Panorama
El año 2018 terminó; hay temas que se cerraron y otros que –si bien están avanzados no tuvieron un final. Uno de ellos es la firma del Pacto Eléctrico, que se concretaría diciembre de 2017 y no fue posible.
El día 20 del citado mes la Asociación Nacional de Empresas e Industrial de Herrera (ANEIH) prácticamente forzó al gobierno a dejar sin efecto la firma, para la que había sido convocada. No hubo forma de que 12 meses alcanzaran para dejar sentado el segundo de tres grandes alianzas que establece la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Los otros dos son el Pacto por la Educación (vigente hace varios años), el Eléctrico y el Pacto Fiscal. Los industriales de Herrera han planteado que el documento que se trabajó dejó fuera aspectos fundamentales que resolverían la situación eléctrica.
“Esos supuestos consensos al que se llegó en las discusiones del pacto no resolverán los problemas del país, solo benefician a sectores particulares”, aseguró el presidente de la organización, Antonio Taveras, en el momento en que conversó con la prensa.
Otra ala del sector industrial, la Asociación de Industrias de República Dominicana arremetió contra los Industriales de Herrera y dijo que ellos nunca llevaron propuestas y que lo que está plasmado en el documento final es la posición de los empresarios, por lo que les sorprende la negativa de Herrera, de firmar. La Comisión de Coordinación del Pacto ha dicho que estableció un mecanismo de trabajo interno, donde todas las posiciones que se externaron dentro de las discusiones eran del sector empresarial completo. Con eso trata de dejar claro que no existen posiciones de industriales separadas del sector financiero o del sector generador, porque todo se discutió internamente. En 2017 el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa, aseguró que más del 95% de las propuestas habían sido consensuadas. Aun así el pacto sigue en el limbo.
No le quitará funciones a la CDEEE ni a las demás
Otro punto en la agenda de 2019 debería ser que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) asuma la rectoría del sistema eléctrico, como estableció la Ley 100-13. El hecho de que el ministerio tenga que desempeñar un rol de rector de las políticas eléctricas, del diseño de las leyes, normas y regulaciones no significa que quitará funciones a otras entidades del sector.
Fuente El Caribe
