El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado la actual ofensiva contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Citó la prohibición de la Carta de las Naciones Unidas de utilizar la fuerza contra otro país y dijo que los ataques eran “una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.
“Creo que la mayoría de los expertos en derecho internacional estarían de acuerdo en que no hay justificación legal para esto. Es una violación de la Carta de las Naciones Unidas”, comenta a DW Gissou Nia, abogada especializada en derechos humanos y directora del Proyecto de Litigios Estratégicos del Atlantic Council. “Estamos ante un ataque contra Irán que, obviamente, no es legal según el derecho internacional ni según las propias leyes de Estados Unidos sobre cómo se entra en guerra”.
Sin embargo, añade Nia, el sistema jurídico internacional tampoco ha logrado “reparar a los 92 millones de iraníes, muchos de los cuales han sufrido violaciones del derecho internacional y crímenes atroces cometidos contra ellos por el régimen iraní durante 47 años”.
No es la primera vez que se cuestiona la legalidad de las operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos. A diferencia de guerras anteriores, como la invasión de Irak en 2003, esta vez el Gobierno estadounidense no parece interesado siquiera en convencer al mundo de que está actuando de conformidad con el derecho internacional. “No necesito el derecho internacional”, declaró Trump en una entrevista con el New York Times el 7 de enero de 2026, y añadió: “No pretendo hacer daño a nadie”.
Las autoridades estadounidenses e israelíes han argumentado que estaban actuando contra las amenazas iraníes, en particular el peligro de que Irán fabricara y utilizara un arma nuclear. Por su parte, los expertos afirman que no está claro si esas amenazas eran lo suficientemente acuciantes como para cumplir las estrictas normas de la ONU en materia de legítima defensa.
Según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, un Estado solo puede recurrir a la fuerza en legítima defensa tras un ataque armado. Una interpretación más amplia del derecho internacional también permite el uso de la fuerza contra una “amenaza inminente”, aunque esta interpretación es muy controvertida.
Los funcionarios del Gobierno iraní han amenazado en repetidas ocasiones con “destruir” Israel. Sin embargo, los expertos señalan que la retórica hostil por sí sola no hace que el uso preventivo de la fuerza sea legal.
Durante la preparación militar para los ataques, altos funcionarios estadounidenses advirtieron sobre la capacidad nuclear de Irán, y el enviado Steve Witkoff afirmó el 21 de febrero que Irán estaba “probablemente a una semana” de producir material para fabricar bombas de grado industrial.
No obstante, esto se contradice con las declaraciones que el presidente estadounidense Donald Trump hizo tras el bombardeo de Irán en 2025. En aquel momento, afirmó que las instalaciones nucleares de Irán habían sido destruidas.
Según el derecho internacional, matar al jefe de Estado de un enemigo es muy controvertido: aunque los combatientes pueden ser blanco de ataques en tiempo de guerra, el homicidio intencionado de líderes políticos se considera ilegal, especialmente si la agresión en sí no estaba justificada por la Carta de las Naciones Unidas. Esto convierte la muerte de Jamenei en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en una de las acciones más delicadas desde el punto de vista legal del conflicto hasta la fecha.
Gissou Nia afirma que, “al mismo tiempo, la ofensiva provocó la muerte del antiguo líder supremo de Irán, responsable de cientos de miles de muertes de iraníes a lo largo de los años. Y, en particular, de una masacre el 8 y 9 de enero de 2026, que es una de las peores masacres en un solo día de la historia mundial, en la historia contemporánea. Así que, en ese sentido, muchos iraníes están agradecidos. Algunos de ellos también están comunicando que les hubiera gustado ver al líder supremo en un tribunal. Les hubiera gustado verlo responder por sus crímenes. Así que es muy complicado”.
Estados Unidos también prohíbe la participación de ciudadanos estadounidenses en asesinatos. Esta prohibición se estableció en una orden ejecutiva firmada por primera vez por el presidente Gerald Ford en 1976 y posteriormente modificada por otros presidentes. En ella se establece que “ninguna persona empleada por el Gobierno de los Estados Unidos o que actúe en su nombre participará o conspirará para participar en un asesinato”.
Sin embargo, en las últimas décadas, Estados Unidos ha ido erosionando gradualmente esta prohibición. “La línea era muy fina desde el principio”, afirma Luca Trenta, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Swansea, en el Reino Unido. “Estados Unidos había adoptado una política según la cual las acciones emprendidas en defensa propia no violaban la prohibición”.
Trenta explica a DW que el asesinato de un líder extranjero mediante ataques contra infraestructuras o complejos de mando y control ya no se considera un asesinato, y mencionó la ofensiva aérea estadounidense que no logró matar al líder libio Muamar el Gadafi en 1986. “Creo que la diferencia en este caso es que el Gobierno estadounidense y Trump, a través de las redes sociales, se están atribuyendo todo el mérito de esta ejecución”.
Los expertos advierten de que el conflicto podría suponer un punto de inflexión. A medida que los Estados poderosos recurren cada vez más a los ataques unilaterales y a amplias alegaciones de legítima defensa, las normas destinadas a prevenir la guerra podrían estar erosionándose.
El politólogo Luca Trenta comenta a DW: “Creo que estamos asistiendo al surgimiento de una forma despiadada de intervenciones extranjeras sin ninguna preocupación particular por las restricciones legales nacionales o internacionales”.
Y agrega que, hasta ahora, la Administración Trump, cuando ha llevado a cabo ataques u operaciones militares, no ha mostrado un interés especial en justificar su conducta mediante las normas del derecho internacional. Esto se pudo ver en el caso de Nicolás Maduro, que fue detenido en Venezuela, dice. “La justificación que se dio ignoraba casi por completo el derecho internacional y se basaba únicamente en la legislación nacional de Estados Unidos”.
Para Trenta, es especialmente preocupante que el mundo sea testigo de una escalada de asesinatos en la política internacional. Otros países también podrían tomar nota y este tipo de acciones podría aumentar.
Fuente: Deutsche Welle
