Comenzaron en 1963 en Argelia y, según datos de 2024, están presentes en 56 países, con más de 23 mil médicos, enfermeros y técnicos.
Las misiones cubanas de profesionales del área de la salud se publicitan como símbolo de solidaridad, pero a la vez son acusadas de maltrato, fraude y esclavitud. Se les critica también que desvían personal al exterior, cuando la situación para los 9,9 millones de cubanos es cada vez más precaria.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al régimen cubano de enriquecerse con este programa, que califica de trabajo forzado, y emitió sanciones contra funcionarios de varios países y exmiembros de la OPS por su supuesta complicidad. Las reacciones en América Latina y el Caribe no se hicieron esperar.
Bahamas y Antigua y Barbuda decidieron prescindir de estos servicios en 2025 y, recientemente, Guatemala, Guyana y San Vicente y las Granadinas también revocaron sus convenios. Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, Cuba comenzó a repatriar a su personal sanitario, el contingente más elevado y que habría sido pagado en petróleo.
La organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha recogido más de 1.400 testimonios de participantes que acusan irregularidades, entre ellas malos tratos, excesiva carga laboral y sueldos irrisorios. Los testimonios han llevado a relatores de las Naciones Unidas a denunciar este sistema que infringe una serie de normas, el Parlamento Europeo ha emitido resoluciones calificándolas de esclavitud y el Comité de los Derechos del Niño ha exigido modificar leyes que afectan a las familias.
Ante las críticas, Michael Cabrera, exdirector de la Unidad Central de Colaboración Médica de Cuba ha defendido las misiones como un medio para la financiar la salud pública de la isla, aportar a los ingresos familiares y a la economía del país.
La exportación de servicios, en su mayoría las misiones de profesionales al exterior, junto al turismo, representan el principal ingreso de divisas para Cuba. “Cuba factura en torno a los cinco mil o seis mil millones de dólares anuales por las misiones médicas”, dice a DW Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defendes (PD).
Según datos oficiales del Anuario Estadístico de Salud 2024, el país cuenta con 390.279 trabajadores del sistema nacional de salud. De estos, 75.364 son médicos y 71.948 corresponden a personal de enfermería. En 2009 alcanzó su punto más alto, cuando llegó a tener 582.538 trabajadores en el área. A pesar de la disminución, según cifras de la OMS, Cuba mantiene la tasa más alta de médicos de América Latina, con nueve por cada mil habitantes, seguido por Argentina con cinco y Chile con tres.
La educación pública y universidades repartidas por toda la isla han permitido formar un elevado contingente. Cuba cuenta con 29 facultades de medicina. En 2024 se graduaron 5.291 médicos y desde el año 1959, un total de 220 mil.
Por otra parte, tanto en Latinoamérica como en otras regiones, hay países con déficit de facultativos, que están dispuestos a pagar por este recurso, que además goza de prestigio internacional. Para Cuba, la diplomacia sanitaria reporta no sólo divisas.
La oenegé Prisoners Defenders estima que habría unos 30 mil profesionales de la salud cubanos en el exterior. A eso suma unos nueve mil marinos y otros tantos profesionales de otras áreas, como profesores, arquitectos e ingenieros, bajo las mismas condiciones legales. Del área de la salud, “en México hay más de tres mil y en Venezuela estimamos entre 17 mil y 18 mil”, indica Larrondo.
Larrondo reclama que la inversión de Cuba en salud pública corresponde al 1 por ciento de los ingresos que tiene por concepto de misiones: “La población no tiene servicios médicos de mínima calidad ni médicos suficientes para cubrir las necesidades. Eso contrasta con que hay 30 mil médicos fuera de Cuba. Todo nos lleva a la conclusión de que es un negocio, que prima por sobre la atención de la salud pública”.
En Cuba, un médico cobra en promedio unos 20 dólares al mes, calcula el presidente de Prisoners Defenders. Las misiones significan una oportunidad de ingresos, pero la mayor parte no llega a su bolsillo. A partir del análisis de los convenios y testimonios, Larrondo sostiene que “el 85 por ciento de todos los salarios se lo queda el régimen cubano”.
Entre otros casos, ejemplifica: “México en la pandemia pagaba 3.750 dólares y los médicos cubanos recibían 200 al mes. En Catar, Cuba cobra 13 mil dólares por un médico especialista, pero le paga como máximo 1.200, menos del 10 por ciento. En Italia, el médico cobra 1.200 euros, pero Italia paga 4.700, o sea el 75 por ciento es para el régimen cubano”.
“Yo pensaba que iba a ganar un salario digno e iba a poder mejorar la vida de mis hijas”, dice a DW Arisleydi López, licenciada en Enfermería. Participó en dos misiones: primero en México por tres meses para la pandemia y luego dos años en Venezuela, desde donde escapó a Colombia. Hoy vive en Estados Unidos.
La enfermera denuncia extenuantes jornadas de trabajo, malas condiciones y contratos que son “un fraude total. Nos hicieron firmar sin que dijeran cuánto pagarían”. Tiene más 30 años de experiencia y varias especializaciones, pero reconoce que había profesionales que no estaban a la altura.
“Estudiamos la parte teórica en forma profunda muchos años, pero con equipos obsoletos. Estábamos mal preparados. Al mundo entero le dicen que son misiones solidarias, pero cobran el servicio. Están explotando y esclavizando al personal de salud y cometiendo un fraude al enviar personas que no están preparadas o venden personal primario como especialista. Incluso nos obligaban a generar estadísticas falsas de atenciones a pacientes”, apunta López.
La medicina cubana goza de gran prestigio a nivel internacional. Sin embargo, el desempeño de las misiones en los últimos años está bajo cuestionamiento. Larrondo afirma que, a partir del año 2000, coincidiendo con el impulso que se les dio a las brigadas, se bajaron los requisitos de notas, hubo programas de titulación acelerada: “Han bajado el nivel, han dado los títulos gratuitos y han enviado personal como médico que no era médico”.
Participantes reclaman que no les permiten llevar sus títulos para evitar que deserten. Por lo mismo, denuncian, les retienen los pasaportes y están sujetos a restricciones en las relaciones personales y el movimiento. Testimonios recogidos por Prisoners Defenders indican que los profesionales eran vigilados por sus jefes y que debían espiar a sus compañeros, así como recoger información sobre tendencias políticas de pacientes.
Por ley, el que abandona la misión o deserta se arriesga a una pena de prisión y tiene prohibición de regresar a Cuba por ocho años. Es el caso de la enfermera Arisleydi López. Pudo reunirse con su hija mayor en Estados Unidos, pero la menor, de 11 años, sigue en la isla y no la ha visto más que por videollamada: “Todo lo que tenía que perder lo perdí. Si no estoy de acuerdo con que me esclavicen, son ocho años de separación de mi familia”.
Al respecto, Larrondo alerta: “Hay miles de niños huérfanos por aquellos que huyen de las misiones y no pueden volver a Cuba, ni sus familiares salir. Las leyes están conformadas para ahogar y amedrentar a los médicos, que arriesgan perder a su familia”.
Fuente: Deutsche Welle
