Opinión

Respecto a los resultados de las elecciones municipales, el presidente Danilo Medina dijo recientemente que de lo que se trata es de “llevar la gente a votar” y que, consecuentemente, ganarán alcaldías y regidurías aquellos candidatos que más votantes acarreen a los centros de votación.

Fue una declaración aparentemente lógica e inofensiva, pero, sin embargo, no lo es. La declaración revela la conciencia que tiene Danilo de que la simpatía electoral de su partido y sus candidatos ya no son lo que fueron. Y que ese déficit de simpatías debe ser compensado “llevando la gente a votar”.

Para Danilo, “llevar la gente a votar” no es solo transportarla desde sus casas y vecindades, sino también coaccionarla.

Chantajear los votantes comprándoles sus cedulas, ofreciéndoles dinero para que cambien su decisión de voto, amenazándoles con quitarles algunas asistencias del Estado, prometiéndoles empleos que después no aparecen y otras acciones prohibidas por la ley.

Según los expertos la suma de esas violaciones podrían representar entre 5 y 7 % de votación en perjuicio neto para la oposición. Naturalmente, para aplicar tales tramposerías y de modo impune es necesario que el Gobierno se involucre con todos sus poderes.

Ese involucramiento del Gobierno en las elecciones fue en verdad lo que anuncio Danilo Medina cuando hizo aquella sencilla declaración.

En unas semanas las fuerzas del Gobierno intentarán arrebatar alcaldías y regidurías a candidatos de la oposición, principalmente en comunidades localizadas en las profundidades del país. Se trata de una película repetida que ni el pueblo ni la oposición deberían tolerar.

Y el PRM, con toda prudencia, ha dicho que no tolerará compras de cédulas, ni maniobras de funcionarios electorales. Lógicamente, los pragmáticos como Danilo no creen en esas “bravatas”.

El 2020 debe ser el año final del largo juego sucio electoral montado por el PLD sobre el lomo magullado del pueblo dominicano.

El PRM, consciente de sus simpatías, estará dispuesto a defender sus votos en cualquier terreno, incluso en Arroyo Cano.

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Antonio Almonte

Fuente El Nacional