jueza de gran credibilidad e impoluto historial de servicio, como ha dejado por escrito la magistrada Katia Miguelina Jiménez, del Tribunal Constitucional.

La justicia dominicana representa un poder del Estado separado de los poderes legislativo y ejecutivo. Y para cumplir con su cometido, para responder a las expectativas de la sociedad, necesita de jueces independientes y con probidad. Sin una justicia independiente no hay ni puede haber democracia. Que el Consejo Nacional de la Magistratura de este jueves así lo confirme.

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Fuente Acento


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