Mientras los combates siguen extendiéndose por el norte de Etiopía, los civiles se encuentran atrapados en medio del fuego cruzado entre fuerzas rivales. No hay internet ni otras vías de comunicación.
DW logró hablar con testigos presenciales cuyos relatos apuntan a un número creciente de víctimas civiles.
Las milicias progubernamentales y medios afines a estas informaron que las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) habían logrado un progreso significativo al tomar el control de Alamata, en el sur de Tigré, el 27 de septiembre.
En los últimos días se han producido varios incidentes violentos, especialmente en la región fronteriza entre las regiones de Tigré y Amhara, y se han recibido numerosos informes de civiles muertos por fuego de artillería.
La situación estratégica sobre el terreno sigue siendo difícil de evaluar, ya que, según los informes, tanto las fuerzas rebeldes como las federales están avanzando en diferentes áreas.
Una fuente asegura a DW que la ENDF, la fuerza militar oficial del país, continúa avanzando hacia Mekele, la capital regional.
Según se informa, las fuerzas de Tigré están luchando para defender otras ciudades, como Mekoni y Mai Ceu, en el sur de la región, según comenta a DW una fuente que pidió el anonimato.
Situada a unos 120 kilómetros al sur de Mekele, Alamata es de importancia estratégica y se encuentra sobre una carretera principal. Durante la guerra de 2020-2022, cambió de manos varias veces entre las dos partes beligerantes.
Un habitante de Alamata, de 45 años, nos explica que un ataque a un mercado fue programado deliberadamente para maximizar las bajas civiles. "En el mercado del sábado en Alamata, 11 personas murieron y otras 15 resultaron heridas".
Es importante señalar que estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente.
DW también se puso en contacto con un vocero de ENDF para recabar comentarios. En el momento de la publicación de este artículo, el portavoz no había respondido a la solicitud.
El 23 de septiembre 7de 2026 estallaron combates a gran escala , cuando las fuerzas de TIgré tomaron los aeropuertos de la capital regional, Mekele, así como los centros regionales de Aksum y Shire.
Tres días antes, el Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF) y otros seis grupos armados habían anunciado una nueva alianza destinada a derrocar al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed.
Inesperadamente, a la alianza se unió el Movimiento Nacional Amhara Fano, que había apoyado a las fuerzas federales contra el TPLF durante la guerra de 2020-2022, pero que ha cambiado de bando y se ha dedicado a luchar contra el gobierno federal.
Mientras tanto, el gobierno federal y las fuerzas de Tigré se han acusado mutuamente de haber iniciado la última escalada, y ambas partes presentan sus acciones militares como de carácter defensivo.
Dependiendo de la fuente, se estima que entre 162.000 y 600.000 personas murieron en la brutal guerra de 2020-2022, que se libró por el estatus político de la provincia norteña de Tigré.
La guerra terminó en noviembre de 2022 con el Acuerdo de Pretoria. Pero quedaron disputas territoriales importantes sin resolver, y tampoco se resolvió sobre el retorno de las personas desplazadas y la desmovilización total de las fuerzas tigrianas.
El TPLF también restableció el consejo regional de Tigré anterior a la guerra, una medida que el gobierno federal consideró una violación del marco de Pretoria.
Las tensiones aumentaron, culminando en nuevos enfrentamientos entre las fuerzas tigrianas y federales a partir de agosto de 2026.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha informado que solo ha podido evacuar a unas 160 personas de Tigré, entre ellas, personal de la Policía Federal Etíope, empleados de Ethiopian Airlines y observadores de la Unión Africana.
Los observadores están preocupados por la situación de los residentes, no solo en Tigré, sino en todo el norte de Etiopía.
Amdegebreal Admassu, un abogado etíope especializado en asuntos políticos y jurídicos, subraya a DW que había recibido informes de que los combates habían impactado en instalaciones públicas, incluidos hospitales, escuelas e instituciones religiosas.
"Tanto según el derecho internacional como según el código penal de nuestro país, tales acciones se clasifican como crímenes de guerra", explica Amdegebreal.
Mebrihi Birhane, subdirector de la ONG Human Rights First Ethiopia, dice a DW que muchas de esas instalaciones civiles ya se habían visto afectadas durante la guerra de 2020-2022.
Asimismo, se informa de un aumento drástico de los precios de los bienes de consumo básicos debido a la interrupción de las rutas de suministro.
Los últimos informes indican que las fuerzas de Tigré han avanzado hacia la región de Afar y, al parecer, controlan la zona alrededor de Erebti.
Según los analistas, este avance podría tener como objetivo amenazar el principal corredor comercial de Etiopía, una ruta vital utilizada para las importaciones y exportaciones y un sustento para la economía del país.
Mientras tanto, el renovado conflicto podría extenderse más allá de las fronteras de Etiopía, al Cuerno de África y más allá, ya que el primer ministro Abiy ya ha acusado a los países vecinos de tomar partido y apoyar a las fuerzas rebeldes.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquíy marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
Fuente: Deutsche Welle
