"Con la Ley de Mujeres Buscadoras construimos, de nuestro puño y letra y con nuestro dolor, un marco jurídico de protección y atención que permite que ya no nos miren como las locas que salen con las fotos a las calles gritando los nombres de sus seres queridos y exigiendo que nos los devuelvan vivos", cuenta a DW en Bruselas Andrea Torres Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB). Esta fue secuestrada y desaparecida por el Ejército de Colombia el 30 de agosto de 1987.
Desde ese momento, su hermana y su sobrina lucharon por encontrar la verdad y la justicia por su desaparición y por la de otros cientos de miles de desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) estima que entre 1985 y 2016 desaparecieron al menos 121.178 personas.
"Cuando estábamos escribiendo nuestro informe para la CEV, vimos que en esa búsqueda nosotras mismas habíamos sufrido violencia sexual, extorsión, amenazas. Por eso redactamos esa ley que nos protege como defensoras de derechos humanos. La Ley de Buscadoras fue aprobada, pero su implementación corre peligro. Nuestras vidas también", agrega Andrea Torres, subrayando que en mayo de 2026 fue asesinada una buscadora y, en junio, fue amenazada y violentada otra.
En su reciente informe Promesas Rotas, el Programa Somos Defensores afirma que el 2025 fue el año con mayor incidencia letal contra personas defensoras durante el último gobierno: cada dos días un asesinato.
"El incremento de la violencia selectiva que tuvo lugar en el año 2025 responde no solo a la poca receptividad que, en la práctica, tuvieron documentos como el Plan de Emergencia presentado dos días antes de comenzar el actual gobierno nacional", afirma el informe. La falta de voluntad para escuchar las exigencias del movimiento social frente a escenarios de riesgo sería, según el informe, una de las causas del aumento de las agresiones a líderes sociales.
En este contexto letal para los que defienden derechos, las buscadoras son especialmente frágiles, pues hasta la Ley 2364 ni siquiera se las reconocía como defensoras. "En Colombia nos enfrentamos al machismo, no veían por qué tenía que existir una ley para las buscadoras", explica Andrea Torres. Desconocían que "la búsqueda está feminizada, porque la mayor parte de desaparecidos son hombres y porque estamos en una sociedad patriarcal que nos impone roles de cuidadoras y por eso nos hemos echado la carga de esta tarea que debería ser del Estado", agrega.
Por otro lado, la ley reconoce también el saber que han acumulado estas madres, hermanas, parejas durante su labor de alto riesgo. "Tenemos que investigar y reunir pruebas, cartografiar las posibles ubicaciones de nuestros seres queridos para poder dar pistas, aprender leyes para acceder a la justicia, hacer labor de incidencia", explica Andrea Torres, recalcando que la desaparición forzada es un delito que no deja huella y es difícil identificar a los responsables.
"En la década de los 1980, la dinámica era desaparecer al que pensaba diferente; más adelante cuando se crean los grupos paramilitares se extendió a la población civil. Ahora la mayoría de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres reclutados para el tráfico de armas y de drogas, para la trata y para la guerra”, detalla.
Como fuere, la Ley de Buscadoras no es importante solamente para Colombia. Reconociendo la labor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como referente, "esta ley tiene una dimensión internacional; tenemos muchas compañeras en distintos lugares del mundo, donde ni siquiera está tipificada la desaparición forzada como delito", afirma Andrea Torres.
Con este alcance tanto nacional como internacional, la directora de FNEB se muestra optimista. Por lo pronto, desde el grupo Verdes/ALE del Parlamento Europeo, se reafirma el apoyo a la Ley de Mujeres Buscadoras. "Seguiremos muy de cerca su cumplimiento", comenta a DW, Ana Miranda, eurodiputada gallega del BNG y vicepresidenta de la Asamblea Euro-Latinoamericana (EUROLAT).
Finalmente, Andrea Torres echa la vista atrás y recuerda por qué vuelve a Bruselas con esta ley bajo el brazo. "Como en Colombia no nos hacían caso, en 2022 vinimos a buscar apoyo aquí. Cuando regresé, más de 187 cartas habían llegado desde Europa y lograron que el Congreso colombiano revisara, debatiera y finalmente aprobara la Ley 2364 en julio de 2024", comenta la directora de FNEB.
En un contexto de creciente riesgo para quienes defienden derechos humanos en Colombia, el desafío ya no es su aprobación, sino que sus medidas se traduzcan en protección efectiva para las mujeres que siguen buscando. "Ahora estamos haciendo lo mismo: tenemos esta ley pionera, no podemos permitir que se quede en el papel", concluye.
Fuente: Deutsche Welle
