La reciente deportación de quince migrantes latinoamericanos desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo ha reavivado el debate en Europa sobre el controvertido Reglamento de Retorno, actualmente en negociación en la Unión Europea y fuertemente cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

Sobre todo colombianos y nicaragüenses serían los primeros afectados por una regulación que, de aprobarse como fue consensuada en el Parlamento Europeo, violentaría derechos humanos.

Ese reglamento incluye una lista de “países seguros”, Colombia entre ellos. Se trata de procesar rápidamente sus solicitudes de asilo, sin revisión individual, caso por caso. La explicación oficial es que agilizaría el trámite, dado que son muchas las solicitudes que se presentan.

Por otro lado, el Reglamento de Retorno penaliza duramente la situación administrativa irregular en territorio europeo. Un migrante encontrado en situación irregular en los países europeos arriesgaría cárcel de hasta 24 meses, así como deportación a “terceros países seguros”. Se trata de Marruecos, Bangladesh, Egipto y Túnez, países que han hecho acuerdos con la UE para poner a disposición centros de acogida de migrantes expulsados.

“De este reglamento, nos preocupa especialmente que afecte a personas, de todas las nacionalidades, susceptibles de protección internacional. Sobre todo, que se priorice la aplicación de una lista de
‘países seguros’, entre los cuales hay algunos con historiales claros de violaciones de derechos humanos, incluidas violencias contra personas migrantes y refugiadas”, explica a DW Nuria Díaz, coordinadora de incidencia y comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Precisamente, Colombia, junto con Venezuela, encabeza la lista de países de origen con mayor cantidad de peticiones de asilo en la UE; muchos buscan protección huyendo de la violencia en su país. Aunque para los venezolanos, por el momento, no hay restricciones, para los colombianos, sí.

¿Qué significa este cambio en concreto? Las solicitudes de asilo de colombianos serán tramitadas rápidamente, en un máximo de tres meses. Sin revisión individual, si los solicitantes no ofrecen documentos de su situación de vulnerabilidad, pueden ser retornados inmediatamente al país de donde huyeron. O a un tercer país con el que no hay ninguna relación.

Para la especialista del CEAR es importante recalcar que “el reglamento no forma parte del Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor a mediados de junio de 2026. El que atañe al retorno aún está siendo negociado”, subraya.

Cabe recordar que, a comienzos de este año, varios de los componentes tanto del Pacto de Migración y Asilo como del Reglamento de Retorno fueron puestos en duda por relatores de Derechos Humanos de la ONU.

Uno de los puntos más críticos es, precisamente, definir ciertos orígenes como países de origen seguro. “Desplaza el principio básico de la Convención de Ginebra: la evaluación individualizada de cada caso. Esa valoración es esencial para determinar si una persona necesita protección internacional o si corre graves riesgos en caso de ser devuelta, ya sea a su país de origen o a un país de tránsito”, señala Nuria Díaz.

Efectivamente, de aprobarse este reglamento, “se vulneraría la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; éste resulta especialmente relevante en la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hay que subrayar de que se habla de un retorno a países terceros, donde nadie asume la seguridad del deportado”, dice a DW, desde Ginebra, Winnye Bernard, directora de programas de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDHE).

Además, en un país desconocido, las personas migrantes “enfrentan mayores barreras para acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, y quedan, además, expuestas a posibles represiones transnacionales por parte de los actores de los que precisamente huyeron”, agrega.

Winnye Bernard enfoca especialmente el caso de Nicaragua y subraya la impotencia de sus ciudadanos en el exilio, a quienes no se les renueva el pasaporte. “Se trata de una apatridia de facto que no está contemplada y para la cual el reglamento no prevé protección”, agrega la especialista desde Ginebra.

Por otro lado, otro punto muy controvertido son las redadas. “El reglamento en negociación, que incluye redadas en espacios privados, sin orden judicial, contravendría los artículos 3, 5 y 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos”, recalca Bernard.

Por todo lo anterior, las expertas consultadas por DW advierten contra la aprobación de esta nueva regulación.

“Un reglamento de retorno tiene que salvaguardar evaluaciones individualizadas con el enfoque específico en la dignidad humana y el respeto pleno de los derechos humanos, a fin de evitar vulneraciones graves”, afirma la representante de RIDHE.

“Habrá que ver cómo queda el texto final. Por ejemplo, en países como España y en la mayoría de los países europeos, las actuaciones en espacios privados requieren autorización judicial. Una redada sin orden judicial es inconstitucional”, afirma Nuria Díaz.

“Ha habido mucho runrún con esto. Lo veo más bien como una propuesta de ciertos grupos políticos, que la Comisión ―guardiana de los tratados― no puede aprobar así como está. No obstante, si viniese así, habrá que denunciarlo”, afirma.

Por último, a propósito de actual caso de deportaciones de EE. UU. al Congo, surge la pregunta: ¿qué está previsto para los centros para deportados de Europa en este controvertido Reglamento de Retorno? “Por lo pronto, no podemos decir nada, porque esos centros aún no existen. El único caso fue lo que intentó hacer Italia en Albania y no prosperó”, afirma la especialista de CEAR, esperanzada de que en las negociaciones se retome el respeto por las regulaciones internacionales.

“Este Reglamento requiere una revisión profunda, porque violenta múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos”, concluye la representante de RIDHE.

Fuente: Deutsche Welle