Por Luis José Chávez
El sociólogo urbano español Manuel Castells ha definido el Ayuntamiento como el nivel más descentralizado del Estado, el más penetrado por la sociedad Civil, el más accesible a los gobernados y el más directamente vinculado a la vida cotidiana de las masas populares, apuntando que en un régimen democrático el municipio pasa a ser el canal de representación que maximiza la expresión de la voluntad popular.
Consecuente con esa visión, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, se ha comprometido a fortalecer la autonomía de los gobiernos locales, traspasando más recursos y responsabilidades a los ayuntamientos y ampliando los niveles de participación de los ciudadanos en la administración municipal.
Abinader ha definido claramente la voluntad de impulsar las transformaciones institucionales, políticas y sociales necesarias para asegurar la participación activa de los ayuntamientos en una estrategia nacional de desarrollo equilibrada, incluyente y sostenible.
Verdaderos gobiernos locales. En diversos escenarios en que ha expuesto su visión sobre el papel de los cabildos, el candidato presidencial del PRM ha planteado la necesidad de transferir progresivamente las atribuciones y recursos que permitan a los ayuntamientos actuar como verdaderos gobiernos locales, con capacidad para prestar los servicios básicos esenciales que les asigna la ley y responder razonablemente a las contingencias cotidianas de sus comunidades.
En los lineamientos del programa de Gobierno del PRM se propone crear mesas nacionales de coordinación para transferir competencias de vocación municipal desde el Gobierno Central hacia los gobiernos locales, así como la gestión de competencias coordinadas.
Ordenamiento territorial. Una de las tareas prioritarias del próximo gobierno, según el enfoque programático del PRM, será desarrollar un plan nacional de ordenamiento territorial en coordinación con los gobiernos municipales para asignar a cada tipo de suelo, según sus características ambientales, el uso apropiado para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, sin degradar la calidad del medio ambiente.
En este contexto, el PRM reafirma la voluntad de hacer cumplir las leyes y normativas que regulan el uso de suelo, o que penalizan las violaciones que afectan la calidad de vida de muchas ciudades, donde el desorden y la anarquía se han convertido en el pan nuestro de cada día. Corresponde a las autoridades asumir el rol que les asigna las leyes, y a los ciudadanos el deber cívico de exigir su efectivo cumplimiento.
Turismo y desarrollo local. La propuesta municipal de la principal fuerza opositora también plantea propiciar una alianza con los gobiernos locales para promover el turismo en cada uno de los municipios del país, en el entendido de que se trata de una herramienta viable a corto y mediano plazo para desencadenar una dinámica económica con poder para generar empleos y estimular la actividad productiva.
Esa alianza estará orientada a estimular políticas municipales que además de adecuar y promover los atractivos turísticos locales contribuyan a ordenar el territorio, preservar los recursos naturales, fortalecer la seguridad y mejorar los servicios públicos.
Empleo y desarrollo económico. En relación con el empleo y el desarrollo económico el gobierno del cambio trabajará junto a los ayuntamientos en interés de crear condiciones favorables para incentivar la actividad productiva, desde la micro, la pequeña y la mediana empresa, hasta los grandes negocios e inversiones que demandan mejores servicios públicos, regulaciones transparentes y un clima social adecuado, como sucede con el turismo.
Aseo urbano, una responsabilidad compartida. Otra de las grandes prioridades de las próximas autoridades del PRM es la gestión del aseo urbano y la disposición final de los desechos sólidos, una problemática que debe ser abordada conjuntamente entre el Gobierno Central, los ayuntamientos y el liderazgo comuniario.
Uno de los grandes fracasos del actual gobierno ha sido su incapacidad para avanzar en la definición de una estrategia nacional para el manejo adecuado de los desperdicios sólidos, desde la recolección hasta su destino final, incluyendo de manera transversal el reciclaje y el aprovechamiento de los desechos de acuerdo a su clasificación, partiendo de la premisa de que la basura es un recurso valioso colocado en el lugar equivocado.
El fiasco de Dominicana Limpia. Es oportuno recordar que el programa Dominicana Limpia, dependiente de la Presidencia de la República, anunció en el 2017 que sería intervenida la disposición final de los desechos sólidos en los municipios de Boca Chica, Puerto Plata, Villa Altagracia, Verón-Punta Cana, Boca Chica, Cotuí, Jarabacoa, Jaragua, Las Terrenas, Monte Plata, Nagua, Neyba, Sabana de la Mar, Salcedo, San Juan de la Maguana, Tamboril y Villa Tapia, sin lograr ninguna solución tangible, a pesar de los cientos de millones de pesos destinados a ese programa.
El experto en municipalismo, Waldys Taveras, ha descrito de manera simple y llana el resultado de Dominicana Limpia: “El programa no ha cumplido con ninguno de sus objetivos anunciados en julio de 2017 y sus actuaciones se han limitado a declaraciones de prensa y actividades burocráticas”.(Marzo 2020).
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Fuente Hoy Digital
