Esta pieza de ley sobre extinción de dominio se estancó en la Cámara de Diputados, donde ha perimido, después de ser aprobado varias veces en el Senado.
7 años estacado.- El Congreso tiene bloqueado proyecto de ley extinción de dominio
Ley de Extinción de Dominio.- Busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales.
El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, se estancó en la Cámara de Diputados, donde ha perimido, después de ser aprobado varias veces en el Senado de la República.
La pieza legislativa lleva en discusión alrededor de 7 años. Constituye una de las leyes complementarias que manda la constitución promulgada en el 2010.
La constitución dispone, en el artículo 51, numeral 6, que “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”.
El proyecto define la extinción del dominio o de la propiedad como la pérdida de un bien mediante sentencia irrevocable, a consecuencia de su ilicitud, cuando el afectado no logre probar su procedencia lícita, su actuación de buena fe o está impedido para conocer su utilización u origen ilegal. Señala que procede sobre cualquier bien, independientemente de quien ostente su posesión o lo haya adquirido.
La prescripción para la acción civil sería de 30 años. Se ejercerá contra los bienes ilícitos por su naturaleza, origen o destino, y no contra ninguna persona en particular.
Autónoma
Será autónoma, es decir, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal, civil, administrativa, según consta en la propuesta legislativa.
Decisión en lo penal
“La absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de confiscación de los bienes, la ausencia de procesos penales o de cualquier otro género, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias o administrativas, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien y, por tanto, los mismos pueden ser objeto de la acción de extinción de dominio, aun cuando haya recaído decisión previa en lo penal, administrativo o cualquier otra índole”, se plantea en el proyecto de ley.
El juicio para el decomiso civil sería conocido por tribunales especializados que se sugieren crear, con categoría de corte de apelación. Y el sometimiento de la acción judicial será competencia del ministerio público, que actuaría en nombre del Estado dominicano.
En pleno estancamiento
El exsenador Adriano Sánchez Roa, uno de los autores del proyecto, indicó que fue aprobado en tres ocasiones en el Senado, pero que siempre perimió en la Cámara de Diputados. Dijo que fue trabajado desde el 2014.
Destacó que fue consensuado con todos los sectores, entre ellos autoridades, sociedad civil y los organismos internacionales.
“Este proyecto y la ley de Lavados de Activos y contraterrorismo, son las mejores armas contra el narco y la corrupción en general”, afirma.
Respaldo de EE.UU al país
El pasado miércoles, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Robert Thomas, dijo que su país desea trabajar con el gobierno dominicano en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio, que permita recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo. “Sé que esto es una prioridad de ustedes y después de varios intentos fallidos en el pasado creemos que la aprobación de esta legislación podría ser un logro importante para el pueblo dominicano y apoyaremos los esfuerzos de su gobierno para desarrollar esta importante herramienta”, indicó Thomas durante una reunión en el Palacio Nacional.
Robert Thomas, encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, ha desengavetado un proyecto de ley que generará un debate de primer plano en la lucha contra el flagelo de corrupción pública.
“Deseamos trabajar con ustedes en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita a su gobierno recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano”, dijo el diplomático al presidente Luis Abinader en un acto en el Palacio Nacional.
A principios de 2020, la pieza legislativa fue dejada sobre la mesa por el gobierno de Danilo Medina luego de su sanción en dos lecturas por el Senado.
El Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales.
La figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del 2010 en el contexto del artículo 51 que reza: “Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes nacionales”.
En su numeral 6, el citado artículo prescribe que, “la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio…”
Siendo de origen estadounidense, el instituto jurídico de la extinción de dominio ha sentado raíces en países como México, que lo introdujo en su Constitución en el 2008, y Colombia.
En República Dominicana, las leyes 5785 y 5924, de 1962, permitieron la confiscación de los bienes de los bienes de la familia Trujillo mediante procedimientos civiles y penales.
Sin embargo, el régimen preceptivo de este instituto actualmente es distinto de aquella experiencia post-trujillista, puesto que se trata de un proceso que persigue bienes y no personas, mediante juicios civiles contra organizaciones criminales.
Dentro de los escollos que presentó el proyecto de ley que perimió en el Congreso estuvo el hecho de que se creaba una jurisdicción especializada para el tema, cuestión que dificulta su operatividad.
La oportunidad
La oportunidad que se presenta ahora es que el presidente Abinader pudiera coordinar los esfuerzos de la comisión de abogados para la recuperación de bienes públicos creada por decreto con una vía rápida en el Congreso para la aprobación de esta ley
Fuentes; Acento Por Namphi Rodríguez – Listin Diario por Wanda Méndez
