PROCURADURÍA GENERAL DE LA RD
El tribunal señala que para declarar la extinción de la acción penal se deben valorar parámetros razonables que justifiquen la dilación de un proceso
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo en el proceso seguido por corrupción administrativa al mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y demás imputados en el entramado desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo fundamentaron su decisión en precedentes del Tribunal Constitucional, que han establecido que para declarar la extinción de la acción penal se deben valorar parámetros razonables que justifiquen la dilación de un proceso, tomando en cuenta el contexto de la justicia dominicana, caracterizado por limitaciones institucionales y múltiples recursos procesales que pueden retrasar la conclusión de los casos.
En el párrafo 20 de la decisión, el tribunal señaló que en la fase preliminar se produjo una prórroga de la investigación, en la cual el plazo del artículo 299 del Código Procesal Penal fue extendido de cinco (5) a noventa y cinco (95) días hábiles.
Esta medida, explicaron, se adoptó para proteger el derecho de defensa en un proceso de gran magnitud, lo que justificó la extensión de los plazos.
De igual forma, en el párrafo 21, las juezas detallaron que durante la etapa de juicio se produjeron múltiples aplazamientos entre el 26 de octubre de 2023 y el 27 de junio de 2024, fecha en la cual inició la presentación oral de la acusación por parte del Ministerio Público.
Dichos aplazamientos respondieron a causas atribuibles a las defensas de los imputados, como la incomparecencia de personas jurídicas a través de sus representantes legales, la designación de defensores públicos, la concesión de plazos adicionales para que los nuevos abogados conocieran la acusación y las pruebas, las renuncias y cambios de defensores, la incomparecencia de defensas técnicas y las licencias médicas de imputados.
El tribunal precisó que no existe constancia de que algún aplazamiento o suspensión, tanto en la fase preliminar como en el juicio, haya sido provocado por el Ministerio Público o el actor civil querellante.
Finalmente, la decisión establece: “Tras el análisis de todos estos elementos, entiende el tribunal que no puede determinar en el conocimiento del caso seguido al acusado Adán Benoni Cáceres Silvestre y compartes, que ha existido una dilación indebida, sino que el discurrir del proceso se ha dado dentro de los márgenes de la ley y respetando el derecho de todos los involucrados, lo que ha justificado la extensión del plazo previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal.”
Ministerio Público culmina presentación de testigos contra Adán Cáceres y compartes en caso Coral y Coral 5G
– El Ministerio Público culminó la presentación de pruebas testimoniales contra los acusados en el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G, que defraudó al Estado con más de RD$4,500 millones. Con esta etapa concluida, el órgano acusador avanza hacia la fase final de la presentación probatoria.
En la audiencia fueron escuchados varios testigos claves, entre ellos, Cipriano Agustín, tesorero de la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, quien reveló que, pese a ser el encargado de las finanzas, no tenía conocimiento de los RD$9 millones entregados por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre para la compra de un inmueble a nombre de la iglesia en la calle Jonás Salk, en Ciudad Universitaria. Agustín aseguró que se enteró de la transacción únicamente a través de los medios de comunicación, tras el estallido del caso Coral.
Durante la jornada, el órgano acusador estuvo representado por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Melbin Romero, Arolin Lemos y Enmanuel Ramírez, quienes continúan desahogando pruebas que demuestran la magnitud del entramado de corrupción militar, policial y religioso.
También, declaró la fiscal Rosa Alba García, quien participó en varios allanamientos relacionados con el proceso, entre ellos, el realizado en la residencia de Lucía de los Santos Viola, en Cabirma del Este, Santo Domingo Este. En ese lugar fueron ocupados documentos de propiedad administrados por ella, pero que correspondían realmente a su hermano, el general de brigada Julio Camilo De los Santos Viola, y a Adán Benoni Cáceres Silvestre.
La fiscal García agregó que Lucía de los Santos Viola entregó de manera voluntaria al Ministerio Público una yipeta Toyota 4Runner, año 2018, registrada a su nombre, pero, perteneciente en realidad a su hermano Julio Camilo De los Santos Viola, lo que evidencia su papel como testaferro en la red criminal.
Asimismo, el fiscal Jensy Víctor declaró que en un allanamiento a la residencia de Julio Camilo De los Santos Viola fue ocupado un polígrafo propiedad del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), pese a que el acusado no tenía ya funciones en esa entidad, lo que evidencia un caso de desfalco.
Víctor añadió que, en otro allanamiento, realizado en una propiedad turística ubicada en el condominio Las Velas AT, en Juan Dolio, se ocuparon documentos y recibos de pago de mantenimiento que demuestran que el verdadero propietario del inmueble es el coronel Rafael Núñez de Aza, junto a su hija mayor Summer Laurice Núñez. El bien figura a nombre de la empresa Unido Real State e Inversiones SRL, de la imputada Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) y su hijo Tanner Flete Guzmán, mecanismo utilizado para ocultar propiedades que Núñez de Aza no podía justificar con ingresos lícitos.
Con estas declaraciones, el Ministerio Público cerró la etapa de testigos y peritos, acumulando un total de 282 testimonios y peritajes, 1,076 pruebas documentales, 29 pruebas materiales y 132 informes periciales.
Ahora el proceso judicial avanza a la incorporación de las pruebas documentales y materiales, un trámite de exhibición y estipulación que precede a la presentación de las pruebas de la defensa de los imputados.
La audiencia, presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el próximo jueves 14 de agosto de 2025.
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