Ivelisse Prats de Pérez y Rafael Santos exigieron este domingo al arquitecto Andrés Navarro, no abandonar formalmente la condición de ministro de Educación, sin antes rendir cuenta al país sobre su gestión, tal como disponen la Constitución de la República en sus artículos 138, 247 y 250 , la Ley que rige la Cámara de Cuentas, y mandatos específicos de la Ley Orgánica de Educación, 66-97.
Afirmaron que antes de lanzarse a una carrera presidencial, por respeto al país y cumplimiento de requisitos legales, Navarro debe dar cuenta sobre los más de quinientos cincuenta mil millones de pesos (RD$550,000,000,000) que administró del 4 % del PIB para el financiamiento de la educación pre universitaria.
“El señor Navarro tiene que decirle al país, especialmente a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas y a la comunidad educativa nacional cuántos de esos recursos fueron asignados a edificaciones y reparaciones de escuelas, a compra de mobiliario, computadoras; quienes recibieron esas computadoras, cuánto dinero gastó en compra de útiles escolares, cuánto en libros, en alimentación escolar, etc”, detallaron.
Prats de Pérez, ex secretaria de Educación, y reconocida experta académica, y Santos, secretario de Educación y Doctrina, del Partido Revolucionario Moderno, ambos miembros de la Dirección Ejecutiva del partido opositor, hicieron el emplazamiento a Navarro en rueda de prensa ofrecida en la casa nacional de su partido.
“Es necesario que el Arq. Navarro explique por qué no fueron entregados los uniformes a la mayoría de los estudiantes de escuelas públicas, a pesar de haberse realizado el pago a los suplidores, sobre la grave denuncia de que la adquisición de terrenos para la construcción de escuelas se tornó en un gran negocio inmobiliario, pagándose tierras sobrevaluadas que no eran aptas para albergar un recinto escolar”, especificaron.
También emplazan a Navarro a explicar de manera convincente las reiteradas quejas de los estudiantes por la mala calidad de los alimentos que se sirven en las escuelas, y las frecuentes intoxicaciones que sufren los escolares, merecen ser aclaradas.
“Es preciso explicar por qué las escuelas construidas con dinero del 4 % son mucho más caras y menos resistentes que las construidas en la década muy remotas”, subrayaron.
“Es evidente que el señor Navarro tiene que dar muchas explicaciones al país, antes de salir a hacer proselitismo y ofertársele como futuro presidente de la República”, puntualizaron.
Dijeron que la reticencia a rendir cuenta al país es propia de muchos funcionarios de los gobiernos del PLD, pues el señor Carlos Amarante Baret, ex incumbente del Minerd, que anda en los mismos aprestos que Navarro aún no ha rendido cuenta a los organismos de control de los fondos administrados, ni se conoce de ninguna auditoria a su gestión.
Prats de Pérez y Santos advirtieron que a pesar de la inversión del 4%, la educación no ha mejorado, resultando el país descalificado en todas las pruebas de medición de calidad, incluidas las pruebas nacionales y las propias realizadas por el Departamento de evaluación del Ministerio de Educación, en la que apenas el 14% de los estudiantes del tercer grado de primaria tenían dominio de los contenidos de matemáticas y gramática, en unas pruebas aplicadas en 2017.
Condenaron que en la gestión Navarro fuera emitida la Ordenanza 24-17, mediante la cual se violó el artículo 9.1 del Pacto Educativo, los artículos 132 al 140 de la Ley de Educación No. 66-97 y la Ley de Administración Pública No. 41-08, al desconocer el mecanismo de concurso de oposición que disponen esas normativas para ocupar las plazas docentes y docentes administrativas.
“En este momento se ha vuelto a recurrir a una práctica de los años setenta, cuando en el país apenas había un 9 % de profesores graduados en educación; entonces se contrataban bachilleres en servicios, con el pasar del tiempo ese obsoleto método fue casi erradicado, los docentes no graduados eran menos de un 5 %.
“Pero a partir de la gestión de Navarro fueron suplantando los concursos, se designaron por contratos aquellos que no alcanzaron pasar las pruebas de oposición, siempre y cuando pertenecieran al partido de gobierno, mientras se dejaron de nombrar los que ganaron los concursos y hoy tenemos más de un 30 % de personas contratadas como docentes sin ser tituladas y sin aptitud para ocupar esas plazas”, concluyeron.
24 de febrero de 2019.
