Faride Raful denunció en la Cámara de Diputados que cuando Joao Santana salió del país en febrero 2016, en plena campaña presidencial, a enfrentar la justicia brasileña por recibir pagos en el extranjero que provendrían de sobornos en Petrobras (siendo condenado a prisión), éste renunció a asesorar la campaña del presidente Danilo Medina, momento en que aspiraba a la reelección.
SANTO DOMINGO.-El movimiento cívico Participación Ciudadana respaldó hoy la solicitud de la diputada Faride Raful y otros diputados del PRM de que se nombrara una comisión especial para investigar los pagos a las empresas de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.
Los cuatro legisladores propusieron que se investiguen las contrataciones públicas que hizo el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2017, a favor de las empresas Cine&Art 2013 y Polis Caribe, propiedad de Santana y Moura.
Faride Raful denunció en la Cámara de Diputados que cuando Joao Santana salió del país en febrero 2016, en plena campaña presidencial, a enfrentar la justicia brasileña por recibir pagos en el extranjero que provendrían de sobornos en Petrobras (siendo condenado a prisión), éste renunció a asesorar la campaña del presidente Danilo Medina, momento en que aspiraba a la reelección. No obstante, la diputada sostuvo que las empresas de Santana siguieron recibiendo dinero por parte del Estado.
En ese sentido, Participación Ciudadana indicó que la revelación hecha por los diputados, con pruebas provenientes de la Contraloría General de la República, de contrataciones con ambas compañías por 4 millones 800 mil dólares y 1,109 millones de pesos, para un total de 1,346 millones 841 mil 796 pesos, equivalentes a 30 millones 784 mil dólares, “son razones más que suficientes para justificar con creces la solicitud realizada, la que PC respalda sin reservas”.
El movimiento catalogó como incorrecto el comportamiento del diputado Radhamés Camacho al solicitar sacar el caso del hemiciclo cameral y canalizarlo a través de los tribunales, ignorando que, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, el Congreso Nacional no solo legisla, sino que además tiene funciones de fiscalización y control de finanzas públicas, por lo que tiene facultad de nombrar comisiones especiales de investigación.
“La Constitución es reiterativa al respecto cuando en su artículo 246 dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional…”, añade la organización en el comunicado.
Participación Ciudadana sostuvo que los legisladores Raful, Paulino, Díaz y Burgos, no solo cumplían con su obligación como diputados, sino que también desempeñaban su deber ciudadano descrito en el artículo 75 de la Constitución, de velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
“No se trata de defender colores partidarios en la Cámara de Diputados sino de anteponer los colores patrios, ante un hecho tan revelador como el que implica pagos millonarios a dos personas vinculadas al caso Odebrecht, sobre todo, una parte de los pagos realizados con posterioridad a su condena en Brasil a cinco años de prisión por 19 cargos de lavado de activos. Todo esto implica que el gobierno dominicano ha estado pagando servicios a personas condenadas por actos de lavado, hecho que por sí mismo es gravísimo y merece no solo ser investigado, sino una explicación detallada por parte de las autoridades comprometidas en tales hechos”, alegó el capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
