“Después de una visita que realizamos a Ecuador durante la última semana de marzo, identificamos que la tortura se está convirtiendo en una práctica cada vez más generalizada. Esto no ocurre únicamente en los contextos penitenciarios que hemos verificado, sino también en otros ámbitos”, explica a DW Donovan Ortega, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

A la grave crisis en las cárceles del país, en donde solo en 2025 murieron más de mil personas por tuberculosis y unos doscientos por violencia, “se suman prácticas violentas en protestas, centros de acogida para la niñez, estaciones policiales y hospitales de salud mental”, sigue el especialista de la OMCT. En el índice global de la tortura, que se publicará en junio de 2026, Ecuador será incluido como un país en donde es alta la probabilidad de sufrir tortura.

“También hemos identificado que las condiciones que enfrentan las familias de las personas privadas de libertad son extremadamente duras. Sufren malos tratos y una profunda falta de información por parte de las autoridades, no saben dónde están sus familiares, cuándo son trasladados ni de qué manera”, detalla Donovan Ortega.

La OMCT y otras nueve organizaciones internacionales de derechos humanos -Front Line Defenders, Civicus, Brigadas Internacionales de Paz, 11.11.11, entre otras- hicieron una visita de observación al país. En el informe al respecto, que será publicado próximamente, se habla de cierre del espacio cívico, de amenazas contra la independencia judicial y aumento de coacciones contra personas que defienden derechos en contextos extractivos o de conflictos socioambientales.

“La implementación de una política de tipo securitista y la normalización de los estados de excepción y vigilancia, así como la militarización, bajo el argumento de afrontar una grave crisis de seguridad estructural, es parte del panorama profundamente preocupante que observamos”, puede leerse en el comunicado firmado por todas las organizaciones que visitaron Ecuador, y que constatan un resquebrajamiento de la independencia judicial y del Estado de derecho.

En cuanto a la militarización del país, la población de San Martín, en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, permite atisbar lo que está sucediendo. En el marco de la operación “Exterminio Total” -orientada, según información oficial, al combate a estructuras del narcotráfico en la zona fronteriza-, la población civil campesina sufrió a comienzos de marzo incendios y un bombardeo. También detenciones arbitrarias y actos de tortura.

“Los militares incendiaron las viviendas y al día siguiente bombardearon una granja que ya estaba completamente destruida”, cuenta a DW Ingrid García, coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

“Hay que subrayar que no se trata de un área ni selvática ni estratégica, tampoco de un campamento de las FARC. Creemos firmemente que existe una intención de sostener una narrativa propagandística por parte del Gobierno respecto a su accionar en materia de seguridad. Se trata de afianzar la narrativa de que las disidencias de las FARC operan en Ecuador, mientras que Colombia no estaría haciendo los suficiente para mantener las fronteras en paz”, afirma Ingrid García, recordando que el presidente está en un punto crítico de desaprobación.

“Los mecanismos que vemos en el caso de San Martín los conocemos”, sigue la coordinadora de INREDH. “En 1993, en plena época del Plan Colombia, en el caso de los Once de Putumayo, también en Sucumbíos, campesinos fueron detenidos arbitrariamente por pertenecer supuestamente a grupos armados. En ese caso, como en el de San Martín, además de vejaciones físicas, hubo actos de tortura de carácter sexual, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes”, apunta Ingrid García.

“La falta de resultados de la política de seguridad -para cuya financiación se subió un 3 por ciento el IVA- ha erosionado la credibilidad gubernamental y lo lleva a la necesidad de generar espectáculos mediáticos”, agrega Ingrid. INREDH y las organizaciones internacionales han llevado esta semana a diversas instancias europeas la situación de Ecuador, país con el que la UE tiene un flamante acuerdo de cooperación en seguridad.

¿Y el Gobierno qué dice? Según el ministerio de Defensa del país, las acciones militares en la región se orientan a erradicar la minería ilegal y economía clandestina. Por otro lado, un vistazo a la cuenta de X de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, bastaría como respuesta: “Desde el primer día hemos combatido el narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes. Hoy, junto con la cooperación internacional, continuamos esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos…”

Como fuere, entretanto, la ONU ha expresado su preocupación por las 51 desapariciones forzadas documentadas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares para un centro penitenciario de Guayaquil.

“Esto podría contribuir a una mayor protección y atención a la grave crisis sanitaria que se vive allí. Pudimos constatar, por ejemplo, que los presos sanos tienen que comer con la misma cuchara que los que tienen tuberculosis”, vuelve Donovan Ortega insistiendo en el deber de los Estados de implementar políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos.

“Por el momento, no es el caso en Ecuador; se observa una estrategia fuertemente vinculada al perfilamiento y a la lógica de ‘limpieza social’ respecto de quienes se encuentran en prisión”, concluye.

Fuente: Deutsche Welle