“Es una atrocidad. El reglamento de retorno, simplemente, permite que ciertas vidas valgan menos”, dice a DW Isabel Serra, eurodiputada por España en el grupo parlamentario La Izquierda.

La nueva normativa, que permite que las personas en situación administrativa irregular en territorio de la Unión Europea (UE) sean expulsadas de diversas maneras, también de forma voluntaria, acaba de recibir luz verde en la Eurocámara, con las mayorías de derecha y ultraderecha (389 votos), la oposición de verdes, socialdemócratas, izquierda y liberales (206 votos), y la abstención de 36 diputados.

“Sin hacer cumplir las decisiones de retorno, no puede haber una política migratoria creíble. Cada año, a casi medio millón de personas se les ordena abandonar la UE, pero solo una de cada cinco realmente regresa. Eso es sencillamente inaceptable y hoy lo estamos corrigiendo. Con esta votación estamos un paso más cerca de completar la última pieza del Pacto de Migración y Asilo”, expresó Thomas Tobé, vicepresidente del Partido Popular Europeo y negociador por la Eurocámara del nuevo pacto. Esta última pieza comienza inmediatamente su último tramo: la discusión final entre los 27 jefes de Estado y de Gobierno, la Comisión Europea y la Eurocámara.

El “reglamento de retorno” fue presentado por la Comisión Europea en 2025 en el marco del nuevo Pacto de Migración y Asilo, que consta de diversas disposiciones que regirán en todo el territorio europeo a partir de junio de 2026. Una parte de las nuevas reglas es la lista de terceros países considerados “seguros”, Colombia entre ellos.

“Es evidente que en Colombia no hay seguridad. Aun así, se impide que solicitudes de asilo se tramiten reconociendo esa situación: al declararlo ‘país seguro’, se legitima su rechazo y expulsión. Otras personas latinoamericanas podrían terminar encerradas en centros de terceros países —como Egipto o Túnez—, que ni siquiera tienen relación con su ruta migratoria y que son conocidos por vulnerar derechos humanos”, sigue Isabel Serra, del bloque de la izquierda.

“Bajo la excusa de la seguridad, esta política convierte a las personas migrantes en chivos expiatorios”, afirma, y crea un paralelo con las políticas migratorias puestas en marcha en Estados Unidos.

Organizaciones de asistencia y de derechos humanos se han opuesto desde el comienzo a este reglamento, que llaman de deportación. Más de doscientas organizaciones europeas e internacionales se han pronunciado en su contra, argumentando que vulnera gravemente derechos fundamentales.

Cárcel hasta 24 meses, expulsión a terceros países desconocidos, redadas para detener “ilegales”, sanciones económicas: todo esto entrará pronto en vigor en todos los países del club europeo. ¿”¿Ilegal” sería toda persona en situación irregular, también los indocumentados por apatridia involuntaria? Según explican a DW fuentes oficiales, el nuevo reglamento prevé un trato especial para este caso, en el que estarían muchos nicaragüenses, por ejemplo.

“Lo vergonzoso de esta política es que considera a las personas migrantes como delincuentes, como amenazas para la seguridad europea, a pesar de no haber cometido ningún delito más allá de migrar. Y si algún Estado miembro considera que representan un ‘riesgo para la seguridad nacional’, podrán ser detenidas de manera indefinida y deportadas con una prohibición de entrada de hasta 20 años. Peor aún: el texto final aprobado incluye a niños, niñas y adolescentes, que también podrán sufrir esta gravísima vulneración de derechos humanos”, afirma Isabel Serra.

“Este reglamento destroza la vida de muchas mujeres, que trabajan limpiando casas y cuidando mayores y enfermos; también en la recolección en los campos de Huelva. Aproximadamente el 70 por ciento de las que atendemos están en situación irregular”, explica a DW Antonia Ávalos, directora de la asociación Mujeres Sobrevivientes que opera en el sur de España. “La mayoría ha entrado como turista. Últimamente han llegado buscando asilo de Colombia, Venezuela, Honduras, México y, desde que Milei llegó al poder, de Argentina”, cuenta Antonia Ávalos.

Y si, por un lado, se corta la vía del asilo para que estas trabajadoras precarias puedan regularizar su situación, tampoco se han abierto los caminos legales para esta mano de obra que, a todas luces, se necesita.

“Es una doble moral: se necesita mano de obra para sostener la economía y para los trabajos de reproducción social —que hacemos mayoritariamente las mujeres latinas—, pero se resisten a regularizarnos, dejándonos sin derechos, sin acceso a vivienda ni a la seguridad social. Aun así, muchas aportamos impuestos y cotizamos”, sigue Antonia Ávalos.

El reciente anuncio del Gobierno de España de regularizar a medio millón migrantes para Antonia Ávalos “no es un obsequio del Gobierno español. Reunimos 700.000 firmas para llevar esta propuesta de ley al Congreso de los Diputados, donde no avanzó. El Gobierno ahora la impulsó como decreto, pero tenemos miedo,Y Europa podría ser un faro”, subraya.

“Lo conseguido en la campaña ‘¡Regularización ya!’ es positivo para toda la clase trabajadora: tener un sector sin derechos implica menos capacidad para exigirlos. La política migratoria europea busca producir trabajadores sin papeles para sobreexplotarlos. Esto afecta especialmente a las mujeres migrantes del Sur Global, que sostienen los cuidados. Nuestro país no podría funcionar sin ese trabajo”, confirma Isabel Serra. “Las políticas racistas del nuevo reglamento de retorno son funcionales al mantenimiento de sectores enteros en la precariedad”, concluye.

Fuente: Deutsche Welle