La noticia saltó a los portales y, casi en paralelo, las miradas se dirigieron a Estados Unidos. Aunque había sido la Corte Suprema panameña la que anulaba la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, que operaba a través de su filial Panama Ports Company (PPC) dos puertos del Canal de Panamá, la noción de que esto respondía más bien a la presión de Washington comenzó a ganar fuerza. Y no por razones infundadas.
“La decisión puede interpretarse mejor en una doble clave: es, al mismo tiempo, un acto jurídicamente fundamentado y un movimiento con claras implicaciones geopolíticas”, dice a DW Michaela Braun, representante de la fundación Konrad Adenauer en Panamá.
Esto, porque el mencionado fallo, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero de 2026, respondía a dos demandas presentadas en 2025 y a una auditoría que encontró irregularidades. Con eso sobre la mesa, el Gobierno panameño tiene respaldo suficiente para defender que el fin de la concesión simplemente ejecuta una decisión judicial, en el marco de la soberanía del país y la Constitución.
“No obstante, el contexto internacional es relevante”, admite Braun. “Desde 2025, Estados Unidos venía presionando al alertar sobre la creciente presencia de empresas vinculadas a China en infraestructuras estratégicas del Canal. El fallo fue interpretado por algunos sectores como un triunfo indirecto de la estrategia estadounidense para limitar esa influencia, mientras Pekín reaccionó con fuertes críticas”, explica.
El académico y diplomático Julio Yao tiene una perspectiva más crítica. Para él, el presidente José Raúl Mulino “actuó como un vasallo de Estados Unidos”, y enumera varios episodios que, a su juicio, sustentan esta idea: “Anuló la participación de Panamá en la iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por China; autorizó el retorno de las bases militares norteamericanas al Canal; y facilitó el paso expedito de sus barcos por el Canal, en violación del Tratado de Neutralidad”.
“Las denuncias públicas contra la empresa y, sobre todo, las controversias sobre los términos del contrato, llevan varias décadas. Por eso, en muchos sectores de la sociedad se recibió como un trago amargo que el gobierno anterior de Laurentino Cortizo decidiera renovar el contrato en medio de denuncias. En ese sentido, el fallo responde a una pregunta que durante años se hizo gran parte del país: ¿era ese contrato beneficioso para Panamá? Y la respuesta de la Corte Suprema fue no”, explica a DW la politóloga Cristy Rodríguez.
Esa decisión judicial, que es inapelable, es el corazón de esta medida. El presidente Mulino dijo a la prensa que no se trataba de una expropiación, y que los dos puertos que eran gestionados por CK Hutchison fueron sujetos de un “decreto de ocupación, una herramienta legítima que respeta la propiedad de los bienes”. Los puertos, llamados Cristóbal y Balboa, serán administrados de forma transitoria por una firma danesa y otra suiza.
“El Gobierno de Hong Kong expresa su firme disconformidad y oposición a la toma forzada, por parte del Gobierno panameño, de dos puertos”, señala un comunicado emitido por el Ejecutivo de la Región Administrativa Especial china, mientras que Pekín, a través de su Ministerio de Exteriores, indicó que “defenderá firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de la empresa”.
“Panamá ha quedado en medio de un conflicto que no es suyo y que no buscó, en un contexto de cambio en la política exterior de Estados Unidos. Las exigencias vinculadas a esos puertos han venido acompañadas de presiones y amenazas por parte de Washington y en gran parte por eso China tal vez lo ha interpretado como una agresión más dentro de un ambiente en donde la retórica se vuelve cada vez más confrontativa”, dice Rodríguez.
Braun complementa: “Jurídicamente, la medida nace de un proceso interno; políticamente, se inserta en un entorno de enorme presión externa e intereses estratégicos. En este sentido, la decisión podría ser interpretada como ejemplo de cómo los actos jurídicos internos adquieren inevitablemente importancia geopolítica en medio de presiones y disputas entre grandes potencias”.
Todo este embrollo trae aparejado otro problema: el temor que pueda suscitarse en los inversionistas ante la posibilidad de que sus empresas puedan ser víctimas de presiones en Panamá. “La imagen del país se ve afectada integralmente, porque se desacredita y desprestigia”, dice Yao a DW.
“Sí, la decisión podría generar incertidumbre, especialmente en lo relativo a contratos de concesión a largo plazo”, añade Braun. “No obstante, el gobierno ha intentado contener ese impacto presentando el proceso como una transición ordenada. Ha garantizado la continuidad de los servicios, la vigencia de contratos y la protección del empleo”, apunta.
La disputa amenaza con extenderse varios años. “PPC ha iniciado un arbitraje contra Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional. Este tipo de litigios suele prolongarse durante años y, aunque no puede revertir fallos internos, sí puede determinar si el Estado incumplió obligaciones contractuales y si corresponde pagar compensaciones, que podrían ser millonarias”, menciona Braun.
Rodríguez, en tanto, puntualiza que “al final, Panamá tendrá que gestionar una situación que no pidió, pero que debe manejar con cuidado para sostener la relación con su principal socio comercial y aliado histórico, Estados Unidos, sin desconocer la importancia de China, el segundo usuario del Canal”.
Fuente: Deutsche Welle
